La miniserie de Netflix «Adolescencia», que aborda las influencias tóxicas y misóginas a las que están expuestos los jóvenes en internet, se difundirá de forma gratuita en los centros de enseñanza secundaria de Reino Unido, anunció el lunes el gobierno británico.

«Se trata de una iniciativa importante para animar al mayor número posible de estudiantes a ver el programa», dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, quien vio la miniserie junto a sus hijos adolescentes.

El anuncio se produjo después de que Starmer se reuniera con los creadores del programa, junto con organizaciones benéficas y juveniles, en su residencia de Downing Street, para hablar los problemas que expone el programa.

El programa, que se emite desde el 13 de marzo, es el número 1 a nivel mundial en Netflix, y hasta el 25 de marzo había sido visto por más de 66,3 millones de personas, según la plataforma.

En Reino Unido, se ha convertido en un fenómeno de masas y los periódicos han publicado numerosos artículos sobre los temas planteados por la miniserie.

«Adolescencia» cuenta la historia de un niño de 13 años, Jamie, que es arrestado y acusado de asesinar a puñaladas a una colegiala.

«Creamos este programa para generar un debate. Poder transmitirlo en las escuelas supera nuestras expectativas», dijo Jack Thorne, coguionista de «Adolescencia».

En cuatro episodios, la serie disecciona los motivos que pudieron empujar al joven a ese acto, evocando la influencia de los discursos misóginos y machistas y la imposibilidad de controlar el uso de las redes sociales entre los adolescentes.

«Hablar abiertamente sobre los cambios en su forma de comunicarse, del contenido que ven y conocer las conversaciones que mantienen entre ellos es esencial para ayudarlos adecuadamente a enfrentar influencias nocivas», señaló Starmer.

Maria Neophytou, de la organización benéfica de protección infantil NSPCC, dijo que las empresas tienen la «responsabilidad garantizar que sus plataformas y sitios estén diseñados para ser seguros para los usuarios jóvenes».

En Reino Unido, en 2023 se aprobó una Ley de Seguridad Digital, que ha comenzado a entrar en vigor, con el fin de reforzar las obligaciones de las plataformas, en particular la de eliminar contenidos ilegales.

AFP

El museo de Selena Quintanilla-Pérez en Corpus Christi, una ciudad de mayoría hispana en el sur de Texas, frente al Golfo de México, contiene casi todo el universo de la Reina de la Música Tex-Mex: centenares de retratos de la cantante, su Porsche rojo, la colección de huevos de Fabergé, los premios y discos de oro y platino, una veintena de los trajes que ella misma diseñaba y la riada de fans que van pasando por grupos cada pocos minutos. De la mujer que la mató por la espalda, Yolanda Saldívar, no hay rastro. Y una sutil elipsis da cuenta ?en las cartas de pésame de, entre otros, el presidente Bill Clinton y George Bush hijo, entonces gobernador de Texas? de la muerte el 31 de marzo de 1995 de una artista de 23 años que ya había hecho historia en la industria del pop latino y en la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos.

Por El País

“No hace falta recordar aquello que pasó; todo el mundo lo sabe, y aún duele para muchas de nosotras”, dijeron el 20 de marzo en el aparcamiento del museo dos amigas, “fans de la cantante”, llegadas desde muy lejos, Montana y Míchigan.

Este lunes se cumplen 30 años de “aquello que pasó”, y por más que la familia de Selena y algunas de sus seguidoras prefieran olvidarlo, la marea de la memoria se empeña en devolver esos recuerdos. El aniversario no es especialmente redondo, pero coincide con la primera ocasión en la que podía aspirar a la libertad condicional Saldívar, una mujer menuda de 64 años que fue presidenta del club de fans y llevó los negocios de moda de la cantante. La Junta de Indultos de Texas le denegó el jueves pasado su clemencia al entender que “la agresora representa una amenaza continua para la seguridad pública”. La junta dictaminó que debe permanecer entre rejas al menos hasta 2030, cuando podrá pedir de nuevo la revisión del caso.

Un juez de Houston la condenó en 1995 a cadena perpetua, después de un juicio del siglo de tres semanas que marcó ?junto al de O. J. Simpson, celebrado poco antes? el inicio de una edad dorada en la espectacularización de la justicia en Estados Unidos. Al jurado popular le bastaran poco más de dos horas para hallarla culpable de asesinato en primer grado por disparar a Selena en una habitación de un motel de Corpus Christi.

Un portavoz dijo la semana pasada a EL PAÍS que “ni la familia, ni los herederos” tenían previsto “dar entrevistas o hacer comentarios” en este momento. Tampoco dieron permiso para reproducir parte de una conversación casual con el patriarca, Abraham Quintanilla, mientras este firmaba en el museo un ejemplar de sus memorias, El sueño de un padre. Quintanilla, de 86 años, es el hombre que impulsó la carrera de su hija y que ha mantenido un férreo control sobre su posteridad desde este edificio achatado que la familia convirtió en un lugar para el recuerdo cuando vieron que miles de personas peregrinaban a las oficinas de la empresa, Q Productions, para llorar la muerte de la diva. El sitio cuenta con una nutrida y ajetreada tienda de regalos y con un estudio en el que han seguido grabando a artistas de música tejana y pop.

Después de conocer el jueves el dictamen sobre Saldívar, Suzette, hermana de Selena y baterista de Los Dinos, la banda que la acompañaba, publicó en Instagram un mensaje, firmado por la familia y por Chris Pérez, viudo de la cantante y guitarrista de Los Dinos, que decía: “Esta decisión reafirma que la justicia sigue defendiendo la hermosa vida que nos fue arrebatada a nosotros y a millones de fans en todo el mundo demasiado pronto”.

Todo indica que la junta de la libertad condicional sigue sin creer la versión de Saldívar, que lleva 30 años sosteniendo que todo fue un “accidente”. Tampoco, la de la persona de su entorno que, en un artículo reciente del tabloide The New York Post, dijo anónimamente que la “agresividad” de la víctima provocó que la asesina apretara el gatillo.

“La tesis del accidente, que es a la que se agarró durante el juicio, nunca se sostuvo”, explica en una conversación telefónica Mark Skurka, que trabajó como fiscal en el caso cuando era un joven abogado de Corpus Christi, ciudad de clase obrera que Selena nunca abandonó, tampoco en lo más alto de su fama. “Teníamos una confesión, que fue admitida como prueba, en la que nunca pronunció la palabra ‘accidente’. Convencimos al jurado de que [Saldívar] estaba enfadada con Selena y que le aterrorizaba que la apartara de su lado, así como la idea de tener que volver a su vida insignificante de antes de conocerla. En cuanto a la defensa propia: ¿qué decir? Es muy difícil de creer que te estás defendiendo de alguien que recibe un balazo por la espalda. Además, la víctima no iba armada, y cuando disparas a alguien accidentalmente haces algo por ayudarla, máxime, teniendo en cuenta que Saldívar era una enfermera titulada”.

No fue el caso. Tras recibir el disparo, Selena se arrastró hasta la recepción, donde se desplomó. Los empleados del motel llamaron a urgencias, pero los médicos no pudieron salvarla.

El príncipe Enrique fue acusado este domingo de «intimidación y acoso» por la presidente de una organización no gubernamental que trabaja en África y que él cofundó, pero de la cual tomó distancia tras un conflicto interno.

El hijo menor del rey Carlos III era hasta ahora mecenas de la ONG Sentebale, uno de los pocos compromisos que conservó tras su explosiva ruptura con la monarquía británica en 2020 y la pérdida de su patrocinio real.

El príncipe Enrique anunció sin embargo el martes que abandonaba «devastado» la organización benéfica, después de un conflicto entre los administradores y la presidenta del consejo de administración, Sophie Chandauka, nombrada en 2023.

Chandauka fue también acusada de mala gestión por miembros del consejo de administración, que pidieron su renuncia. El caso se ha remitido a los tribunales.

En una entrevista concedida el domingo a Sky News, Chandauka arremetió directamente contra el príncipe, acusándole de haber hecho todo lo posible para obligarla a abandonar su puesto en la organización.

«Lo que el príncipe Enrique quería hacer era expulsarme, y eso duró meses. Se prolongó durante meses, en forma de intimidación y acoso», afirmó. También aseguró que «tenía pruebas de ello».

El canal intentó ponerse en contacto con el príncipe, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, pero sin éxito.

Según una fuente anónima cercana a los administradores citada por BBC, éstos «esperaban» lo que describieron como una «maniobra publicitaria» urdida por Chandauka.

¿Cultura del silencio?

Chandauka denunció el domingo una cultura del «silencio» en la organización, con miembros de la junta reacios a pronunciarse en contra del duque de Sussex o simplemente a hablar de temas controvertidos.

También se refirió a la pérdida de muchos donantes, que achacó, con documentos justificativos, a la salida del príncipe Enrique de Reino Unido en 2020.

Chandauka habló asimismo de la decisión del príncipe de llevar un equipo de rodaje de la plataforma Netflix -con la que tiene un contrato muy lucrativo- a la recaudación de fondos del año pasado, que se celebró durante un partido de polo.

Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraban una escena bastante extraña entre la presidenta de la organización y la duquesa de Sussex, Meghan, ambos queriendo sostener el trofeo en el escenario.

Tras el episodio, Enrique «me pidió hacer como una declaración para apoyar a la duquesa», dijo Chandauka.

El exdirector del consejo de administración, Kelello Lerotholi, declaró sin embargo a Sky News que nunca había sido testigo de ninguna petición de este tipo por parte del príncipe Enrique.

«Puedo decir sinceramente que en las reuniones a las que he asistido nunca ha habido el menor indicio de ello», afirmó.

Lynda Chalker, que fue miembro del consejo de administración de la organización benéfica africana durante casi 20 años, declaró al periódico The Times que el estilo de Chandauka era «casi dictatorial».

Enrique cofundó Sentebale cuando tenía 21 años, para continuar la labor de su difunta madre, la princesa Diana, profundamente comprometida en la lucha contra el sida.

Sentebale trabaja en particular con niños y jóvenes que se quedaron huérfanos por la epidemia de sida en Lesoto, un pequeño país pobre enclavado en Sudáfrica, y en Botsuana.

AFP

Un soldado murió y otro militar resultó herido este domingo en el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, en un ataque con explosivos a las tropas que realizaban labores de registro y control, informó el Ejército.

El Comando de la Trigésima Brigada detalló -en un comunicado- que los militares estaban en el puesto de control de la carretera entre Cúcuta, la capital departamental, y Puerto Santander, «cuando fueron atacados con el lanzamiento de un artefacto explosivo».

«En la acción criminal fue asesinado el soldado Jhon Pernett Barrios y resultó herido un suboficial, quien fue atendido por los enfermeros de combate y se encuentra fuera de peligro», añadió la información castrense.

El Ejército aseguró que con estos «actos terroristas, los grupos armados ilegales violan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos».

A comienzos de este mes, dos policías resultaron heridos en Cúcuta en un ataque atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La semana pasada, Human Rights Watch (HRW) denunció que los grupos armados irregulares que operan en el Catatumbo cometieron «graves abusos» contra los habitantes de esa región de Norte de Santander en medio de la disputa entre las guerrillas ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

«El ELN y el Frente 33 han matado, secuestrado y desaparecido a civiles. Los enfrentamientos entre las partes y los abusos cometidos han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno de los desplazamientos masivos más grandes de Colombia en décadas», señaló HRW en el informe ‘El Catatumbo: Abusos de grupos armados y desprotección estatal’.

El informe recordó que el Catatumbo «es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas» y añadió que «durante años, el ELN se ha beneficiado de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas» en esa región, donde desde 2018 tiene también una creciente presencia el Frente 33 de las disidencias en mención.

Según las autoridades de Norte de Santander, los enfrentamientos ocurridos entre el 16 de enero y el 8 de marzo dejaron 78 personas asesinadas, entre ellas cuatro niños.

EFE

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo el lunes que su Gobierno siempre defenderá los intereses de la petrolera española Repsol, después de que fuentes cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeran que su administración revocaría las licencias otorgadas a las empresas petroleras que operan en Venezuela.

«Yo mismo he estado en contacto con su CEO, estamos analizando esta decisión, intercambiando al respecto», dijo Albares en una entrevista al canal de televisión Telecinco.

«No hay que precipitarse en estos momentos hasta conocer los detalles, qué supone y cómo puede afectar, y el margen de diálogo que todavía cabe, porque es el método que todos queremos emplear para resolver cualquier diferencia o aclarar cualquier duda que pueda tener la administración norteamericana», afirmó.

La petrolera francesa Maurel et Prom y la italiana Eni han dicho que durante el fin de semana se les notificó por parte del Gobierno de Estados Unidos que se les había revocado sus respectivas licencias para operar en Venezuela.

En los últimos años, la administración del expresidente Joe Biden había otorgado autorizaciones a empresas individuales para asegurar la presencia de petróleo venezolano en refinerías de países como España o India como excepciones al régimen de sanciones de Estados Unidos al país sudamericano.

La semana pasada, el Gobierno de Trump notificó a las empresas que revocaría estas autorizaciones, dijeron a Reuters fuentes cercanas a la decisión.

Entre las empresas que recibieron licencias y cartas de respaldo de Washington también se encuentra la india Reliance Industries y la estadounidense Global Oil Terminals.