Panamá enfrenta una crisis migratoria sin precedentes en la jungla del Darién, la frontera inhóspita con Colombia, donde este año han pasado más de 320.000 migrantes irregulares en su camino hacia Norteamérica. Esta cifra récord revela la magnitud de la crisis humanitaria y de seguridad que se vive en la región.
Según el Ministerio de Seguridad Pública, desde enero hasta agosto de este año, han pasado por la Selva de Darién un total de 320.098 migrantes irregulares. Entre ellos, se encuentran 190.889 venezolanos, 42.414 ecuatorianos y 35.495 haitianos. Estos números superan con creces los datos de años anteriores, con 248.284 migrantes en 2022 y 133.726 en 2021.
El flujo migratorio ha aumentado significativamente en el mes de agosto, con la llegada de más de 68.000 personas en tan solo 28 días. Esta cifra mensual no tiene precedentes desde la crisis migratoria de 2015-2016, cuando miles de cubanos intentaron llegar a Estados Unidos a través de esta ruta.
Las autoridades panameñas están evaluando medidas para hacer frente a esta avalancha migratoria. El Servicio Nacional de Migración propondrá al gobierno una serie de acciones para abordar la situación. Panamá ha invertido cerca de 70 millones de dólares en estaciones de recepción de migrantes, donde se toman sus datos biométricos y se les proporciona asistencia médica y alimentaria.
Sin embargo, el camino a través del Darién es peligroso y está plagado de riesgos. Los migrantes, incluyendo familias enteras con niños, deben recorrer 266 kilómetros enfrentando la naturaleza salvaje y la presencia de grupos criminales. Muchos han perdido la vida por accidentes, ataques de animales o manos criminales. Las mujeres y los menores son especialmente vulnerables, sufriendo violaciones y siendo abandonados en el camino.
Ante esta situación, se están considerando medidas como el endurecimiento de las multas para aquellos que ingresen ilegalmente al país y la posibilidad de realizar vuelos chárter para repatriar a los migrantes irregulares a sus países de origen. Sin embargo, esto último requiere la autorización de los países de origen y es un tema diplomático que debe ser abordado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La deportación es un proceso complicado y costoso. Según la directora del Servicio Nacional de Migración, solo se pueden deportar dos personas a la vez en aviones comerciales, lo que dificulta repatriar a las decenas de miles de migrantes que ingresan mensualmente.
Panamá insta a todas las naciones, especialmente a Colombia, a involucrarse en la solución de esta crisis migratoria. Se necesita una respuesta conjunta y coordinada para abordar este problema, que no solo es humanitario, sino también de seguridad para el Estado.