¿Por qué la contracción económica y la inflación también tienen un costo electoral para la oposición?

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El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que la economía de Venezuela experimentó una contracción del 7,6% en el primer trimestre de 2023 y del 6,3% en el segundo trimestre. Esta situación, acompañada de bajos salarios, disminución de las ventas y caída de la producción, indica un escenario de contracción económica. Además, las persistentes presiones inflacionarias agravan aún más la situación. Si la actividad económica continúa contrayéndose en el tercer trimestre, será difícil recuperarse antes de que termine el año. Venezuela se encuentra al borde de otra etapa de contracción económica con alta inflación.

La inflación también sigue siendo un problema persistente. En julio, la inflación alcanzó el 7,2%. Desde enero hasta julio de 2023, la inflación acumulada es del 115% y, a este ritmo, se espera que supere el 200% al cierre del año. De hecho, la inflación anualizada entre julio de 2022 y julio de 2023 es del 439%.

El presupuesto de gastos aprobado en diciembre de 2022 fue de Bs 170.703.832.051, que al tipo de cambio vigente en ese momento (11,80 Bs/$) equivalía a 14.392 millones de dólares. Sin embargo, entre enero y julio de 2023, el bolívar se ha depreciado un 70%. A partir de la fecha de este análisis (10/08/23), la tasa de cambio oficial publicada por el BCV es de 31,23 Bs/$. Esto reduce el presupuesto nacional en divisas a solo 5.466 millones de dólares.

Esto significa que en el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. Si el déficit sigue financiándose con créditos adicionales respaldados por emisión de dinero sin respaldo, las presiones inflacionarias que afectan a las familias, empresas e instituciones venezolanas se mantendrán en el segundo semestre.

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno ha optado por minimizar el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. Esto afecta principalmente a los empleados públicos, cuyo poder adquisitivo está seriamente afectado. Como resultado, el consumo privado se ve limitado, lo que a su vez afecta negativamente la actividad económica al no encontrar mercado. Los bajos salarios también contribuyen a la caída de la actividad productiva y comercial.

En 2023, el salario mínimo no ha aumentado, sino que se ha decretado un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica de 30 $/mes. A estos ingresos se suma un salario mínimo de menos de 5 $/mes. En total, estos ingresos de 75 $/mes apenas cubren el 14% de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF), que según estudios del Cendas-FVM, supera los 500 dólares/mes.

La reducción del gasto público también se refleja en la falta de mantenimiento y la falta de inversión en servicios públicos como electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones, así como en los sistemas públicos de educación y salud. Todo esto contribuye al deterioro de las condiciones de vida en los hogares venezolanos.

La economía venezolana se enfrenta a una serie de desafíos que requieren una respuesta integral. Para estabilizar la economía, es necesario corregir el déficit fiscal, evitar la financiación con emisión de dinero inflacionario, establecer un tipo de cambio acorde con la verdadera productividad de la economía nacional y mejorar la infraestructura de servicios para impulsar la competitividad.

Además, es fundamental reactivar el crédito para la producción y el consumo, ajustar los costos de producción de acuerdo con la variabilidad de la tasa de cambio y la inflación, y aliviar las presiones fiscales derivadas del IGTF y de las gobernaciones y alcaldías.

Estos desafíos son los que más preocupan a las familias, empresas e instituciones venezolanas, y deberían ser la prioridad de los candidatos electorales. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado un programa viable y creíble de reformas económicas que aborde la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las condiciones de vida precarias de los hogares. Esto dificulta que los candidatos capitalicen el descontento generalizado de la población.

En lugar de abordar estos problemas económicos urgentes, el discurso político se centra más en exigir mejores condiciones electorales y la rehabilitación de los precandidatos. Esta desconexión con las necesidades de la población puede generar apatía electoral y desmotivar a los votantes.

Por otro lado, el gobierno está implementando una estrategia para conjurar el riesgo político que representa la inestabilidad económica. Con una gestión de gobierno con un 75% de rechazo en diferentes encuestas, teme perder las elecciones presidenciales de 2024 si no logra implementar un programa efectivo de reactivación económica y control de la inflación. Por eso, apuesta por deteriorar las condiciones electorales, sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones y aumentar la apatía electoral para lograr una alta abstención que beneficie a su minoría electoral.

Esto se evidencia en la forzada renuncia del CNE para designar rectores afines al gobierno, así como en la inhabilitación de precandidatos que podrían denunciar el fraude electoral. Estas maniobras buscan afectar las elecciones primarias y evitar que la oposición demuestre su fuerza y capacidad de organización y movilización del electorado. Si las primarias no tienen éxito, esto podría generar desmoralización y aumentar la desesperanza y la apatía electoral.

En lugar de caer en estas maniobras, la dirigencia política debe ayudar a los electores a tomar conciencia del poder de cambio que tienen a través del voto. Esto implica presentar un candidato único y unitario con un programa de gobierno atractivo que motive a los votantes a participar masivamente en las elecciones para lograr un cambio político a través de medios pacíficos y democráticos.