Regularon la movilidad de los taxistas colombianos en el municipio Ureña

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Las autoridades del municipio Pedro María Ureña, ubicado en el estado Táchira, han emitido un decreto que busca regular la movilidad de los taxistas colombianos que operan en la zona. Esta medida tiene como objetivo garantizar una igualdad en el tránsito de los conductores de ambos países a través de los puentes internacionales.

Según Javier Velasco, representante del gremio de taxistas de la frontera en el lado venezolano, siempre han mantenido un respeto hacia las autoridades de Colombia y han cumplido con todos los requisitos y documentos exigidos. Sin embargo, en julio se publicó un decreto en Cúcuta que limita su derecho a trabajar en igualdad de condiciones con sus colegas colombianos.

Velasco señala que este decreto les prohíbe realizar servicios puerta a puerta y solo les permite operar en ocho rutas específicas. Además, si se salen de estas rutas, sus vehículos son inmovilizados. Esta restricción limita su acceso a los barrios, a pesar de que su servicio se basa en el transporte puerta a puerta. En resumen, se les está diciendo que no pueden ingresar a determinadas áreas.

Actualmente, solo 41 taxis de las 16 líneas que operan en Ureña están habilitados con los documentos necesarios para desplazarse por Norte de Santander, Colombia. Sin embargo, se les prohíbe ingresar por los puentes de Ureña y el Simón Bolívar, y solo se les permite circular por el Atanasio Girardot hasta llegar a Villa del Rosario, pero no se les permite circular por ese municipio.

Los taxistas tachirenses están solicitando al Área Metropolitana de Cúcuta que derogue el decreto para lograr igualdad en el trabajo y evitar la violación de los derechos laborales tanto de los taxistas venezolanos como de los colombianos.

Por su parte, los conductores colombianos también han protestado, argumentando que en Venezuela se cometen injusticias en su contra. Según ellos, el convenio entre los dos gobiernos les autoriza a transportar pasajeros desde territorio venezolano hacia el colombiano, pero las autoridades venezolanas lo impiden. Exigen el respeto a sus derechos y reclaman igualdad en el trato.