Sobre el referéndum del 3 de diciembre de 2023

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La aplastante victoria de María Corina Machado el pasado 22 de octubre, que la convierte en la líder y candidata de la oposición, ha generado una preocupación peligrosa en el régimen. Primero, con sus constantes ataques y persecuciones a los líderes políticos de la oposición y a los miembros de la Comisión de Primarias, así como a todos aquellos que de alguna manera participaron en la organización de esta jornada histórica. Y ahora, con la convocatoria de un absurdo referéndum consultivo «en defensa de la Guayana Esequiba», según lo acordado por el Consejo Nacional Electoral en días recientes. Esta iniciativa refleja la absoluta falta de seriedad de un régimen irresponsable que, en su afán de mantenerse en el poder y distraer la atención de la adversa realidad política, pone en peligro los intereses de la República.

En esta convocatoria se plantean asuntos muy delicados que, lejos de favorecer y fortalecer la posición de Venezuela en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se está examinando la demanda de Guyana presentada el 29 de marzo de 2018, la afecta de manera grave y peligrosa.

El régimen ignora deliberadamente que la integridad territorial de la República está definida en el artículo 10 de la Constitución de 1999, que reafirma lo establecido en todas las Constituciones de Venezuela desde 1830. «El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad». La defensa de ese territorio corresponde evidentemente al Estado y a los gobiernos, sin que sea necesaria una consulta popular que autorice o mande hacerlo.

Sin entrar en más detalles, me referiré únicamente a las preguntas 3 y 5, que considero una aberración sin precedentes. En relación con la primera, debemos decir que no tiene sentido preguntar a los venezolanos si aceptan o no la jurisdicción de la Corte, dado que la propia Corte se ha declarado competente y ha admitido la demanda de Guyana de 2018. Estas decisiones son vinculantes según lo establecido en su Estatuto, del cual forman parte todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Además, se ignora deliberadamente que Venezuela participó en el proceso en su fase preliminar (admisibilidad), lo que, según el derecho internacional y la jurisprudencia de la propia Corte, implica la aceptación de su competencia (forum prorogatum). Es inconcebible e inoportuno consultar ahora a los venezolanos sobre la aceptación o el rechazo de la competencia de la Corte, cuando este asunto ya ha sido superado.

Si el referéndum es aprobado y el Estado decide cumplir con el mandato popular, tendría que plantear nuevamente la cuestión de la competencia de la Corte, lo cual sería totalmente contrario a todo lo establecido. Una decisión en ese sentido sería muy criticada, especialmente por la propia Corte, que se sentiría burlada por la decisión de un Estado que participa en un proceso ante ella.

La pregunta 5 es aún más delicada. La creación de un Estado de Guayana contradice totalmente el Derecho Internacional, especialmente cuando el territorio está en disputa, es decir, es objeto de una controversia que siempre ha sido manejada con cautela y respeto por los gobiernos democráticos, dentro del marco del Derecho Internacional y de las relaciones de buena vecindad.

La anexión de territorios por cualquier medio podría ser interpretada como una agresión o una amenaza, lo que afectaría la paz y la seguridad internacionales, con todas las implicaciones delicadas y peligrosas que esto conlleva y que en última instancia podrían comprometer al país.

El régimen no está tomando en serio el proceso ante la Corte ni está evaluando los riesgos que conlleva adoptar medidas desproporcionadas para resolver esta controversia. Hacer política interna comprometiendo los intereses de la República y de sus ciudadanos, así como la estabilidad de la subregión, es absolutamente irresponsable y condenable. Esperemos que el régimen reflexione y revoque esta consulta que no traerá nada bueno.