El proceso judicial de Álvarez es un ejemplo claro de cómo se manipula el sistema a conveniencia para mantener a un objetivo político en prisión, pues el caso afrontó 25 audiencias y ocho intervenciones antes de fijar una sentencia
Durante la madrugada de este viernes 15 de abril, el extrabajador y sindicalista de Ferrominera, Rodney Álvarez, fue excarcelado después de permanecer casi 11 años tras las rejas.
La información fue corroborada por la presidenta del Centro de Formación e Investigación Laboral (CEFI) y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis), Jacqueline Richter, quien publicó en su cuenta de Twitter dos fotos de Álvarez fuera de prisión.
Esta excarcelación se concreta por una solicitud del Ministerio Público (MP) entregada al tribunal de la causa, en la que se pidió libertad plena en favor de Álvarez, de acuerdo con lo relatado por el fiscal general impuesto por la ilegítima y extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab.
El fiscal argumentó, el pasado martes 13 de abril, que Álvarez ya había cumplido con un 83% del tiempo de la condena mínima por los crímenes de los cuales era acusado, por lo que, de haber admitido los cargos, ya habría cumplido con la pena.
Álvarez, sin embargo, no admitió los cargos por los cuales era imputado y liberó durante una década entera una injusta batalla contra el sistema judicial del país, ya que aún sin pruebas y violando el código procesal penal en reiteradas ocasiones, lo mantuvieron preso y sin juicio desde el 12 de junio de 2011.
La detención de Álvarez se produjo después de que fuese acusado de asesinar a un compañero de trabajo, Renny Rojas, mientras se efectuaba una asamblea de trabajadores en los portones de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, el 9 de junio de 2011.
Otros trabajadores presentes el día de los hechos e incluso pruebas audiovisuales señalan que el perpetrador habría sido un integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de la Federación Bolivariana de Trabajadores, Héctor Maicán.
Inicialmente, Maicán fue puesto bajo custodia, pero se le impuso una medida cautelar con régimen de presentación dos días después de los hechos. Luego apresaron a Álvarez y lo mantuvieron tras las rejas sin pruebas ni juicio.
No fue sino hasta el pasado 8 de junio de 2021, casi a 10 años de su captura, que el tribunal emitió una sentencia y condenó a Álvarez a 15 años de prisión, de los cuales, ya había cumplido 10.
El proceso judicial de Álvarez es un ejemplo claro de cómo se manipula el sistema a conveniencia para mantener a un objetivo político en prisión, pues el caso afrontó 25 audiencias y ocho intervenciones antes de fijar una sentencia.