TSJ inició el proceso de extraditar a Antonio Ledezma y otros tres opositores

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dado inicio al proceso de extradición de varios políticos opositores, incluyendo a Antonio Ledezma.

Entre los solicitados por el TSJ se encuentran Marianela Fernández Alvarado, quien fue juramentada como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional en 2015 y actualmente reside en Estados Unidos, Dinorah Jaxilda Figuera Tovar, presidenta de la AN, y Auristela del Valle Vásquez de Castillo, segunda vicepresidenta de la AN, quienes actualmente residen en España.

El expediente fue ingresado el 5 de septiembre en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y luego remitido al TSJ por delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional.

En el caso de Ledezma, se ha informado que el expediente fue recibido por la Sala Penal y la solicitud de extradición se envió a España. Actualmente, el opositor se encuentra prófugo en ese país.

Ledezma, exalcalde de Caracas, está acusado de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación, según informa El Universal. Estas acusaciones surgieron después de que él y María Corina Machado, candidata a las primarias, afirmaron haberse reunido con militares para organizar una rebelión.

Las declaraciones de Ledezma se produjeron durante una entrevista en el programa Factores de poder de Patricia Poleo, donde afirmó: «La única manera de poder llevar adelante la inscripción de la mujer que está siendo vetada por el régimen es poniendo en práctica la desobediencia civil. Y se está hablando con militares, eso es normal. Eso no es conspiración».

Por otro lado, Figuera, Alvarado y Vásquez están acusadas de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Se emitió una orden de aprehensión en su contra el 7 de febrero de este año.

Las próximas acciones a ejecutar están pendientes de la evaluación inicial de los magistrados de la Sala Penal. Estos deben analizar si la extradición cumple con los requisitos establecidos en los tratados entre el país y Estados Unidos y España. En caso de ser aprobada, se considerará procedente la extradición y se procederá a la entrega de los cuatro implicados al Estado correspondiente.