UN CUENTO CHYNO: imputaciones sin pruebas, opacidad y desinformación viral

@DolarToday / Nov 12, 2022 @ 7:00 pm

UN CUENTO CHYNO: imputaciones sin pruebas, opacidad y desinformación viral

Un allanamiento, varias publicaciones virales promovidas por «influencers» y la intervención del Ministerio Público han enredado la situación que gira en torno al cantante Jesús «Chyno» Miranda, luego de que se difundiera la noticia de que el artista se encontraba «en condiciones deplorables» y presuntamente había sido víctima de malos tratos en el centro de rehabilitación Doña Panchita. Posteriormente fueron imputados y detenidos cuatro trabajadores del centro, entre ellos dos médicos acusados de «falsos psiquiatras», a pesar de que hay documentación oficial que demuestra sus credenciales

TalCual

Un hilo que armó un rollo. El fiscal Tarek William Saab (designado por la extinta Asamblea Constituyente) formó parte de la madeja cuando publicó a través de un hilo en su cuenta de Twitter que debido a una demanda civil el cantante Jesús «Chyno» Miranda tuvo que ser trasladado desde el Centro de Rehabilitación Tía Panchita, ubicado en la urbanización Alta Florida hacia la Clínica El Cedral, porque presuntamente «se encontraba en el recinto bajo condiciones precarias y fue víctima de malos tratos».

Después del allanamiento, ocurrido el jueves 3 de noviembre, el representante del Ministerio Público informaba que había designado a las fiscalías 30 y 46 nacional, con base en una solicitud de traslado ordenada por el Tribunal 9no en lo civil del Área Metropolitana de Caracas.

Una semana después, el jueves 10 de noviembre, Saab volvió a notificar a través de su cuenta en Twitter que dos días antes habían «aprehendidos a los médicos Lionel Sotillo, Victorio Domínguez» junto a dos empleados que trabajaban como enfermeros auxiliares: José Chacón y Danies Moreno. El presunto delito señalado por el fiscal fue «ejercer ilegalmente la medicina» y en un siguiente tuit aparecen los cuatro en una fotografía que expone sus rostros y califica a los médicos como «falsos psiquiatras».

Apenas minutos más tarde, posterior a esta publicación, tres documentos oficiales respaldados por instituciones gremiales demostraban que los dos médicos que fueron detenidos y acusados de ejercicio ilegal sí cuentan con las credenciales y las exigencias legales requeridas para ejercer.

Primero fue el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas, institución que emitió un documento que contiene la cédula de identidad y el número de registro como médicos ante el Ministerio de Salud. Además son miembros titulares, en el caso del doctor Domínguez desde el año 2004 en el Colegio de Distrito Capital, y el doctor Sotillo en el Colegio del estado Guárico.

Luego, la Sociedad Venezolana de Psiquiatría emitió un comunicado firmado por su junta directiva en la cual ratifican y hacen del conocimiento público que ambos profesionales son psiquiatras egresados del posgrado cursado en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, en el 2001 en el caso del doctor Lionel Sotillo, y en 2003 en el caso del doctor Victorio Domínguez.

Adicional a esta documentación oficial emitida públicamente por las instituciones gremiales de la medicina en la cual hay datos, fechas y credenciales verificables, el equipo de TalCual también tuvo acceso a un documento en el cual se demuestra como constancia la culminación del período académico entre 1999 y 2001, en el cual el doctor Lionel Sotillo egresó del posgrado en psiquiatría, que coincide con la información especificada por la Sociedad Venezolana de Psiquiatría.

Sin embargo, cuatro días después de que ocurriera la detención, los médicos que fueron señalados y expuestos en medio de una seguidilla de publicaciones en redes sociales, aún no han sido liberados y se desconoce si hay otros cargos por los cuales se les imputa, ya que hasta el momento la información oficial presentada por el fiscal Saab solo hace referencia al ejercicio ilegal de la medicina, que ciertamente está normado según el artículo 22 del Código de Deontología Médica como intrusismo que se define como «como la incursión o interferencia en el desarrollo del ejercicio profesional médico legalmente consagrado y también se estipula en el artículo 114 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, como la realización de actividades propias de la medicina por personas sin la formación médica y certificaciones correspondientes, una acusación sin fundamento legal que con un poco de investigación pudo haber sido corroborada con documentación suficiente a disposición del público, y en especial, por el fiscal Tarek William Saab.

 

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