Caracas, 3 de octubre (EFE).- En Venezuela, la situación de los presos políticos sigue siendo preocupante, con un aumento en los casos de acusaciones y condenas por terrorismo. Según el Foro Penal, de los 281 opositores encarcelados en el país, la mitad está acusada o ya ha sido condenada por este delito. Desde hace tres años, estos civiles y militares se han convertido en una figura incómoda para el Gobierno y han terminado tras las rejas.
Recientemente, se informó de la detención de un estudiante por pegar volantes en espacios públicos, quien fue acusado de conspiración por la Fiscalía. Posteriormente, seis personas fueron condenadas a 30 años de prisión por delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Estos procesos no han sido informados por la Fiscalía ni los tribunales, pero han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos a través de las redes sociales y confirmados por familiares y abogados defensores.
Según Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, estos casos demuestran una clara intención política de criminalizar a ciertas personas, responsabilizando al Gobierno de Nicolás Maduro. Según esta narrativa, no existe una oposición legítima y pacífica en el país, sino grupos criminales que se asocian para cometer actos de conspiración, traición o rebelión, interpretados como terrorismo por el poder. Himiob destaca que se les imputan cargos muy graves para evitar que sean juzgados en libertad, alegando un supuesto riesgo de fuga.
En muchos de estos juicios, las personas acusadas son condenadas a la pena máxima de 30 años de prisión sin que se presente una sola prueba que las incrimine. Según el abogado, esta estrategia busca consolidar la narrativa de que existen movimientos subversivos, violentos y armados que atentan contra el poder en Venezuela. Este aumento en las acusaciones de los últimos tres años está relacionado con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por los presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
El Foro Penal y otras organizaciones de defensa de los presos políticos señalan la existencia de un engranaje entre los cuerpos de seguridad, la Fiscalía y los tribunales para aumentar el número de «terroristas» en las cárceles. Según ellos, existe una maquinaria represiva que funciona de manera coordinada y eficiente. Además, denuncian que las irregularidades en los procedimientos policiales y judiciales suelen quedar impunes.
El Foro Penal insiste en que existe una ecuación judicial en contra de cualquier persona que se convierta en un obstáculo para los intereses del Gobierno. Además de los 281 venezolanos que están encarcelados, más de 9.400 personas continúan con procesos penales abiertos por motivos políticos, lo que los obliga a salir del país o presentarse ante los tribunales periódicamente. La situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo preocupante y requiere atención por parte de la comunidad internacional.