Venezuela: señalan condena de activistas como intimidación, creciente represión antes de elecciones

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Activistas y defensores de DDHH en Venezuela señalaron las recientes condenas de seis activistas como un intento de intimidar a otros cuando la oposición se prepara para las elecciones de 2024.

Abogados, familiares y defensores dijeron que los hechos apuntan a un creciente patrón de represión.

Antes de ser detenidos y sentenciados a 16 años de prisión por cargos de conspiración, seis activistas venezolanos marcharon pacíficamente para pedir mejores salarios para los docentes, entre otros trabajadores, según sus familiares y abogados.

Algunos habían participado en protestas no violentas durante años, a pesar de los esfuerzos de larga data y las condenas internacionales al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por aplastar la disidencia en el país, que está bajo sanciones de Estados Unidos y lidiando con una crisis económica y social.

La condena de agosto de los seis hombres, que niegan la acusación de los fiscales de que planeaban asaltar una instalación militar y atacar un evento al que tradicionalmente asistía Maduro, es una de varias medidas legales recientes vistas por opositores y grupos de derechos humanos como un intento de intimidar a potenciales activistas cuando la oposición se prepara para una contienda presidencial en 2024.

Doce fuentes -entre ellas abogados, familiares y grupos no gubernamentales, incluidos muchos que han participado en años de litigios en nombre de manifestantes y figuras de la oposición- dijeron que los acontecimientos de los últimos meses apuntan a un creciente patrón de represión.

«Lo que busca el gobierno es justamente acallar esa protesta: no salgas a la calle, si sales y si protestas y si te quejas (…) te detengo, te ultrajo, violo tus derechos humanos y luego te encarcelo y te condeno a 16 años de prisión», dijo Yorbelis Oropeza, una profesora escolar de química, de 49 años, y esposa de Alcides Bracho, uno de los seis condenados.
El Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, que supervisa el sistema judicial de Venezuela, no respondieron a solicitudes de comentarios sobre varios casos. La Fiscalía General y el Ministerio de Interior y Justicia tampoco respondieron a peticiones de comentarios.

Tras la condena, el fiscal general Tarek Saab negó que los seis hombres fueran sindicalistas y dijo que fueron juzgados «por realizar actos conspirativos en contra del Estado».
El gobierno de Maduro y el poder judicial de Venezuela han sido criticados durante mucho tiempo por grupos no gubernamentales y las Naciones Unidas por atacar o no proteger a quienes son percibidos como sus adversarios.
En un comunicado, dos expertos de la ONU dijeron que las largas penas de prisión impuestas a los seis activistas eran «un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela».
«La dura sentencia sirve como advertencia para otros que podrían participar en disidencias», escribieron dos relatores especiales, Fionnuala 
Si la comunidad internacional «no reacciona de forma multilateral y eficaz, la represión aumenta antes de las elecciones programadas para el próximo año», dijo Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch.

En Venezuela es difícil encontrar estadísticas confiables sobre tasas de detenciones, condenas y sentencias. Foro Penal, una ONG que ofrece servicios legales gratuitos, dice que 288 personas están encarceladas por razones políticas.
«Es una herramienta de control y es una herramienta además de difusión de esta política que mantiene a la gente sometida al miedo», dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente del grupo.

Maduro, que sucedió al fallecido mandatario Hugo Chávez en 2013, ha resistido la presión de las sanciones estadounidenses en parte gracias al apoyo de sus aliados en Rusia y China.

El presidente disfruta de nuevas relaciones con sus vecinos Colombia y Brasil y de las revisiones de algunas sanciones estadounidenses. Durante mucho tiempo ha acusado a la oposición de intentar sembrar el caos.
«Se está sembrando odio, división porque los sectores de extrema derecha quieren llevar al país otra vez a las guarimbas (protestas callejeras), otra vez a la división, al odio», dijo Maduro en la televisión estatal a mediados de agosto. «No se le puede permitir al fascismo, al golpismo que vuelva a llenar las calles de violencia», agregó.
Se espera que Maduro se presente a las elecciones, cuya fecha exacta aún no ha sido fijada por las autoridades.
Entre los defendidos por Foro Penal se encuentra Javier Tarazona, de 41 años, director de FundaRedes, que rastrea presuntos abusos cometidos por grupos armados colombianos y militares venezolanos a lo largo de la frontera entre ambos países. Tarazona fue detenido en julio de 2021.

Su caso y el de Roland Carreño, un periodista de 57 años, exdirector de operaciones del partido opositor Voluntad Popular que fue detenido en octubre de 2020, resaltan lo que sus defensores dicen que es una táctica dilatoria por parte de las autoridades.
Los dos hombres esperaban ser sentenciados por separado en las últimas semanas -en ambos casos por presunto terrorismo y conspiración, lo que niegan- sólo para que les dijeran que sus juicios estaban siendo trasladados inesperadamente a tribunales diferentes y que debían empezar de nuevo, según sus abogados.

Se espera que el juicio de Carreño comience nuevamente a finales de septiembre, dijo su abogado, Joel García. El de Tarazona aún no ha sido reprogramado, agregó Himiob. Se enfrentan a entre 25 y 30 penas de prisión, si son declarados culpables.
Las personas «que están procesadas y tienen más de 2 años privadas de libertad y que tienen ahora que volver a empezar un juicio pues se está violentando cualquier esperanza de poder ser absuelto o de que su situación sea corregida, su libertad sea devuelta en un futuro cercano», dijo Valentina Ballesta, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional.

Entre otros casos seguidos de cerca por los activistas se encuentra el del ex conductor y guardaespaldas Franks Cabaña, de 36 años, quien fue detenido en 2017 después de hacer una llamada telefónica a Oscar Pérez, un expolicía acusado de robar un helicóptero militar y disparar contra edificios estatales antes de ser abatido en 2018.
Los testigos no se han presentado repetidamente a las audiencias, incluida una a finales de agosto, dijo la abogada de Cabaña, Ana Leonor Acosta, de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
La madre de Cabaña, Xiomara Andara, dijo que el proceso legal parece interminable. «Siempre en el momento que hay audiencia, no tienen testigos», relató.

John Álvarez, estudiante de antropología de 24 años, fue acusado esta semana de conspirar con los seis activistas condenados, dijo el abogado García, y ha alegado malos tratos y tortura por parte de agentes estatales.

Los abogados de los seis hombres presentaron una apelación esta semana. «Pero obviamente yo no tengo fe en la justicia en Venezuela (…) ya la apelación tiene una sentencia y esa es que van a continuar detenidos», dijo Oropeza, la esposa del activista Bracho.