La ONG, Foro Penal, publicó el nuevo balance de la cifra de los presos políticos que mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por lapatilla.com

Según el nuevo informe de la ONG existen 382 presos de conciencia en Venezuela sometidos en los calabozos del régimen.

Entre los secuestrados por razones políticas, se encuentran 353 hombres, 29 mujeres, de los cuales 256 son civiles y 126 militares.

Además, destaca la presencia de 380 adultos y dos menores de edad privados de libertad.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 27/07/2020 por Foro Penal:

Total presos políticos: 382

Hombres: 353
Mujeres: 29

Civiles: 256
Militares: 126

Adultos: 380
Adolescentes: 2#Infografia #Balance #27Jl @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos pic.twitter.com/UbhUZUuXQW

— Foro Penal (@ForoPenal) July 28, 2020

El TPS es un programa renovable que proporciona alivio de la deportación y acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros de países designados

TalCual

Un grupo de senadores del Partido Democrático, liderados por Bob Menendez y Dick Durbin, realizaron una nueva solicitud al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que apoye a los migrantes venezolanos que han salido del país debido a la crisis política y socioeconómica otorgándoles Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

«Mientras el pueblo de Venezuela continúa sufriendo opresión política y privación económica a manos del régimen de Nicolás Maduro, ahora también se enfrentan a la alarmante propagación de la pandemia del covid-19 con un sistema de salud pública en ruinas», escribieron los senadores demócratas a Trump.

«Con ese fin, nuevamente instamos a su Administración a proporcionar de inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos elegibles que no pueden regresar de manera segura a su país», señala el escrito.

La carta de los senadores forma parte de una campaña de presión desde el año pasado para que el presidente Trump use sus autoridades ejecutivas para designar a Venezuela como elegible para el programa de TPS. Hace un año, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R.549, la Ley TPS de Venezuela de 2019, la cual busca otorgarles la misma protección temporal a los venezolanos ya que la Administración se las ha negado.

Esta Ley beneficiaría con protección a aproximadamente 200.000 ciudadanos venezolanos en Estados Unidos. Solo en 2018, más de 30.000 venezolanos solicitaron asilo político en los Estados Unidos, una cantidad de solicitantes mucho más alta que la de cualquier otra nacionalidad.

«Sin embargo, los miembros republicanos del Senado se han opuesto repetidamente a una acción significativa sobre este proyecto de ley. Además, su Administración tiene la autoridad que necesita para designar a Venezuela para recibir un TPS el día de hoy, dado que las condiciones en Venezuela claramente cumplen con los requisitos del estatuto de TPS, sin embargo, no lo ha hecho», agregaron los senadores.

Días después de que la administración Trump dijo que no consideraría designar a Venezuela con un Estatus de Protección Temporal en julio de 2019, los senadores Menéndez y Durbin solicitaron un voto de consentimiento unánime para aprobar el proyecto de ley H.R. 549. La moción fue bloqueada por los republicanos del Senado.

En septiembre de 2019, Menéndez detuvo una medida propuesta por el Senador Rick Scott, que proponía enmendar el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, donde se afectaba a los beneficiarios del programa TPS para el resto de los países a cambio de un alivio temporal para los venezolanos.

El TPS es un programa renovable que proporciona alivio de la deportación y acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros de países designados, que no pueden regresar a su país de origen de manera segura debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. La designación de TPS es un beneficio temporal y sus beneficiarios deben someterse a verificaciones de antecedentes para asegurarse de que no representen un riesgo para la seguridad pública o nacional.

El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez anunció que a partir de este miércoles los mirandinos deberán comprar productos y bienes esenciales según su número de cédula. Por ahora, la venta de medicamentos no entran bajo esta regulación.

Anaisa Rodríguez / ND

«A partir de mañana, miércoles 29 de julio, entra en vigencia el Decreto N° 2020-0100 que establece un cronograma para la compra de productos y bienes esenciales en todo el territorio, a excepción de la adquisición de medicamentos, según el terminal de cédula de cada ciudadano», informó Rodríguez en Twitter.

Destacó que la medida forma parte de un programa para evitar el incremento de casos de coronavirus en la entidad, «para cortar cadenas de transmisión del virus y proteger la salud de las familias».

La gaceta oficial indica que los días lunes podrán comprar los ciudadanos cuyas c.i terminen en 0 y 9; martes: 1 y 8; miércoles: 2 y 7; jueves 3 y 6; viernes: 4 y 5; sábado: 0,1,2,8 y 9 y los domingos, los que terminan en 3,4,5,6 y 7.

«La compra de medicamentos queda exceptuada de esta disposición».

La norma, recuerda que el incumplimiento de la medida acarreará multas y sanciones; a la vez que subraya que el uso de la mascarilla y el distanciamiento social son obligatorios.

Atención a nuestro pueblo mirandino. Considerando el incremento de casos de COVID-19 en el estado, hemos decidido establecer medidas adicionales para cortar las cadenas de trasmisión del virus y proteger la salud de las familias.

(HILO) #Miranda #28Jul

— Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) July 28, 2020

A través de su cuenta en Twitter, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la señal de DirecTV podría volver a los hogares venezolanos.

José Escalona | IMP

Señaló que “no existe una sola barrera” institucional o internacional para que los venezolanos puedan volver a disfrutar de su señal.

“El acceso a la información y la libertad de expresión son un derecho fundamental y un elemento central para luchar en contra de la dictadura. Por eso, desde que la dictadura expulsó a DirecTV de Venezuela hemos impulsado diversas alternativas para su regreso”, escribió en su red social

En otro twit puntualizó que “la señal de DirecTV podría volver a tu hogar. Podemos afirmar con certeza que no existe una sola barrera institucional o internacional para que los venezolanos puedan volver a disfrutar de su señal. Si hoy no tienes Directv es porque la dictadura privilegia a sus corruptos sancionados. Respaldamos la Libertad de Expresión y el derecho de los venezolanos a la información y entretenimiento, muy necesarios durante la pandemia”, señaló.

La única forma en la que una persona pueda acceder a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) -la única prueba aprobada por la Organización Mundial de la Salud para detectar el virus y la infección en tiempo real de la Covid-19 es dar positivo previamente a la prueba de diagnóstico rápido (PDR), que es una forma de diagnóstico complementario a la que es particularmente difícil de acceder en la mayoría de los casos.

Por Laura Clisánchez / correodelcaroni.com

En el municipio Caroní, del estado Bolívar, no son pocos los testimonios de personas que luego de presentar síntomas característicos de la Covid-19 y acudir a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) para practicarse la PDR, deben recorrer como mínimo tres centros para dar con la prueba y obtener el tratamiento más certero para su afección.

José recorrió tres centros de diagnóstico integral (CDI) para averiguar en cuál de ellos su amigo, que aguardaba en casa con fiebre, podría hacerse la prueba. Fue a Los Olivos, Core 8 y Uchire, pero en ninguno había. La idea era obtener un diagnóstico, y con ello acceder al tratamiento gratuito que el Gobierno dice que tiene disponible en todos los centros de salud.

Pero encontrar la prueba fue imposible. Así que optó por comprar a su amigo el tratamiento médico recomendado para los síntomas por Covid-19 o al menos los antibióticos. A los pocos días, el núcleo familiar de cuatro personas de su amigo se contagió también de lo que ellos sospechan que es la Covid-19, aunque asegura que se han recuperado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado el diagnóstico temprano para minimizar el contagio, y lograr aislar a los pacientes infectados con el virus en sus casas y evitar así su propagación, en especial en el caso de los asintomáticos, y así llevarle el pulso a la pandemia.

Sin embargo, la estrategia del Gobierno ha sido hospitalizar y aislar a pacientes, con o sin síntomas, tanto en hospitales como en centros habilitados para ello, lo que ha congestionado aún más los centros de salud. A su vez, pacientes con sintomatología han procurado tener el diagnóstico para anteponerse a la evolución del virus cuando se tienen otras patologías, pero esto no ha sido posible.

La desinformación, por ejemplo, es otro de los obstáculos. “No hay a quién acudir”, expresó alarmado José. “El 911 desconoce qué hacer en ese caso, también llamamos a un número que dan para la atención en el estado Bolívar, pero cuando el trabajador de la salud contestó, solo nos dijo que no sabía por qué su número estaba disponible para eso”.

Además fueron amenazados por sus vecinos, por las sospechas del contagio por Covid-19. Esta es una de las razones por las que los principales afectados por la enfermedad –o la sospecha de esta– y sus familiares y amigos prefieren mantenerse en anonimato en caso de decidir compartir su testimonio. La estigmatización de los vecinos y la profunda desconfianza hacia las autoridades públicas de seguridad y salud también es la razón por la que él prefiere no mencionar su apellido, ni la identidad del amigo a quien auxilió.

“Se presentó un problema con los vecinos que sospechaban que ellos estaban enfermos y los amenazaron con denunciarlos a la Policía o a Sanidad”, reportó.

Escasez de pruebas

La prueba de diagnóstico rápido (PDR) se basa en la detección de una respuesta inmunológica del cuerpo contra el virus, por eso se mide en la cantidad de anticuerpos (inmunoglobulina) que puede producir el organismo después de infectarse en este caso por el nuevo coronavirus (SARS Cov-2).

Esta prueba no es recomendada por la OMS para el diagnóstico de la Covid-19 porque no detecta la presencia activa del virus en el cuerpo de la persona, solo puede decir si la persona estuvo o no infectada en algún momento, no en tiempo real.

Sin embargo, es parte del protocolo utilizado en Venezuela para la atención de la Covid-19 y actualmente escasa en la región.

“Fue bastante difícil hacerme esa prueba, cuando hablé con un doctor del módulo (de Uchire) me dijo que las pruebas llegaron un viernes y ya para el sábado no había y no sabía cuándo volverían, que no podían ayudarme de ninguna forma”, dijo Andrés Gutiérrez, otra de las personas que se ha enfrentado al viacrucis que implica hacerse la PDR.

Andrés recorrió dos CDI y un módulo en Core 8. Finalmente logró hacerse la prueba en el CDI de Los Olivos, gracias a un conocido, o “una palanca” como él mismo dice, y cuando llegó al sitio vio de 15 a 20 personas a las afueras del recinto esperando hacerse la prueba.

“Puede haber personas que de verdad estén padeciendo la enfermedad y ellos estén haciendo caso omiso de la situación, no sé si es que la gente tiene que desmayarse al frente para que ellos lo puedan atender, no sé”, manifestó.

En rueda de prensa en el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar el sábado 18 de julio, la autoridad única en Salud y presidente del Instituto de Salud Pública, Franklin Franchi informó que no hay suficientes pruebas de diagnóstico rápido ni en esta entidad ni en el país. Aunque declaró que en los próximos días llegarían y que se estaría realizando un aproximado de 800 PDR por día en todo el estado Bolívar.

En entrevista con Correo del Caroní, Franchi explicó que el requisito para realizar la prueba PDR es que la persona presente síntomas, además aseguró que estas pruebas están disponibles en los principales CDI del municipio Caroní.

“Todo paciente con sintomatología o que tengan un proceso gripal (…) pacientes que lleguen con síntomas graves se atienden en el hospital, y a los familiares también hay que hacerles la prueba, por el contacto”, manifestó.

Franchi informó que, como resultado de una alianza entre la Gobernación y las empresas básicas, habrá reparación y dotación de insumos para todos los CDI de Bolívar, además de ampliar el cupo de hospitalización a 800 camas. “Vamos a dotarlos lo suficiente y ampliarles la capacidad para que puedan ser hospitalizados muchos más pacientes”.

Eso, porque incluso los CDI han superado su capacidad tanto para la realización de pruebas rápidas como para la hospitalización.

Antonio Bonalde no tuvo que recorrer varios CDI, la experiencia en el CDI de Uchire, en Unare, fue suficiente. El día que él y su esposa fueron a hacerse la prueba, les informaron que en ese momento no había.

Bonalde fue atendido luego de que uno de sus amigos le proporcionó un contacto en la Gobernación. “Lo que ocurrió fue un mal entendido, a la hora que fuimos no habían llegado las pruebas y después del mediodía llegaron una cantidad de pruebas, después de que yo llamé al asistente del gobernador”, manifestó.

El hombre dio negativo en la prueba PDR, pero su esposa dio positivo. A ella le dolía el pecho, tenía dificultad para respirar y dolor de cabeza, pero en este CDI no había capacidad para hospitalizarla. “Me dijeron que no podían recluirla ahí porque no había camas, ni condiciones para recluirla, que por su sintomatología se tratara en casa y eso es lo que hemos hecho”, dijo. Aseguró que cinco días después su esposa mejoró.

Tampoco había tratamiento para la Covid-19 en este CDI, por lo que Bonalde recorrió algunas farmacias para comprar los antinflamatorios, antibióticos y analgésicos que le prescribieron a su esposa. En total, el tratamiento completo, excluyendo la cloroquina -que consiguió cinco días después gratuita en el módulo-, le costó un aproximado de 80 dólares al cambio en bolívares.

El nombre de algunos de los denunciantes fue cambiado porque solicitaron el resguardo de su identidad.

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, informó que las nuevas medidas también incluyen a los familiares directos de los exfuncionarios del régimen

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció este martes 28 de julio nuevas sanciones contra los exministros del régimen Luis Motta Dominguez y Eustiquio Lugo Gomez.

“Los antiguos ministros de Venezuela, Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez usaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar de al pueblo venezolano. Estoy designando a Motta y Lugo como no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”, informó Pompeo en Twitter.

Las sanciones incluyen también a los familiares directos de Motta y Lugo, quienes estuvieron al frente del Ministerio de Energía Eléctrica.

Former Minsters of Venezuela, Luis Alfredo Motta Dominguez and Eustiquio Jose Lugo Gomez used their powerful positions to enrich themselves rather than the Venezuelan people. I’m designating Motta and Lugo as ineligible for entry into the U.S.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2020

“Esta cifra es solo superado, en el periodo reciente, por Liberia, un país que tuvo una guerra civil de dos décadas”, sostuvo el diputado opositor Ángel Alvarado

Infobae

El dictador Nicolás Maduro lleva siete años en el poder, pese a no ser reconocido como legítimo presidente de Venezuela por gran parte de la comunidad internacional. En ese lapso de tiempo, en el que se agudizó de forma alarmante la crisis humanitaria en el país, la economía se contrajo un 86%, según explicó el diputado para la Asamblea Nacional (AN), Ángel Alvarado.

Para dimensionar la situación en la que se encuentra Venezuela, el parlamentario indicó que la nación caribeña sólo es superado por Liberia “un país que tuvo una guerra civil de dos décadas”.

“Ni la caída del comunismo en la Unión Soviética, ni el periodo especial cubano, ni la guerra civil de Libia, ni la guerra del Golfo de 1991, ni ninguna otra catástrofe que desde el mundo moderno haya experimentado guerras, han tenido un empobrecimiento tan acelerado de una economía, una destrucción de la capacidad de generar riquezas, una destrucción de la actividad económica como la que se está viendo en Venezuela mientras Maduro ocupa el poder”, explicó Alvarado.

Ante ese contexto, el integrante de la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento venezolano indicó que el país se convirtió en los últimos años en una de las naciones más pobres del mundo.

Respecto a la contracción económica de 86%, Alvarado aseguró que se debe a que los mercados financieros internacionales ya no confían en Venezuela: “Se perdió la institucionalidad, el Estado de Derecho, pérdida del cumplimiento de las leyes, y esto genera que se pierda toda posibilidad de que en Venezuela haya una inversión que permita la recuperación”.

En cuanto al rendimiento de este año, el diputado opositor sostuvo que la actividad económica cayó 25,38% en el primer trimestre, en comparación con el período del año 2019: “Uno se pregunta a qué se debe esta caída tan importante. Se debe a muchos factores, pero entre esos tenemos la caída de las exportaciones petroleras. El promedio de las exportaciones petroleras que generaban caja, por ejemplo, en el primer trimestre del año 2019 era de 600.000 barriles. Hoy en día, a final del primer trimestre del año 2020, solo 100.000 barriles están generando caja, lo demás es para el pago de deudas o para intercambio de petróleos por otros bienes. Por lo tanto, esa es la variable fundamental que está guiando esta contracción tan importante de la economía”.

“Mientras Maduro se mantenga en el poder, no hay manera de que haya una recuperación económica en Venezuela. Esa destrucción tiene como su máxima expresión la destrucción de la industria petrolera nacional, la cual este momento está generando niveles ínfimos de dólares para el país y produciendo los mismos niveles de los años 40. Por el camino que vamos, hacia el final de año estaremos en los niveles de los años 30”, advirtió.

Por su parte, Alvarado indicó que el Producto Interno Bruto en este primer trimestre se ubica entre 65 mil y 67 mil millones de dólares, mientras que en 2013 era, según el Banco Mundial, de 482 mil millones de dólares. “Para el año 2013 el tamaño de la economía venezolana era igual a de una economía europea, como la de Bélgica o Dinamarca. Hoy en día el tamaño de la economía de Venezuela es igual a la de Uruguay o Paraguay, que son países con alrededor de 5 a 7 millones de habitantes”.

El PIB per cápita, en tanto, se encuentra alrededor de los dos mil dólares y esta cifra solo se compara con países africanos.

Añadió que «las autoridades colombianas la dejaron sin protección, violando las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares».

PANORAMA

El canciller Jorge Arreaza denunció la noche de este lunes 27 de julio daños a la sede del consulado venezolano ubicado en Bogotá. «Denunciamos que la sede del Consulado de Venezuela en Bogotá ha sido vandalizada y saqueada por completo», informó Arreaza a través de su cuenta en twitter.

Añadió que «las autoridades colombianas la dejaron sin protección, violando las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. El Estado colombiano debe responder», enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores.

Arreaza, junto al mensaje, publicó un video en el que se puede observar los actos vandálicos contra la sede diplomática venezolana.

El canciller divulgó un comunicado emitido por Venezuela ante la citada acción: “Venezuela denuncia ante la Comunidad Internacional la vandalización de su sede Consular en Bogotá. El Gobierno colombiano incumple los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al permitir estos hechos, por acción u omisión”

Denunciamos que la sede del Consulado de Venezuela en Bogotá ha sido vandalizada y saqueada por completo. Las autoridades colombianas la dejaron sin protección, violando las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. El Estado colombiano debe responder. pic.twitter.com/zOnNGUSzXo

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 28, 2020

En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se preocupa por la deserción escolar.

por María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin / Efecto Cocuyo

Oficinas de la agencia en América Latina refieren que las dificultades económicas de las familias y las fallas de conexión a Internet, son factores que influyen en que niños y adolescentes abandonen la escuela.

En Venezuela, Cecodap y el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) mostraron cómo con la educación a distancia se acentuaron las desigualdades entre los distintos niveles socioeconómicos.

Alertaron que, si no se implementan políticas para reducir estas brechas, se corre el riesgo de que los escolares enfrenten más frustraciones y terminen por dejar los estudios.

Organizaciones como la Asociación Venezolana de Educación Católica (Avec) describen el gran esfuerzo que realizaron a partir del 16 marzo de 2020 cuando se suspendieron las clases presenciales en todo el territorio. Aún así, reconocen que no pudieron llegar a toda su población estudiantil.

La presidenta de la Avec, Sor Alicia Boscán, dijo el 23 de julio que aún no tenían cifras de cuántos estudiantes dejarían sus aulas. Se encontraba a la espera de que las 30 seccionales de la organización en todo el país les enviaran la información correspondiente.

Hasta ahora la referencia más cercana a este fenómeno la ofreció Fe y Alegría, que pertenecen a la Avec. La directora del Programa Escuelas, Noelbis Aguilar, indicó que al cierre del año escolar el movimiento educativo logró atender a un 80% de sus 105.776 estudiantes.

Sobre el 20% restante, unos 21.155 alumnos, la educadora indicó que “algunos de ellos” reaparecieron en el mes de julio y la organización puso a su disposición un programa de nivelación y recuperación para procurar que se mantuvieran en el sistema.

Año escolar inédito
“En 75 años de historia de la Avec nunca habíamos tenido un año tan atípico”, afirmó su presidenta sobre el período académico 2019-2020 que incluyó casi cinco meses de educación a distancia.

En respuesta, la organización promovió un modelo multimedia que incluyó la impresión de guías de trabajo, papelógrafos pedagógicos y el abrir el espacio para que los niños llevaran las tareas a la escuela en las zonas de más dificultades o falta total de conectividad.

“Eso permitió que se anclasen, que los niños, niñas y adolescentes permanecieran en el año escolar”, dijo Sor Alicia Bocán.

También se dedicaron a la formación docente y de los representantes, y abordaron herramientas psicosociales, de autocuidado, e información sobre la prevención de la violencia doméstica y el conocimiento de la Lopnna entre otros temas.

La religiosa explicó que las mayores trabas de comunicación se identificaron en los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Delta Amacuro y Sucre, todos estados fronterizos con graves problemas de servicios públicos.

Desde el Ministerio de Educación, señaló, se ha llamado a los planteles a apoyar a quienes no pudieron tener acceso a las herramientas para desarrollar la educación a distancia.

Aclaró que no se trata de que el estudiante va a “pasar por pasar sin que sepa nada”, sino que debe haber respondido a las evaluaciones diseñadas en este período. “Se les dio oportunidad de revisión, de evaluación… Eso va a depender de cada centro educativo se interese, llame, los busque, de mucha mística del docente y de dedicación”, expresó.

La representante de la Avec agregó que “la idea es ayudar, no penalizar, pero tampoco tener una actitud de cerrar los ojos. Hay que ser exigentes y educar con calidad y valores de evangelio”.

Boscán indicó que se mantiene a la expectativa sobre el inicio del año escolar 2020-2021 que, desde el primer día, comenzará a distancia.

Retroceso en la educación
El doctor en Educación, Tulio Ramírez, recalcó que antes de la pandemia ya se advertía una disminución de la matrícula escolar en todos los niveles. Incluyendo la educación superior.

De hecho, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020 arrojó que en el país crecieron los riesgos de exclusión educativa entre quienes no pueden mantener una asistencia regular a clases o registran un severo rezago escolar.

También se hablaba de un retroceso en cuanto a la calidad de la educación “por políticas de facilismo y de promoción automática”, opinó.

“Este gobierno le ha cambiado el significado a la educación. La educación perdió su norte, dejó de ser un mecanismo de ascenso social, de cumplir una misión para el progreso individual y colectivo”, expuso Ramírez.

Ahora, con la cuarentena, resaltó que las variables conexión, cobertura y disponibilidad de equipos jugaron en contra y podrían alejar a una buena cantidad de niños de lo que llamó “educación mediada por la tecnología”.

Fue categórico al señalar que “la educación a distancia no es asignar tareas por correo electrónico y WhatsApp“.

Hizo énfasis en que se requiere de “estrategias pedagógicas distintas” a las que se aplican en el formato presencial. Consideró que, lamentablemente, ” los profesores no tienen las competencias y el Gobierno a nivel nacional no se ha preocupado por crearlas”.

Como ejemplo citó el caso de las computadoras Canaimitas. “Se las dieron a los alumnos y no a los profesores. No tuvieron instrucciones. Cada uno individualmente se ha tratado de ponerse al día”, agregó.

Los retos del futuro inmediato
La presidenta de la Avec consideró que de cara al próximo año es necesario continuar la formación de docentes y directivos.

“Eso es fundamental, perfeccionar las estrategias para educar a distancia y hacer alianzas que con organizaciones que nos puedan ayudar a formarnos. La idea es llegar a más gente y de manera más cualificada”, expresó.

También mencionó la necesidad de realizar una revisión del currículo y de hacer diseños instruccionales adecuados. Además también apuntó la necesidad de establecer acuerdos con entes que permitan dotar a los maestros de herramientas tecnológicas.

“Los docentes están costeando la conectividad. Quizá podría haber una empresa de telefonía celular que cree planes especiales para los educadores, expresas extranjeras que puedan apoyar”, ilustró.

Aunque consideró que hay problemas estructurales que no pueden resolverse con iniciativas individuales, el profesor Tulio Ramírez llamó a ser “racionalmente creativos”.

Planteó que es necesario planificar para que el proceso no se traduzca en una “avalancha” de tareas. Destacó la importancia de hacer esfuerzos por utilizar plataformas virtuales que permitan acercar a los estudiantes con los docentes y garantizar más interacciones.

Las deplorables condiciones del sistema eléctrico nacional (SEN), por la prolongada falta de mantenimiento e inversión, ocasiona una fuerte contracción del suministro de electricidad, que se traduce en 9.000 megavatios: el nivel histórico más bajo en 50 años.

ANA DÍAZ / hispanopost

Fuentes del sector eléctrico que pidieron no mencionar sus nombres, aseguraron que el consumo de electricidad ha venido bajando aceleradamente durante el chavismo como consecuencia del desplome de la actividad productiva privada y publica, esta última evidenciada en en la práctica paralización de las empresas básicas de Guayana y la industria petrolera y petroquimica, entre otros.

Uno de los consultados explicó que la central hidroeléctrica de Guri en el estado Bolívar sostiene 70% de la demanda del SEN.

«La mayoría de las plantas de generación térmica están paralizadas o funcionan al mínimo, por lo que el parque térmico nacional ópera a 10% o menos de su capacidad instalada», advirtió.

Otra fuente destacó:»Lo irónico de la situación es que la caída del suministro no obedece a motivos de ahorro de energía producto del uso eficiente de la electricidad».

Uno de los consultados precisó que los 9.000 Mw no alcanzan para cubrir las necesidades del público, pese a que ahora hay muchos menos usuarios por la diaspora, la contracción económica y productiva, la llegada de las lluvias que baja las temperaturas y la cuarentena del COVID-19.

Por ello, agregó, la Corporación Eléctrica Nacional aplica racionamientos en el interior del país para mantener la estabilidad del SEN.

«En Caracas -región estratégica para el régimen de Nicolás Maduro- no hay racionamiento. Sin embargo, la luz se va en muchas áreas de la capital por fallas», afirmó.

Las fuentes destacaron que los estados a la cola -Zulia, los andes y los llanos- del sistema interconectado nacional de transmisión desde Guri son los más castigados con la falta de suministro.

«Muchas plantas térmicas están en cero generación o casi como Termo Zulia, Ramón Laguna, Rafael Urdaneta,Táchira y Planta Centro, entre otras. El complejo andino hidroeléctrico Uribante-Caparo está paralizado», deploró uno de los consultados.

Refirió que en Corpoelec no hay equipos ni repuestos suficientes para reponer los que se dañan por averías. «Muchas veces los mismos usuarios están en la disyuntiva de comprar el equipo o quedarse sin energía durante semanas o meses», dijo.

Con el coronavirus, Corpoelec mandó el personal administrativo a sus casas mientras que los empleados de operaciones de transmision, subtransmisión, distribución y reparación de averías están trabajando, pero en condiciones muy difíciles.

«No solo la falta de repuestos y la inestabilidad del SEN son el problema. Los trabajadores no cuentan con uniformes e implementos de trabajo y seguridad suficientes», alertó una de las fuentes.