“El totalitarismo no puede renunciar a la violencia. Si lo hiciera, perecería. La eterna, ininterrumpida violencia, directa o enmascarada, es la base del totalitarismo”. Vasili Grossman.

Por: Edgar Perdomo Arzola | Aporrea

¿Hay alternativas al estado de alarma, y a la indignidad del venezolano?

El anunció la prolongación del estado de alarma durante 30 días más y, las críticas a la medida han sido escasas, de parte de un pueblo convertido en borregos a causa del encierro. Es difícil hacerlas cuando se ha instaurado un régimen de terror basado en curvas logarítmicas siniestras, y con especial dedicación a las caras burguesas, o a las personas de más poder adquisitivo debido al lavado de $. No he visto la primera autopsia, de un fallecido en estos 90 días. Precisamente, para ver un caso donde se ilustre que la virulencia del covid19 no es tan mortífera por lo menos aquí en Venezuela: dicen que hay decenas de contagiados y, por el momento, el número de casos graves, y letales, aunque lamentables, sigue siendo limitado.

¿Por qué se han contagiado tanto venezolano, según el gobierno en los últimos días? Casi con total seguridad, dicen los epidemiólogos consultados, que se contagian por la cercanía con personas, con síntomas respiratorios. Todo apunta hacia quienes tienen SARS-CoV-2 (nombre del virus chino que produce el denominado covid19), pero muchos no presentan tos ni síntomas catarrales, contagiando poco. Científicamente, y con los pelos del burro en la mano, y los clínicos existentes, podrían contagiar, aunque científicamente esto no está demostrado. Existen otros diagnósticos epidemiológicos, donde se asegura que no es lo mismo presentar una probabilidad teórica de contagio que ser una fuente potencial de contagio real, y significativo. Porque, además, en el probable caso de contagiar, sucedería principalmente hacia las personas con las que convivan, y con las que tengan un contacto permanente. Hasta el momento carecemos de información sobre las posibles fuentes de contagio. Lo que hay es represión, puntos de controles policiales y militares, y la agresión a la abogada barquisimetana en el estado venezolano de Lara, por parte de un efectivo femenino de la GNB, noticia terrorífica que le dio la vuelta al planeta.

En el bajo % de los casos, la fuente de contagio ha sido, presumiblemente, el contacto con una persona con síntomas respiratorios agudos; en otros %, las causas han sido la convivencia muy cercana con otro infectado potencial.

Último informe del gobierno hoy 26 de junio del 2020: “En las últimas 24 horas las autoridades sanitarias detectaron en el país, un total de 133 casos de transmisión comunitaria de la Covid-19 y 65 importados y dos por contacto con viajero internacional, además de un fallecido para sumar 39 decesos. Elevando el número total de contagios a 4.563, informó este jueves la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Desde la Sala de Prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores al término de la acostumbrada reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la Covid-19, la vicepresidenta Rodríguez señaló que la cifra de pacientes recuperados ascienden a 1.327, lo que equivale a 29% de los casos.

En cuanto a los casos de transmisión comunitaria, dio a conocer que 84 son del estado Zulia, 74 del foco del Mercado Las Pulgas y 10 de Machiques de Perijá. 12 de Miranda, nueve de Lara, seis de Carabobo, cinco de Bolívar, cuatro del Distrito Capital, cuatro de Sucre, cuatro de Falcón, dos de Anzoátegui, dos de Mérida y uno de Trujillo.

59 de los importados son de Colombia, asimismo dos de Brasil, uno de Perú, igualmente uno de Ecuador más dos por contacto internacional. Con estas cifras son 198 registradas hoy, lo que eleva a 4.563 los contagios.

Informó sobre el fallecimiento de una señora de 67 años de edad, quien se residenciaba en el municipio Maracaibo del estado Zulia y presentaba antecedentes de hipertensión y diabetes tipo 2. Con este deceso se eleva la cifra de muertes por este virus a 39.
Rodríguez destacó el número de pruebas aplicadas en despistaje masivo, precisó que hasta este miércoles van 1.176.146, lo que equivale a 39.205 pruebas por millón de habitantes.
Sobre la condición actual de los pacientes refirió que 2.763 están asintomáticos, 420 presentan insuficiencia aguda grave leve, cuatro insuficiencia aguda grave moderada y nueve insuficiencia aguda grave.

Casos detallados por entidad.

Miranda dos familiares con contacto con caso positivo, residenciadas en el municipio Baruta; uno caso de una trabajadora de un supermercado del municipio Baruta; otro caso del municipio Baruta; cinco casos de Petare, dos de ellos, son trabajadores del supermercado referido anteriormente; un caso se trata de un médico que labora en las jornadas de despistaje casa por casa; otro caso de un médico que labora en una clínica privada;

Zulia; también se registró un caso en el municipio El Hatillo cuya condición es crítica y en una Unidad de Cuidados Intensivos; el último caso de esta entidad se registró en el Municipio Guaicaipuro, en Los Teques.

Lara: Seis casos del municipio Torres; uno del municipio Simón Planas con contacto con médico positivo; un caso del Municipio Morán y un caso de un comerciante del Mercado Las Pulgas del estado Zulia.

Carabobo: Seis trabajadores de una empresa pública de servicio, Bolívar cinco casos en Ciudad Bolívar.

En el caso del Distrito Capital, dijo de un masculino de 82 años de la parroquia Antímano; masculino de 50 años de la parroquia El Recreo, trabajador de un Centro Comercial de Sabana Grande; femenina de 40 años de la parroquia Sucre y femenina de 44 años de la parroquia Sucre en Catia.

Sucre: masculino 27 años, médico radiólogo; tres casos de una familia de un trabajador de una empresa procesadora de pescado (Femenina de 58, masculino de 17 y niña de siete años)

En Falcón se trata de un masculino de 61 años comerciante del estado Zulia, femenina de 71 años, femenina de 19 años y masculino de 47 años, quien se desempeña como comerciante del estado Zulia.

Anzoátegui, masculino de 36 años y otro de 57 años, residenciados en El Tigre. Mérida por su parte es de una Femenina de 38 años de edad en El Vigía. Finalmente de Trujillo se trata de un niño de cuatro años de edad”. Fin de la cita.

El confinamiento como mal peor, como contingencia de control, y sumisión social. Todo lo anterior expuesto no significa que esto no sea una epidemia con un impacto considerable, que hay que controlar, y mitigar, con la máxima rapidez. Pero hay que evitar las medidas de confinamiento, y de circulación, que tienen más perjuicios potenciales que beneficios demostrados “primun non nocere”. Es necesario analizar su verdadero impacto, sin minimizarlo y sin dramatizarlo. Porque se trata de un virus con una letalidad aparentemente superior a la de la gripe estacional, aunque no han podido determinarlo con exactitud debido a que se desconoce en el caso venezolano, el número de infectados reales.

Las pruebas diagnósticas que se han realizado preferentemente a aquellas personas con síntomas moderados o graves nadie las conoce. En consecuencia, los cálculos de letalidad actuales (entre un 0,5%) están probablemente sobreestimados porque no se sabe a ciencia cierta cuántas personas tienen el virus chino, cuántas están contagiadas, y no presentan síntomas, o cuántas los tienen benignos. Se habla de que un alto porcentaje de personas se infectarán por el virus de manera asintomática, pero, de nuevo, esos datos no son fiables.

Por lo tanto, no sabemos si estamos ante una plaga apocalíptica o ante un virus con consecuencias importantes pero no excepcionales. En conclusión, todavía en Venezuela no se puede caracterizar la severidad de la pandemia, ni tampoco cuál será su impacto en la mortalidad global, es decir, la tasa de fallecimientos en estos 120 días de cuarentena. No es sorprendente que se tenga un impacto mínimo o indetectable.

En nuestro país, se desconoce de los casos graves que padecen patologías previas, y que se han visto agravadas como consecuencia de la infección del virus. Los contagiados por Covid-19 no se tiene la exactitud de sus edades; si son enfermos graves, principalmente con neumonía, datos que no se suministran plenamente cuando los informes de los casos se divulgan.

Ni “encerramiento terapéutico” ni “control social preventivo”. Es difícil comparar el virus actual con pandemias previas porque en ningún momento de la historia humana hubo un porcentaje tan alto de personas, enfermas. Y es más complejo todavía si a esto le añadimos el depósito de personas en lugares hacinados y de riesgo como las actuales barriadas populares.

Se da por descontado, el querer propugnar formas de darwinismo social. Pero preocupa el despreciar el sufrimiento de un gran sector de la población venezolana, que está en su derecho de vivir una larga vida, y lo más plena que se pueda. Es preciso señalar como un hecho que la duración de la vida tiene un límite, y que todos acabaremos falleciendo. La causa, hasta cierto punto, es indiferente. Muchas de las personas fallecidas por el covid-19, tenían una esperanza de vida corta, y altas posibilidades de que por una u otra causa una caída, una diarrea, una infección sufrieran un deterioro grave de su salud o, una involución fatal. La población venezolana por esta grave crisis económica está muy vulnerable y, que priva de sus derechos a la vida, donde es necesario aceptar que muchas muertes prematuras son evitables, y que no se puede acortar la vida debido al alto costo hiperinflacionario. En este punto es difícil ser categórico porque la línea que determina la recomendación del confinamiento, o la decisión terapéutica totalitaria de no trabajar a los más vulnerables, es muy difícil de explicar y está, como es lógico, queda sujeta a un gran debate.

Pero se trata de no olvidar que, en muchos casos, lo que el virus chino, y las intervenciones represivas del aparato militar, y policial, lo que producen es una complicación en las causas del desenlace, pero no el hecho mismo de que este virus produzca.

Por su parte, países asiáticos como Singapur, Taiwán o Corea del Sur han logrado muy buenos resultados, y una contención de la difusión del virus chino con la conocida: “estrategia coreana”

Pero tampoco se debe caer en el “confinamiento preventivo”. En unos momentos en los que el número de contagiados no para de aumentar en una escala mínima, es muy tentador atribuir las actuales curvas de aplanamiento a la falta de medidas más represivas.

Por si solos, los confinamientos no son efectivos para detener la epidemia, y, por si esto fuera poco, tienen un carácter represivo manifiesto, e impiden muchas actividades sin riesgo. En cierta medida se hace pagar a justos por pecadores y, en términos de salud, sus costos son inmensos. Los límites de las cuarentenas ha sido señalados en publicaciones médicas de todo el planeta como: Wendy E. Parmet y Michael S. Sinha, en The New England Journal Of Medicine, Lawrence O, en actas sanitarias. Esto está produciendo, un aumento generalizado del estrés, que puede tener consecuencias en términos de eventos patológicos. Además de las consecuencias derivadas del sedentarismo, y de la falta de ejercicio, sobre todo en los diabéticos. Se habla de que el acceso a internet ha aumentado, así como la ingesta calórica y alcohólica. El confinamiento domiciliario tiene una gran dosis de inequidad evidente, dado que no es lo mismo un adosado con jardín que un rancho pequeño, y poco higiénico. Pero, más allá de los desastres económicos, tendríamos que preguntarnos cuál va a ser el impacto sobre el empleo, el paro a lo arrecho, la precariedad, la seguridad laboral, la economía colapsada. ¿Qué deterioro económico y social esto va a provocar?

La efectividad de los confinamientos masivos no está muy claro, cuando se prolongan durante un largo periodo, y son férreos, lo cual los convierte en inoperantes. Mientras no exista inmunidad natural o artificial no existe ninguna seguridad. En Venezuela se ha encerrado en los últimos días en hoteles a personas contagiadas, con personas que no lo estaban, 24 horas al día. Considerando el largo periodo de incubación de la enfermedad, no hay que descartar que la medida haya empeorado el cuadro general. Si el objetivo era atajar la difusión del virus, con la disponibilidad de los cuidados sanitarios, quizás hubiera bastado con otras medidas menos represivas (restricción voluntaria de contactos y prohibición de Fiestas como las de San Juan el 24 de junio en el Estado venezolano de la Guaira) Impedir la salida hacia la calle, es una medida desproporcionada y que denota, como estamos viendo, una visión autoritaria y militarista de la política, y de la sociedad venezolana. Paralizar toda la economía raya en la mayor locura.

Lo que se necesita según los epidemiólogos consultados es actuar selectivamente, poniendo en marcha una búsqueda activa de positivos, facilitando su aislamiento efectivo, y realizando test del virus de forma amplia. De este modo se podrá monitorear la enfermedad, y no se empujará a que las personas se contagien y desarrollen la enfermedad en sus domicilios, un contagio facilitado por las inevitables salidas para actividades de subsistencia. No se debe confinar indiscriminadamente pero sí hay que hacerlo rápidamente con los sospechosos especialmente aquellos con síntomas respiratorios.

Los datos que, se han proporcionado sobre los afectados por el Covid-19, no refuerzan la estrategia de dirigirse prioritariamente a las fuentes sospechosas de provocar contagios.

El confinamiento militarizado que estamos viviendo es una medida de una inefectividad médica dudosa, tiene un costo–beneficio económico para la nación muy desfavorable, y va a generar graves efectos sociales y psicosociales en la población. Cuando se, alimenta una pulsión totalitaria y punitiva que es muy poco emancipadora, y que desprecia a la ciudadanía. Es necesario cambiar de estrategia. Ahora más que nunca necesitamos de la información. Ahora más que nunca, a los que nos apoyan con palabras de ánimo, a los que nos escriben, los que nos leen, los que difunden nuestros mensajes….

No se confina por motivos médicos, se confina por motivos de controles sociales. Pero nunca se dirá que es por eso. Esto del confinamiento atenta contra los derechos más básicos de las personas y es un ejercicio clarísimo de totalitarismo por parte del Estado. Están probando con ello si pueden anestesiar a una sociedad entera, y están comprobando que sí pueden, con lo que queda sentado esté precedente de privación ilegitima de la libertad.

Este estado de confinamiento masivo no resuelve la propagación del virus ya que el contagio es probable que ocurra en los propios domicilios. Más que estado de alarma se trata de u estado de excepción cuyas razones no acabo de comprender, pero traerá más perjuicios que beneficios.

No entiendo porque no se cambia la estrategia de invertir donde la población entera se haga el test rápido controlado por su médico de confianza o familiar, y se registre quien lo ha pasado, y quien no, y a partir de ahí quien lo haya pasado con un certificado que empiece a salir a levantar el país, y trabajar. Y así revertir a la manada totalitaria. Ahora lo que hay que hacer es diseñar una serie de pautas concretas que permitan a la población llevar su vida con un mínimo de normalidad, impidiendo el contagio, con distancias de separación… lo perverso es que se trata de una vergüenza que perdurará. Lo peor no va a ser la crisis sino la indignidad.

El confinamiento debería ser una opción y no una obligación. Las consecuencias psicológicas, físicas y económicas de estas medidas se verán dentro de poco tiempo como una «lacra» para todos nosotros. Tal, y como se plantea para tener un «pueblo» quieto y mudo.

Una sociedad que está dispuesta a cambiar libertad por seguridad no se merece ni lo uno ni lo otro.

¿Ahora confinar a las personas es quitar los derechos legales en una democracia, donde están los datos que lo demuestren? ¿Han visto como están los hospitales?

La libertad de circulación y de reunión son derechos fundamentales recogidos en la Constitución, tienen su base en la DD HH, que son inalienables.

Cómo no va a estar la izquierda totalitaria contenta con el estado de alarma si todo lo que buscan es el poder del estado, ahí lo tienen, y vayan si lo usan, contra los mismos de siempre… Se trata de un golpe de efecto, medidas propias de un gobierno débil. Y de un Estado totalitario.

El confinamiento sirve sobre todo para intentar tapar la negligencia e ineficacia del gobierno, que aún así es evidente, y las carencias del sistema sanitario.

Percasita11@yahoo.es

El ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez se refirió este sábado 27 de junio al artículo publicado en The Wall Street Journal , en que el diario estadounidense afirman que el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, habría estado detrás de una estrategia para la contratación de grupos mercenarios con el fin de derrocar a Nicolás Maduro; y aseguró todo el plan fue trazado desde la residencia del embajador de España.

TalCual

“Todos los elementos de planificación que condujeron a la incursión militar armada (Operación Gedeón) se planificaron en la sede de la residencia del gobierno de España”, dijo Rodríguez, quien emplazó al gobierno Ibérico para que defina qué hacer con el dirigente opositor. “¿Sabe el embajador de España que Leopoldo López ha hecho y sigue haciendo videoconferencias con el único fin de insistir en sus planes de asesinar al Presidente”, se cuestionó.

“La prensa internacional miente”

De acuerdo al texto “Venezuelan Opposition Guru Led Planning to Topple Maduro” (El gurú de la oposición venezolana dirigió la planificación para derrocar a Maduro), publicado en WSJ, López como otros aliados políticos, consideraron al menos seis propuestas de agencias de seguridad privadas para llevar a cabo incursiones militares armadas en nuestro país y propiciar una rebelión en la Fuerza Armada Nacional, siendo el director de la firma Silvercorp USA, Jordan Goudreau, el que se embarcara en esa cruzada a principios de mayo que dejó al menos ocho muertos y más de 50 detenidos.

“El 24 de febrero de 2019 nos presentamos ante la opinión pública nacional e internacional y señalamos que la supuesta ayuda humanitaria no era tal sino que era una excusa para perpetrar un excursión violenta armada desde la frontera occidental con Colombia”, señaló Rodríguez, quien suele asegurar que la prensa internacional omite y miente sobre Venezuela, menos ahora.

Una vez más, señaló que Juan Guaidó firmó con J. J. Rendón, Vergara y Goudreau un contrato para asesinar a Maduro.

Venezuela se encamina hacia un nuevo salto al vacío en ese precipicio sin fondo en el que viene derrapando hace años y del que nada ni nadie parece poder rescatarla.

Por Leonardo Mindez / infobae.com

El último huevo de la serpiente acaba de ser fertilizado ante la indiferencia de los líderes regionales que todavía mantienen alguna sintonía con Nicolás Maduro.

Dejemos por un momento de lado los capítulos cotidianos de la hecatombe económica y social en que ha derivado el experimento bolivariano, con sus más de 5 millones de venezolanos en el exilio y el 80% de los que aun permanecen en el país sumidos en la pobreza y la lucha cotidiana por la subsistencia. Incluso en un continente acostumbrado a los altibajos constantes, la tragedia del desbarranco venezolano no registra antecedentes. La más reciente imagen del descalabro son las largas filas en las gasolineras para conseguir unas gotas del combustible importado de emergencia desde Irán, ante el desabastecimiento en un país que llegó a ser el segundo productor petrolero del mundo y donde la gasolina siempre fue mucho más barata que el agua.

Este drama sería más tolerable, por cierto, si en Venezuela funcionaran las instituciones de una república, si las libertades civiles no hubiesen sido conculcadas y no hubiese, al día de hoy, 424 presos políticos, según el conteo que lleva el Foro Penal Venezolano. Si una mayoría de los venezolanos hubiese elegido a Maduro en elecciones libres y democráticas y los partidos políticos pudieran funcionar con libertad y competir en igualdad de condiciones en los próximos comicios, habría una luz de esperanza al final del túnel. Pero nada de eso ocurre hace tiempo en la tierra de Simón Bolívar.

Para no remontarnos a la larga historia de la degradación paulatina de las libertades civiles bajo los gobiernos de Hugo Chávez y pasando por alto la oscura elección en la que su heredero menos lúcido retuvo el poder por algo más de un punto porcentual (según el escrutinio oficial) en 2013, sólo recordemos que hace dos años Maduro se hizo “reelegir” mientras los dirigentes opositores más reconocidos estaban proscriptos, presos o exiliados, los principales partidos políticos eran forzados a desertar de los comicios tras la imposición de requisitos absurdos para registrarse y con el ingreso prohibido para los veedores electorales internacionales de mayor prestigio. Aun en esas condiciones, menos del 30% de los venezolanos le habrían dado el 20 de mayo de 2018 su apoyo a Maduro de acuerdo al escrutinio oficial.

Como era lógico, aquellas elecciones no fueron reconocidas por la gran mayoría de las democracias occidentales. En enero de 2019, cuando Nicolás -como lo llaman en las calles de Caracas- quiso asumir su segundo mandato sostenido por el resultado de aquella parodia comicial, el quiebre fue inevitable. Siguiendo lo establecido por la Constitución Venezolana, la Asamblea Nacional erigió a su líder, Juan Guiadó, como presidente interino, a cargo de normalizar el funcionamiento institucional y convocar a nuevas elecciones democráticas. Desde entonces, Venezuela permanece en el limbo de un país partido en dos. Con un Presidente interino, reconocido por más de 60 naciones -incluidas casi todas las del continente americano, la Unión Europea y Japón- pero con ninguna capacidad real de acción. Y un gobernante de facto aferrado a su sillón en el Palacio de Miraflores con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el apoyo ideológico en el continente de Cuba y Nicaragua y un último sostén económico de Rusia, China e Irán que esquivan como pueden las sanciones internacionales que va acumulando el régimen chavista.

Maduro aprendió a sacarle jugo a la grieta geopolítica mundial. Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin y Xi Jinping pueden tirar y aflojar de esa cuerda. Nicolás, no. Necesita extremar la disputa bipolar para utilizar a las potencias enemigas como justificativo retórico de sus desgracias y seducir a las amigas como pata sudamericana de sus proyectos expansionistas.

En el medio han quedado un puñado de gobernantes y dirigentes de peso en el continente que fueron muy cercanos a Chávez, que no sienten el mismo aprecio ni respeto por Maduro, pero apenas se atreven a reconocer entre susurros algunos “desvíos” en sus acciones. El involucramiento activo del progresismo democrático para tratar de endrezar el derrotero bolivariano tendría un valor innegable. Pero una y otra vez prefieren mirar hacia otro lado y hacerse los distraídos cuando las papas queman y el régimen avanza en nuevas tropelías. Se trata del cuarteto integrado por los presidentes de Argentina y México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, y los ex mandatarios de Brasil y Ecuador, Lula da Silva y Rafael Correa, que aún conservan un amplio predicamento en sus países y entre las fuerzas progresistas.

Aferrado al sillón del Ejecutivo y con los jueces en su puño desde años, el Legislativo es el único poder del Estado que le presenta resistencia a Maduro desde que la oposición obtuvo la mayoría en las elecciones de 2015, las últimas con cierto grado de fair play. Nicolás, por supuesto, no lo puede tolerar. Ha intentado todo tipo de maniobras para licuar su poder y anular su funcionamiento, pero ahí siguen los legisladores resistiendo como pueden, obligados muchas veces a sesionar en otros edificios cuando las fuerzas de seguridad del régimen les impiden el acceso al Palacio Legislativo.

Pese a que el reclamo de la oposición y de la comunidad internacional es que en Venezuela se realicen de una vez elecciones presidenciales democráticas, Maduro sólo ha aceptado que se hagan este año los comicios parlamentarios previstos por ley. Anunció que serán en diciembre -todavía sin fecha precisa- y empezó a montar su ingeniería para de una vez por todas acabar con esa piedra en el zapato y que la Asamblea Legislativa quede en sus manos, aun cuando en ninguna encuesta el apoyo a su gobierno supera el 20% entre los venezolanos que aún viven en su país.

El plan ya quedó al descubierto. Hace dos semanas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista tomó para sí la atribución de designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (la autoridad comicial) que por ley le corresponden al Congreso. ¿La justificación? Que los diputados todavía no habían llegado a un acuerdo para los nombramientos. Por supuesto, las cinco autoridades electorales designadas por el TSJ son militantes chavistas o aliados de Maduro.

Como si fuera poco, a la semana siguiente, el TSJ tomó otras dos decisiones brutales: la intervención de los dos principales partidos opositores, Acción Democrática y Voluntad Popular, designando en ambos una nueva cúpula cercana al chavismo.

En este punto, es inevitable recordar el caso boliviano. Aclaremos: Evo no es Nicolás. El gobierno de Morales logró un éxito económico, político y de integración social sin precedentes en Bolivia que le permitió gozar durante un largo período de un apoyo creciente entre los bolivianos. Pero en simultáneo, floreció durante su gestión un rasgo personalista y autocrático compartido con el chavismo y otros gobiernos de la llamada “marea rosa” latinoamericana. En plena efervescencia, Morales reformó la Constitución, logró su reelección, consiguió un aval judicial para convertir su segundo período en el primero con la nueva Carta Magna y así volver a presentarse para un tercer mandato. Y cuando llegaba finalmente el tiempo del relevo, organizó un referendo para modificar nuevamente la Constitución y volver a postularse a un cuarto período. Pero perdió. Nada lo detuvo. Con el resultado electoral en contra, el desgaste de más de una década en el poder y su popularidad en baja consiguió igualmente que los jueces amigos lo habilitaran a presentarse. Así marchó, contra y viento marea, ante el descontento de una porción mayoritaria de los bolivianos que se sentía estafada y el silencio complaciente de sus aliados regionales, a buscar su re-re-reelección. La catástrofe estaba en marcha.

Que quede claro: el actual drama boliviano no comenzó ni en las elecciones del 20 de octubre pasado (que muchos veedores internacionales consideraron fraudulenta) ni el 10 de noviembre, cuando Evo Morales presentó su renuncia después de 20 días de enfrentamientos violentos en las calles y los pedidos de dimisión de sus históricos aliados de la Central Obrera Boliviana y el jefe de las Fuerzas Armadas (que muchos consideraron un golpe de Estado). Aquel fue el desenlace de un largo proceso en el que el ex presidente torció la ley y violó la voluntad popular a su antojo sin que ninguno de los gobiernos cercanos le advirtiera que caminaba hacia un precipicio. ¿No es acaso ése el rol de los amigos? Aquí es donde la parábola venezolana parece hermanarse con la boliviana.

Tras las últimas maniobras del TSJ chavista, alzaron su voz con diferentes matices Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el de Contacto. Todos advirtieron lo que es evidente: que este nuevo atropello apaga cualquier expectativa de una elección legislativa justa y transparente. Maduro ya parece cómodo con el desafío de esos contrincantes, a los que respondió con sus habituales sarcasmos.

Más angustiante es que, otra vez, no haya habido ninguna reacción de parte de los gobiernos de Argentina y México, los de mayor peso regional entre quienes conservan alguna confianza en que Maduro pueda conducir la crisis venezolana hacia una salida democrática. Nada se escuchó tampoco de parte de Lula da Silva y Correa, que se mantienen como voceros muy activos de la izquierda latinoamericana. Tampoco del Grupo de Puebla, que integran todo ellos junto a otros políticos e intelectuales progresistas del continente.

Hay un excusa que se repite por lo bajo en sus entornos: cualquier gesto público de condena a Maduro significa “hacerle el juego a la derecha”. Persiste también en sus frentes políticos, aunque se diga menos, un vínculo emocional y simbólico con lo que fue en sus inicios el sueño bolivariano. Todo aquello parece menor, de cualquier manera, ante la desgracia y la miseria a la que fueron arrojados millones de venezolanos por un clan gobernante que hace mucho abandonó cualquier proyecto progresista en pos de su propia supervivencia.

Si nada hace modificar la hoja de ruta trazada por el régimen, el destino ya está escrito: en diciembre tendrá lugar una nueva parodia electoral que le permitirá a Nicolás quedarse con el único poder del Estado que aún no controla. Los venezolanos verán cerrarse así el último resquicio de la democracia representativa en su país.

¿Se espera que lo toleren mansamente? ¿Hasta cuando podrán aguantar esa burla permanente? ¿No aprendimos nada del caso boliviano? ¿Otra vez jugamos con fuego en Sudamérica pensando que no nos vamos a quemar?

Hay silencios que se oyen. Algunos aturden. Alzar la voz tarde, cuando la situación se desmadre, será hipócrita. Apenas volver a llorar sobre la leche derramada.

El modelo político instalado por el chavismo hace que el viento sople contra el trabajo periodístico. Dificultades para acceder a la información pública, el miedo a ser agredido cuando se hacen coberturas en la calle y las consecuencias que pueden devenir tras la publicación de datos son algunas de las barreras que tiene que sortear los periodistas

Luna Perdomo y Roison Figuera / TalCual

Los periodistas venezolanos conmemoran este 27 de junio su día con miedo a ser la próxima víctima de la persecución que el régimen de Nicolás Maduro se ha encargado de hacer parte de su política comunicacional, exacerbada detrás de la cortina de aparente legalidad que les ofrece la declaratoria de Estado de Alerta decretado como medida para combatir la pandemia del coronavirus.

Edgar Cárdenas, presidente de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), considera que el gobierno presidido por Maduro aprovechó la llegada del coronavirus a Venezuela «para atentar contra un valor de la democracia, como lo es el derecho a la información», así como para incrementar las agresiones contra los trabajadores de la prensa. Desde el año pasado, el CNP ha denunciado que las agresiones contra periodistas y medios «se ha convertido en una política de Estado, que busca silenciar a la prensa libre sobre lo que acontece en Venezuela», sentencia Cárdenas.

En este mismo sentido, Carlos Correa, director del la organización no gubernamental Espacio Público, sostiene que en este país se hace periodismo con el riesgo de ser agredido por un modelo político que va en dirección opuesta con las garantías de libertad, y que ha sumado al patrón tradicional de agresiones que ejecutaba la persecución criminal contra los trabajadores de la prensa, el sometimiento a procesos penales por hacer el trabajo.

Correa también coincide con Cárdenas en que este nuevo patrón se recrudeció con la pandemia por el coronavirus, pues al tema de las restricciones de movilidad que dificultan el trabajo de los periodista, se suman las amenazas y detenciones a comunicadores por publicar informaciones en redes sociales.

«Ciertamente, se crearon condiciones durante la cuarentena para evitar el libre flujo de información plural, porque no se trata de contradecir las cifras oficiales emitidas desde el gobierno nacional presidido por Maduro de los casos de contagio de coronavirus; se trata también de cubrir los hechos noticiosos que tienen que ver con la situación que atraviesan los venezolanos de distintas índoles», expone Edgar Cárdenas.

Agresiones en aumento
«En medio de la pandemia se han realizado al menos 75 privaciones de libertad, de las cuales 28 se trataron de trabajadores de los medios de comunicación. 25 de ellas estuvieron relacionadas directamente al tema de la covid-19. La persecución ha estado presente sobre todo en el tema de la pandemia y la política», indica Carlos Correa.

Espacio Público contabiliza 556 agresiones a la libertad de expresión entre enero y mayo de este año. La ONG recuerda que el 2020 arrancó con restricciones a la cobertura de la situación política y el conflicto en el seno de la Asamblea Nacional (AN), con relación a la juramentación de la junta directiva que lideraría el Parlamento este año se desprendieron escenarios de violencia para negar el acceso y la cobertura de los acontecimientos.

Según la organización, en enero hubo más de 100 denuncias de violaciones, entre ellas por confrontación física y hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad y de grupos irregulares afectos al régimen de Nicolás Maduro. Los vapuleos contra el trabajo periodístico no cesaron, pues en febrero las limitaciones y los niveles de violencia escalaron. Espacio Público destaca que en este mes reapareció el discurso de funcionarios del gobierno contra periodistas.

Agresiones, robos, desalojos violentos, persecución y golpizas recibieron reporteros por intentar hacer cobertura en la vía pública o en la sede del Parlamento Nacional a pesar de las acreditaciones otorgadas, rememora la organización defensora de derechos humanos.

«Marzo suma más de 30% de los registros, en un contexto de limitaciones extendidas hasta abril a partir de la circulación de información sobre la pandemia del covid-19. Privaciones ilegítimas de libertad, restricciones indirectas a la cobertura y la arremetida a trabajadores públicos en especial del sector salud, agravaron una desinformación generalizada frente a la crisis sanitaria mundial y su impacto local, precedido por una emergencia humanitaria compleja, también caracterizada por la opacidad», expone la ONG en su informe ‘El virus de la desinformación. Situación del derecho de la libertad de expresión enero-abril 2020’.

El director de Espacio Público, Carlos Correa, aclara que los casos de agresiones físicas en Venezuela aumentan cuando hay cobertura informativa en las calles y es por esa razón que en ese sentido esas violaciones se han reducido, debido a que por la pandemia no han ocurrido movilizaciones.

Por su parte, el CNP tiene un registro de 201 agresiones a periodistas en todo el país desde el 1 de enero hasta el 24 de junio de este año. Durante el aislamiento se registraron 132 agresiones y en los dos primeros meses del año, y parte de marzo, hubo 69 ataques a comunicadores.

La coordinadora de libertades informativas y derechos digitales del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), Daniela Alvarado, apunta que desde enero hasta el 22 de junio registraron unos 212 casos de violaciones a la libertad de expresión y, de ese total, 129 están vinculados a la labor de periodistas y reporteros.

Alvarado apunta que en ese período de tiempo hubo al menos 69 casos de agresiones físicas contra trabajadores de la prensa, 18 casos de detenciones arbitrarias, 13 hechos de limitaciones en el acceso a la información pública y siete casos en los que el periodista debió enfrentar procesos judiciales, tipificación que está estrechamente vinculada a la de las detenciones arbitrarias.

El total de violaciones a la libertad de expresión registrad por IPYS lo completan amedrentamientos a camarógrafos y reporteros gráficos, censura interna y otros tipos de abusos de poder que tienen que ver con el discurso de funcionarios contra la prensa.

Las variaciones en los datos de las agresiones registradas por el Colegio Nacional de Periodistas, Espacio Público e IPYS existen porque la ONG lleva una data de todas las violaciones a la libertad de expresión en su conjunto; es decir, incluyendo a ciudadanos, infociudadanos y periodistas, mientras que el CNP se enfoca en agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa. IPYS también contabiliza otro tipos de abusos y la censura.

El modelo político instalado por el chavismo hace que el viento sople contra el trabajo periodístico. Dificultades para acceder a la información pública, el miedo a ser agredido cuando se hacen coberturas en la calle y las consecuencias que pueden devenir tras la publicación de datos son algunas de las barreras que tiene que sortear el trabajador de la prensa en Venezuela.

«¿Cómo puedo decir lo que el oficio me demanda?, ¿cómo lo hago sin ponerme en riesgo o a mi familia? Son algunas de las preguntas más frecuentes que se hace un periodista», acota Correa.

A su juicio, es difícil comparar la realidad periodística del país con la de otras naciones, en principio porque cada Estado tiene sus propios desafíos. No obstante, es enfático al asegurar que aunque en otros países hay entorno complicado, no existe una expresión pública de estar contra los periodistas y los medios de comunicación, como en este país lo hacen Maduro y sus funcionarios.

La hecatombe económica que vive el país también condiciona y limita el trabajo periodístico, pues también se trabaja en medio de plantillas que han tenido que hacer medios de comunicación. Esto, aunque de por sí se ha evidenciado una reducción en el numero de personas que hacen periodismo.

«Muchos medios están dando pérdidas, entre ellos canales de televisión y la radio. No hay muchos anunciantes. Esto puede ser mucho más grave una vez que termine la pandemia o con su avanzar. A eso se le suma que los periódicos han cerrado o reducido su personal para mantenerse en la web. Hay una reducción importante del músculo. Sin embargo, hay ahora muchas plataformas y medios que utilizan distribución de información de internet», agrega Correa

Decir que los meses que van de 2020 han sido los peores para la libertad de expresión dependerá de la perspectiva que se analice, dice el representante del CNP. Cárdenas explica que aunque en este semestre han cerrado varios medios, desde este matiz no se puede hacer tal afirmación porque en años anteriores muchos más medios han cesado sus funciones.

No obstante, indica que desde las violaciones a la libertad de expresión y las agresiones a periodistas y medios de comunicación, «podríamos afirmar es uno de los más difíciles porque en apenas la mitad del año estamos hablando de 201 agresiones«, en medio de un confinamiento producto de la pandemia por coronavirus. «Con esta situación que atravesamos, nos encontramos con un incremento de violaciones a la libertad de expresión», afirma Edgar Cárdenas, presidente de la seccional Caracas del CNP.

Igualmente, Cárdenas concluye que «en Venezuela no se respeta ni se garantiza el derecho a la libertad de expresión y, en el período de la cuarentena, se ha establecido un protocolo de actuación, cercenando el derecho a la información, legitimando la censura y criminalizando la opinión; conductas que no son propias de los regímenes democráticos«.

Por su parte, la vocera de IPYS aclara que al inicio de este año hubo un registro importante de incidencias que terminaron en agresiones hacia periodistas, la mayor parte se produjo durante la cobertura a representantes de la oposición. Asimismo, también señala que ha sido en el periodo de cuarentena que han aumentado las restricciones, a pesar de que el ejercicio de periodismo de calle no se ha ejercido con libertades.

Alvarado indica que en comparación al año anterior el número de denuncias por agresiones es menor; baja relacionada con el contexto en el se encuentra el país, pues en 2019 la nación atravesó un momento político de mucha relevancia que además sirvió para identificar patrones bajo los cuales se ejercen agresiones.

Al patrón de agresiones que el régimen de Maduro mantenía -agresiones cuando ocurren hechos de movilización-, a raíz de la llegada del coronavirus este 2020 se sumó con mayor agudeza el de la persecución judicial.

«Para IPYS siempre ha sido motivo de preocupación el hecho de que los mecanismo de control continúen incrementándose. Nos encontramos en un ecosistema de medios cada vez más deteriorado. Primero se inició con la televisión luego se veían cercenados en la radio. En 2018 destacó la escasez del papel y desde 2019 hemos visto como en los espacios digitales se ha reforzado la censura«, agrega.

Retos para informar
Carlos Correa, director de Espacio Público, considera que el reto que tienen los periodistas venezolanos es avanzar y cree que todo esto podría ser posible con las dinámicas colaborativas. Destaca que otro factor importante es mantener mecanismo de reacción y solidaridad con colegas frente a las agresiones, que cada vez son más recurrentes.

«Hay desafíos muy grandes, pero gran parte de la sociedad tiene una valoración relevante por esto. Aunque también tienen los propios retos que les impone la realidad del país como el de garantizar su alimentación, servicios y calidad de vida mínima. El desafío es mantenerse vigentes para público y los lectores», sostiene.

Edgar Cárdenas añade que los periodistas deben apegarse al Código de Ética, al marco jurídico vigente y hasta a los instrumentos supranacionales en materia del ejercicio de la libertad de expresión para cumplir con su labor que es informar.

Igualmente, Cárdenas sostiene que ante cualquier agresión contra los trabajadores de la prensa, la primera acción debe ser la denuncia para que sea elevada a las organizaciones respectivas, de manera que en el mundo se conozcan los hechos que acontecen en Venezuela y se puedan establecer las garantías de obligatorio cumplimiento, a través de las distintas vías que existen para ello.

Pese al complicado escenario en el que llega la conmemoración del Día del Periodista, IPYS es enfático al asegurar que hay razones para ser optimistas y celebrar el hecho de que pese a las restricciones, en la nación se cuenta con periodistas que mantienen los objetivos claros: informar con verdad y responsabilidad.

«Hemos podido ver nuevas maneras de informar, contrarrestar los efectos de los mecanismo de censura e incluso la crisis de los servicios públicos como el de la electricidad», agrega. Al mismo tiempo, recomienda a los trabajadores continuar ejerciendo periodismo colaborativo, no dejarse llevar por informaciones que circulan en redes sociales y asesorarse en temas de protección de datos y seguridad digital, y lo principal: no permitir que la autocensura, por miedo, le haga el juego a los factores de poder.

Colapso en los hospitales, corrupción generalizada y un populista obsesionado con la cloroquina son los elementos que tienen a este país en jaque

Por Julia Leite, Simone Preissler Iglesias, Martha Viotti Beck y Ethan / Infobae

Durante una tarde reciente en São Luís, capital del estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, Hosana Lima Castro se sienta en una endeble silla de plástico frente a su casa mientras los perros olfatean baches en la estrecha calle y algunos niños del vecindario alza sus cometas al aire. El bar al otro lado de la calle, donde hace unos meses le habían disparado a un conocido suyo, fue cerrado debido a la pandemia de coronavirus.

Su trabajo en una tienda de conveniencia también se esfumó, así que Castro, de 43 años y quien comparte su modesto hogar con su padre, dos hermanos y dos de sus hijos, no ha encontrado otro lugar a dónde estar.

Aunque el nuevo coronavirus está muy extendido en el noreste de Brasil, ni ella ni su familia solían usar cubrebocas en su concurrido vecindario, donde los servicios básicos han sido descuidados a un nivel tal que incluso muchos residentes no tienen acceso a agua limpia.

El hermano de Castro, Moisés, un recolector de basura, fue el primero de su familia en enfermarse. Luego, su otro hermano, Luciano, también se contagió, seguido de su padre, Francisco, quien tiene diabetes y ha sufrido bastante luchando por mantener la respiración, además de haber padecido fiebres muy altas.

Sin embargo, nadie en la casa de Castro acudió a un hospital, un lugar que algunos en São Luís creen que hace que los pacientes estén más enfermos que cuando llegaron. “Esa sería una sentencia de muerte”, declaró Castro.

A medida que Asia, Europa occidental y partes de Estados Unidos emergen de lo que se espera sea lo peor de la pandemia, el virus en Brasil no se está desacelerando. Entre finales de mayo y mediados de junio, los casos en el país incrementaron tanto que superaron las marcas de España, Italia y el Reino Unido en muertes totales.

Ahora han sobrepasado los 51.000 decesos, la segunda cifra más alta únicamente después de Estados Unidos y también es la segunda en contagios generales, con más de 1.000.000 de infecciones confirmadas.

Actualmente, los funcionarios locales están levantando las cuarentenas a pesar del continuo crecimiento en los casos. En este contexto es concebible que, cuando la COVID-19 finalmente ceda, Brasil sea el país golpeado de manera más dura que cualquier otro en el mundo.

Las razones por las que Brasil se ha convertido en un anfitrión tan perfecto para el coronavirus son diversas y aún no se comprenden por completo. Al igual que Estados Unidos, nunca emitió reglas a nivel nacional para el distanciamiento social.

Incluso si el Gobierno hubiera querido, las reglas habrían sido imposibles de aplicar en un país de 210.000.000 de personas, que, además, cuenta con entidades incluso más grandes en territorio que Francia. Esas circunstancias dejaron que los funcionarios locales hicieran lo que les parecía más conveniente, emitiendo órdenes que a veces se contradecían.

Ciertamente, la pobreza también es parte de la imagen: en las favelas densamente pobladas que atraviesan las ciudades brasileñas, el distanciamiento social no es factible y no trabajar significa no comer, especialmente con el estado de escasez, el cual recrudece la incapacidad para proporcionar suficiente apoyo.

Esto muestra lo disfuncional que ha sido el Gobierno. El hacinamiento en los hospitales públicos es un problema desde hace mucho tiempo, el cual se combina con el presidente Jair Bolsonaro, quien llegó al poder a través de una campaña en 2018 que hizo eco de las promesas de Donald Trump sobre “drenar el pantano”.

Desde que apareció el coronavirus en Brasil a fines de febrero, Bolsonaro ha obstaculizado con frecuencia los esfuerzos para contenerlo, exigiendo que los funcionarios locales abandonen tácticas severas como cerrar negocios, despedir a un ministro de salud que presionó por una respuesta más agresiva y, en un momento, limitar la divulgación de datos epidemiológicos. Sin los números “ya no habría una historia”, dijo durante una presentación en las noticias.

Mientras que en las primeras semanas del brote, la intransigencia de Bolsonaro se parecía a lo que estaba sucediendo en la Casa Blanca, incluso Trump reconoció de mala gana la gravedad de la situación una vez que el recuento de cadáveres comenzó a dispararse. Bolsonaro, por su parte, ha ido más lejos, insistiendo en que el medicamento contra la malaria, la cloroquina, es un tratamiento efectivo y afirmando que el número de casos se está exagerado.

La oficina del presidente brasileño no respondió a las solicitudes de comentarios sobre esta historia. No obstante, en una contestación por escrito, el Ministerio de Salud de Brasil dijo que ha actuado agresivamente para evaluar a los pacientes y agregar camas de cuidados intensivos, equipo de protección y ventiladores en todo el país, gastando más de 11.000 millones de reales (USD 2.100 millones) hasta ahora.

Además, la mayoría de los líderes locales y estatales han ignorado el impulso de Bolsonaro para poner fin a los bloqueos. Brasil tiene un sistema federal y los gobernadores tienen amplios poderes sobre la salud pública. Pero su continuo rechazo de la gravedad de la pandemia ha socavado las medidas de distanciamiento en la población, mientras que la mala gestión y la corrupción en todos los niveles del gobierno han impedido que la ayuda llegue a donde se necesita.

Las consecuencias son severas. En Pará, un vasto y subdesarrollado estado vecino de Maranhão, la COVID-19 ha cobrado la vida de unos 50 por cada 100 ciudadanos, más del doble del promedio nacional. “Vi a personas llegar al hospital con familiares ya muertos en el asiento del pasajero, personas que recibieron RCP en las aceras porque los hospitales están llenos”, dijo Alberto Beltrame, secretario de Salud del estado.

Un día de abril visitó la morgue en la capital, Belém: “Había 120 cuerpos, dispersos por todas partes. Es algo que verías en una guerra. A medida que la propagación del virus continúa, Brasil puede estar convirtiéndose en el peor de los escenarios posibles, un laboratorio para lo que sucede cuando un patógeno mortal y poco comprendido se propaga sin muchas restricciones”.

Y es que a diferencia de las plagas pasadas, el coronavirus se ha propagado en parte sustancial de los ricos a los pobres, con ciudades globales prósperas y bien conectadas (Milán, Londres, Nueva York) entre los primeros puntos más afectados fuera de China. La historia en Brasil fue similar. Los primeros grupos surgieron en São Paulo, la capital financiera de Brasil a principios de marzo, cuando los residentes ricos regresaron de sus viajes al extranjero.

Uno de los primeros eventos llamados superpropagadores fue la boda de una estrella de redes sociales, la cual se celebró en un resort junto a la playa en el estado de Bahía el 7 de marzo.

A esta fiesta acudió un abogado de São Paulo de 27 años llamado Pedro Pacífico, una personalidad de Instagram, con cientos de miles de seguidores para un feed dedicado principalmente a recomendaciones literarias. Se sintió mal cuando llegó en casa, imaginando que tenía una resaca, pero al descubrir que su compañero de piso había sido diagnosticado con COVID-19, Pacífico se realizó una prueba.

Él también lo tenía, al igual que 15 de sus amigos. Pero en ese momento, dice Pacífico en una videollamada, la enfermedad parecía más una molestia que una amenaza. Entonces se aisló en casa, sugiriendo la lectura de cuarentena a sus seguidores e intercambiando historias de virus con otros ciudadanos acomodados. “Fue la novedad”, dice Pacífico. “Nadie lo vio venir o siquiera pensó que sería tan malo”.

El fin de semana de la boda de Bahía, Bolsonaro estuvo en Florida, visitando a Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Los grupos de los dos líderes no tomaron precauciones reales, se dieron la mano y se abrazaron como de costumbre. La primera persona en dar positivo después de regresar a casa fue Fabio Wajngarten, jefe de comunicaciones de Bolsonaro. Como todos los que tratan con él saben, Wajngarten es lo que Jerry Seinfeld llamaría un conversador cercano con la costumbre de inclinarse cuando habla.

Cinco de las ocho personas que se sentaron a su mesa en la cena en Mar-a-Lago dieron positivo, y en total las 30 personas en el viaje se enfermaron.

Uno de ellos fue Alexandre Fernandes, de 44 años, que está desarrollando una terminal de exportación de granos en el sur de Brasil. Después de cuatro días de aislamiento en su departamento, Fernandes estaba tan débil que no podía caminar al baño.

Fue al hospital, donde lo pusieron en cuidados intensivos. “No podía levantar las sábanas en la cama”, dice. En un momento, los médicos pensaron que no lo lograría: “La enfermera tuvo que ayudarme a sostener el teléfono para que pudiera hacer una llamada de Facetime con mis hijas para despedirme”.

Incluso cuando el virus se propagó a través de su círculo íntimo, el presidente estaba enviando señales contradictorias. El 12 de marzo pidió a sus simpatizantes que cancelaran las manifestaciones planificadas para apoyar a su gobierno, pero de todos modos se presentó en Brasilia, sin máscaras y chocando los puños con los asistentes.

Más tarde ese mes, instó a los gobernadores estatales a frenar sus cuarentenas y afirmó que, a pesar de que tiene 65 años, como “ex atleta” no tenía nada que temer de la COVID-19.

Sin embargo, en esas primeras semanas, los brasileños se animaron con las acciones del ministro de Salud, un médico de 55 años llamado Luiz Henrique Mandetta, quien habló con calma a la prensa casi a diario, presentando los últimos datos y presionando a los legisladores para que compraran ventiladores y máscaras faciales.

Mandetta reconoció que el virus era una amenaza severa que solo podía ser contenida a través de medidas de distanciamiento y preparación intensiva.

También dijo que contar con tratamientos no probados, como la cloroquina —que Bolsonaro y sus partidarios promovieron fuertemente en ese momento, imitando una campaña similar de Trump— era contraproducente o incluso peligroso.

Durante una visita a un hospital temporal cerca de Brasilia a mediados de abril, Mandetta se hizo a un lado cuando el presidente se topó con una densa multitud de seguidores, algunos de ellos trepando unos sobre otros para ver mejor. Una mujer le pidió que le autografiara su camiseta de fútbol; después de que Bolsonaro la obligara, ella se inclinó y besó su mano.

En una entrevista televisiva al día siguiente, Mandetta dijo que era “claramente un error” que la gente estuviera “yendo a panaderías y mercados y en momentos tan llenos de gente”. No nombró a Bolsonaro, pero no tuvo que hacerlo. Pocos días más tarde fue despedido.

El sustituto de Mandetta, un oncólogo llamado Nelson Teich, renunció después de menos de un mes y fue reemplazado por un general. Cabe recordar que Bolsonaro es un ex oficial del ejército y ha nombrado a soldados para varios puestos importantes, aun sin experiencia médica.

Con un número de casos nacional cercano a los 300.000, el Ministerio emitió pautas que permiten a los médicos del sistema de salud pública recetar cloroquina y su droga hermana, la hidroxicloroquina, incluso en casos leves de COVID-19.

En su respuesta por escrito, el Ministerio dijo que está siguiendo “principios bioéticos” volviéndolas disponibles y que los brasileños tratados con las drogas han tenido buenos resultados. Hacia fines de mayo, Bolsonaro compartió algunas buenas noticias: Estados Unidos enviaría 2.000.000 de dosis.

La víspera del Día de San Valentín de Brasil, a mediados de junio, es una de las noches más concurridas del año en la pizzería Villa Roma, en el exclusivo distrito Jardins de São Paulo. En 2019, las mesas se reservaron con un mes de anticipación. Pero este año, el propietario, Gabriel Pinheiro, estaba solo con una máscara facial negra detrás de la barra de madera, saludando a los repartidores que llegaban al restaurante y pidiéndoles que limpiaran sus bolsas antes de hacer sus pedidos.

La ventana de dos pisos en la parte posterior, normalmente iluminada para revelar la exuberante vida en el lugar, estaba oscura, mientras que el segundo piso estaba lleno de pilas de cajas de pizza y nuevos menús simplificados que son más fáciles de limpiar que los gruesos folletos que reemplazaron.

Dirigir un restaurante en esta época del año “suele dar una sensación tan buena”, dijo Pinheiro, quien concluyó la frase con pesar: “Ahora es deprimente”.

Villa Roma ha estado cerrada para los clientes desde mediados de marzo, cuando el gobernador de São Paulo, João Doria Jr., desafió a Bolsonaro a imponer lo que se convirtió en un bloqueo de más de dos meses, aunque sólo se hizo cumplir de manera voluntaria.

El negocio se ha orientado hacia las entregas a domicilio, las cuales han ayudado al restaurante a mantenerse a flote, aunque las ventas se han desplomado a aproximadamente el 20% cerca de la bancarrota, y de 30 empleados, sólo 10 siguen trabajando.

Desesperado por reducir costos, Pinheiro renegoció su renta, solicitó a los proveedores más tiempo para liquidar facturas y asumió tareas como comprar bienes y manejar la nómina él mismo.

“Estamos a punto de alcanzar el punto de equilibrio, pero es muy difícil”, dijo. “Cada vez más restaurantes están cerrando y el Estado no está haciendo nada”.

Pinheiro es relativamente afortunado. A nivel nacional, los restaurantes y bares habían despedido a más de 1.2 millones de trabajadores a principios de junio, según la asociación de la industria Abrasel. El presidente de la organización en São Paulo, Percival Maricato, dice que si bien alrededor del 80% de los propietarios trataron de obtener financiamiento para ayudarlos, la gran mayoría no tuvieron éxito.

Se supone que los bancos deben proporcionar una gran cantidad de efectivo (el gobierno de Bolsonaro recientemente redujo los requisitos de reserva para darles más espacio para prestar), pero la burocracia, las demandas de garantías y las altas tasas han impedido que las empresas lo obtengan. Muchos restauranteros simplemente se han quedado sin dinero.

A diferencia de Estados Unidos y Europa, el Gobierno brasileño no ha podido proporcionar mucha ayuda directa a empresas o individuos. Las finanzas públicas estaban en graves problemas incluso desde antes la pandemia, derivado de décadas de gastos excesivos por parte de los políticos de todas las tendencias ideológicas y los efectos persistentes de una severa recesión en 2015 y 2016.

Asimismo, el número de empleados públicos se ha más que duplicado en las últimas tres décadas. A algunos se les paga casi el doble que el personal equivalente en el sector privado y reciben paquetes de jubilación descomunales, aunque Bolsonaro logró aprobar una controvertida reforma de pensiones el año pasado, por lo que ese tipo de gastos no dejan mucho para necesidades esenciales como la atención médica.

La pieza central de la respuesta económica de Bolsonaro a la COVID-19 es un estipendio mensual de 600 reales para la gran cantidad de trabajadores informales de Brasil, lo que representa la mayor parte de los aproximadamente 400.000 millones de reales gastados en apoyo de emergencia hasta el momento.

Cabe decir que el Gobierno también ha utilizado un fondo de seguro para pagar a los empleados sin permiso y ha otorgado préstamos de emergencia a los estados.

En este contexto, el estipendio, recientemente fue extendido para que se ejecute por cinco meses y recibió elogios, pero poco más de la mitad del salario mínimo no es suficiente para que muchos ciudadanos sobrevivan, especialmente en las grandes ciudades.

Por otra parte, los desembolsos también se han retrasado por problemas que incluyeron fallas en los sistemas informáticos y la escasez de facturas por pagos en efectivo.

Bolsonaro ha argumentado en discursos y en las redes sociales que con millones de brasileños ‘viviendo de la mano a la boca’, una recesión prolongada será más mortal que el virus y la única solución es reiniciar rápidamente la economía.

Eso no está realmente en su poder, pero sus pronunciamientos aún tienen un efecto significativo en la voluntad de las personas de soportar y cumplir con las restricciones actuales. “Tiene alrededor del 30% de las personas que aún lo apoyan y están influenciados por sus decisiones”, dice Doria, el gobernador de São Paulo.

Una vez aliados, él y Bolsonaro ahora están en desacuerdo, en parte debido a las críticas del presidente a la decisión de Doria de cerrar el estado que tiene más de 45.000.000 de personas. “Si él no usa una máscara, ¿por qué deberían seguirlo los pobladores?”, pregunta Doria. “Su insistencia en abrir la economía es otra capa de presión”.

São Paulo comenzó a levantar sus restricciones de cierre el 1 de junio, permitiendo gradualmente la reapertura de los minoristas y otras empresas, aunque los restaurantes y parques aún están fuera de los límites.

Los expertos en salud están preocupados porque en Brasil todavía es demasiado pronto como para experimentar un nuevo brote de COVID-19. La cantidad de personas en cuidados intensivos ha disminuido, pero los casos y las muertes continúan creciendo, particularmente en las áreas rurales que se salvaron en el principio.

“Reabrir ahora es un gran error”, dice Pedro Hallal, decano de la Universidad Federal de Pelotas, quien coordinó un estudio a gran escala de cuántos brasileños han estado expuestos al coronavirus.

De acuerdo con su análisis, se estima que medio millón de personas en Río de Janeiro tienen anticuerpos, 10 veces el número de casos oficiales, y que las tasas en algunas ciudades del noreste son mucho más altas. “Es como si dijéramos: ‘Salgamos y veamos solo qué tan malo puede ser el virus’”, sentencia.

En el distrito de la clase trabajadora de Nova Iguaçu, a 40 minutos en auto de las relucientes playas de Río, hay un sitio de construcción justo al lado de una iglesia evangélica, entre una academia de fútbol y una escuela de aviación. Se suponía que el edificio sería un hospital temporal para pacientes de COVID-19, y el Gobierno estatal había anunciado su apertura en mayo.

Pero un periodista de Bloomberg Businessweek que lo visitó en junio encontró que estaba lejos de terminarse, sin signos evidentes de construcción en curso y mucho menos pacientes.

Sin embargo, eso no había impedido que alguien tapizara un muro del sitio con carteles que promocionaban los esfuerzos de respuesta del gobierno COVID-19. “No estaba listo cuando más lo necesitábamos”, dijo Auria Almeida, una mujer de mediana edad que estaba parada a la sombra cerca.

La instalación parecía haber causado poca impresión en los lugareños. Un adolescente que vendía naranjas en una esquina de la calle nunca había oído hablar de eso. Mientras esperaba en la fila de una tienda de autopartes, un hombre llamado Fabio Carvalho dio por sentado que los fondos para el hospital habían sido malversados. “El dinero se ha ido por todas partes”, dijo.

La historia en Nova Iguaçu se ha replicado en ciudades de todo el país, con hospitales temporales prometidos que se encuentran meses inacabados o no equipados en la pandemia. Los desafíos para ponerlos en funcionamiento son un recordatorio de que de todas las desventajas de Brasil en la lucha contra la COVID-19, la corrupción, y las fallas relacionadas con el Estado en la entrega de proyectos esenciales, son las más desalentadoras.

Luiz Inácio Lula da Silva, quien se desempeñó como presidente de 2003 a 2010, fue encarcelado por cargos derivados de la Operación Lava Jato, una investigación en expansión sobre el soborno que involucra a la compañía petrolera estatal, Petrobras.

Bolsonaro, quien se comprometió a limpiar los escándalos asociados con Lula y su sucesora, Dilma Rousseff, se vio envuelto en acusaciones de que intentó evitar que la policía federal investigara a su familia. En este contexto, tanto el presidente actual como el anterior niegan haber actuado mal.

No es sorprendente que la repentina necesidad de Brasil de más máscaras, batas, ventiladores y camas de hospital, ya complicada por la escasez mundial del mismo equipo, fue aprovechada por burócratas y políticos que buscaban ganar algo de dinero extra.

La policía en varios estados está investigando el posible uso indebido de fondos, los pagos excesivos por suministros que nunca llegaron y la entrega de contratos para empresarios políticamente conectados.

Funcionarios de salud en los estados de Pará y Río de Janeiro han sido despedidos, mientras que los legisladores en este último están tratando de expulsar al gobernador Wilson Witzel por sospechas de que usó contratos hospitalarios para llenarse los bolsillos. Witzel, por su parte, dice que las acusaciones tienen motivaciones políticas y que no hizo nada malo.

Brasil no tiene recursos médicos para manejar esta epidemia que todavía se está expandiendo y mucho menos una segunda ola de casos. Para empeorar las cosas, julio, agosto y septiembre son meses de invierno en el hemisferio sur, lo que podría generar un aumento aún más rápido de las infecciones.

Los investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro estiman que los casos podrían llegar a 1.4 millones antes de finales de junio, lo que elevaría el número de muertos a casi 60.000. A mediados de julio, dice el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Brasil superará a Estados Unidos en muertes per cápita.

“Todavía nos quedan muchos meses”, dice Julio Croda, un epidemiólogo que anteriormente trabajó en la vigilancia de enfermedades infecciosas en el Ministerio de Salud de Brasil. “Lo que es triste de ver es que la curva aún se está inclinando”.

El crujido de la credulidad
Todo se mueve, tiembla, no sé si el edificio –que cruje y se retuerce– se sostendrá en pie, pienso en mis hijos –¿pienso?–, los cuadros de la habitación se caen, los adornos sobre las mesas se van desplomando uno tras otro, los portarretratos estallan sus cristales contra el piso, el horripilante sonido sólo me advierte que lo que sucede es absolutamente anormal, que mi vida y la de Ana Carlota (mi esposa), que me observá con pánico mortal, penden de un precario e incierto hilo, tiembla, mi incredulidad se agrava cuando veo que Ana se tambalea sin control mientras intenta acercarse a mí.
¡Coño! ¿Moriremos?

El prodigioso profesional sin edad
Tiembla…, sí, sigue temblando, el tiempo no se detiene tampoco el temblor, me entrevista José Miguel Ferrer del periódico digital El Diario, comenzando el diálogo –antes del temblor– le pregunto su edad y me responde que tiene 22 años, es joven pero su aplomo me impresiona, sorprende lo informado que está, sus preguntas no son convencionales, inquiere mis pensamientos –¿pienso?–, no se conforma con respuestas fáciles, reclama más, conoce secretos, también anécdotas, sabe que hay cicatrices y también heridas abiertas. De pronto, me percato y le digo: “¡Está temblando!” Con un profesionalismo prodigioso me recomienda que paremos la sesión: “¡Resguárdese!”
¿Dónde?

El columpio entre el quiebre y el derrumbamiento
Estoy en el piso 19 de un edificio con bases hidráulicas, bases que establecen que los cimientos se columpien aún más de lo normal para proteger a la edificación del quiebre y el derrumbamiento, en México la mayoría de las nuevas edificaciones están construidas de ese modo desde el mortal terremoto de 1985, en el que miles de mexicanos perdieron la vida y centenares de miles quedaron en orfandad total. Tiembla, tiembla todo, Ana Carlota no logra acercarse a mí, se golpea contra las paredes, su rostro de incredulidad a un tiempo me aterra y conmueve, no quiero que sufra, no quiero que tenga miedo, pienso –¿pienso?– ¡cuánto la amo! Hasta en el preámbulo de la muerte el amor prevalece.
¿Hasta que la muerte nos separe? ¿La muerte?

Atajar el amor mientras tiembla
Sé que no voy a morir; no es un presentimiento, es una convicción. No moriré. Lo sé. Busco a Ana y logró atajarla entre mis brazos, me pregunta cuál es la zona más segura para resguardarnos, le respondo que en uno decimonoveno piso ninguna. Hablamos de salir a las escaleras, antes tomo impulsivamente mi computadora –¿pienso?– ahí está todo lo que soy, abro la puerta y nuestros vecinos de temblor gritan y lloran aterrorizados. Tiembla, sigue temblando, el edificio se columpia espantosamente y cruje más fuerte, sólo se espera el quiebre y la caída, pero yo sé que no se caerá, un señor menciona que la zona más segura es donde estamos, lo confirmo con un letrero verde ubicado entre los dos ascensores del que no me había percatado. La urgencia me despabila.
¿Y las escaleras?

La serenidad contagiosa del que sabe
El señor que nos había indicado cuál era la zona más segura nos advierte que bajar las escaleras –mientras tiembla, mientras sigue temblando– era muy peligroso, lo explica técnicamente. Su serenidad contagia. Le pregunto a uno de los vecinos si su perro –que estaba entre nosotros– había reaccionado al temblor, me explican que sí, que se había inquietado antes de sentirse el primer ramalazo sísmico. Advierto que ya no tiembla, lo comento. Es momento de bajar. El señor confirma que es el momento, pienso –¿pienso?– vendrá una réplica, hay que apurarse. Bajamos trastabillando. Llegamos sanos y salvos a las calles repletas de gente atemorizada. Me doy cuenta que ahora soy yo el que tiembla, no paro de temblar. Escribo un tuit y me voy a escribir la experiencia. Acabo de terminar. Han pasado dos horas. Estoy vivo, pienso: hay que seguir la lucha en Venezuela.
¿Se acabó el temblor?

Según el presidente colombiano: “El caso de Venezuela, la información es nula, entonces es prácticamente un albur todo lo que ocurre allá porque no hay buenas capacidades hospitalarias».

PANORAMA

Venezuela es una bomba de tiempo para la salud pública, dijo el viernes a Reuters el presidente de Colombia, Iván Duque, al destacar al vecino país como un riesgo adicional en los intentos de su gobierno por contener la pandemia del coronavirus a pesar de más de tres meses de aislamiento y esfuerzos económicos.

El gobierno de Duque no reconoce al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como el líder legítimo de su país y acusa regularmente al mandatario socialista de albergar bandas criminales y rebeldes de izquierda.

Colombia, que tiene casi 80.600 casos confirmados de coronavirus y más de 2.600 muertes, se convirtió en los últimos años en el principal destino para miles de venezolanos que huyen de la crisis social y económica de su país.

La frontera de 2.219 kilómetros entre los dos países, que casi siempre permanece cerrada, es notoriamente porosa con cientos de cruces ilegales.

Venezuela solo ha reportado 4.600 casos de coronavirus y 39 muertes.

“El caso de Venezuela, la información es nula, entonces es prácticamente un albur todo lo que ocurre allá porque no hay buenas capacidades hospitalarias, no hay buenas capacidades epidemiológicas, hace mucho tiempo no se hacen programas serios de inmunización”, dijo Duque en una entrevista con Reuters en el palacio presidencial.

“Entonces por su puesto yo creo que Venezuela es desde el punto de vista de salud pública una bomba de tiempo”, precisó.

Maduro sostiene que su país ha manejado el brote mejor que otras naciones latinoamericanas y dijo que la mayoría de los casos se pueden rastrear a los emigrantes que regresan de Colombia y Brasil.

Pero los médicos denunciaron que no hay suficientes camas ni suministros hospitalarios, un uso limitado de mascarillas en espacios públicos y la utilización de hoteles de bajo presupuesto para poner en cuarentena a los pacientes con covid-19.

Y por el lado de Brasil

Colombia también comparte una frontera amazónica con Brasil, que ha registrado más de 1,2 millones de casos y casi 55.000 muertes, incluso cuando el presidente Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la pandemia.

El mes pasado, Colombia aumentó la militarización en su frontera con Brasil para impedir el tránsito por los cruces informales y la posible propagación de covid-19, después de que el departamento de Amazonas, escasamente poblado, registró un aumento de los casos.

Pese al elevado número de casos en Brasil, Duque destacó que ese país “tiene una institucionalidad mucho más confiable, más creíble” y los gobernadores trabajan coordinadamente con las autoridades nacionales haciendo pruebas para detectar el virus y adoptando medidas para contenerlo.

Duque aseguró que las medidas de aislamiento preventivo que comenzaron en marzo le han permitido a Colombia mantener controlada la curva con menores tasas de muertes y de contagio por cada millón de habitante comparativamente con Estados Unidos, Europa y otros países de América Latina.

El mandatario dijo que los nuevos casos se concentran en un número reducido de municipios y las muertes en mayores de 60 años.

Duque reveló que al comienzo de la pandemia el país tenía 5.400 unidades de cuidados intensivos y que ha logrado aumentar la cantidad de ventiladores para llegar próximamente a 10.000 y así robustecer la capacidad hospitalaria.

“Colombia tiene un comportamiento muchísimo mejor al de la región, muchísimo mejor al de países desarrollados y también con un elemento y es que está fortaleciendo su capacidad de unidades de cuidados intensivos”, explicó.

Entre los gastos en programas sociales y atención médica, garantías de crédito del Gobierno y los esfuerzos de liquidez del Banco Central, el país está destinando el equivalente al 11,3% del Producto Interno Bruto para atender la pandemia, dijo el mandatario.

Duque aseguró que la economía colombiana, fuertemente golpeada por la pandemia, está funcionando alrededor de un 90%, y aseguró que la mejor medida para contener el coronavirus es el buen comportamiento ciudadano porque “un país no puede estar encerrado indefinidamente” al tiempo que insistió en que “vamos a tener que convivir con esta pandemia por lo menos un año”.

A la creciente preocupación por el coronavirus, que mantiene en alerta a la toda región, en las últimas horas se sumó un nuevo problema para Argentina, Brasil y Uruguay. Una “nube” de langostas, que se encuentra en el norte argentino, ya está a apenas 150 kilómetros de territorio uruguayo y amenaza también al gigante sudamericano, que declaró la emergencia fitosanitaria en dos de los estados del sur del país.

Por: Infobae

La manga que generó la alerta entró a Argentina a finales de mayo procedente de Paraguay y, según señaló el Gobierno brasileño, está compuesta por langostas de la especie Schistocerca cancellata, que pueden recorrer hasta 150 kilómetros por día y que, en millones de ejemplares juntos, pueden arrasar con cultivos de cereales, pastos y otras gramíneas.

Esa especie provocó varias infestaciones en 1938, 1942 y 1946, con focos originarios de Argentina que entraron en la región sur de Brasil y afectaron a los estados de Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y Minas Gerais. En la época provocaron grandes pérdidas, especialmente en cultivos de arroz.

La “nube” avanza de acuerdo con las condiciones favorables que encuentran en el camino, como el clima cálido y seco, el viento y la comida, condiciones que están presentes en Río Grande do Sul, uno de los estados de Brasil que declaró la alerta.

Kátia Matiotti, entomóloga y taxonomista especializada en langostas; Marcos Lhano, biólogo especializado en langostas; y Carlos Goulart, jefe del Departamento de Salud e insumos vegetales y agrícolas de la Secretaría de Defensa Agrícola del Ministerio de Agricultura de Brasil, señalaron, en diálogo con el portal brasileño UOL, que el insecto, de la especie Schistocerca cancellata, se considera migratorio y, al mismo tiempo, se caracteriza por formar “bandadas”.

Otra de sus características es que viven en manada y terminan formando “nubes” para buscar alimento y facilitar su reproducción. Los machos miden 4 centímetros y las hembras son más grandes: 6 centímetros. Los adultos tienen una enorme mandíbula, capaz de devorar una rama en segundos. Se alimentan de cualquier tipo de verduras que encuentren en su camino pero no atacan a seres humanos ni a animales.

En cuanto a cómo se establece una “nube” como esta, una de las razones que más incide es el factor climático: el clima cálido y seco facilita su formación. Otro motivo es la eliminación de los enemigos naturales de las langostas, como pájaros, ranas, hongos y bacterias, en parte explicado por el uso indebido de insecticidas.

Brasil declaró la emergencia fitosanitaria

El Gobierno brasileño declaró la emergencia fitosanitaria en dos de los estados del sur del país ante el riesgo de que sus plantaciones sean atacadas por la “nube” de langostas que se encuentra en el norte de Argentina y pese a que inicialmente se prevé que avance hacia el sur de ese país.

El decreto del Ministerio de Agricultura que declara la emergencia en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, fronterizos con Argentina y Uruguay, fue publicado en la madrugada de este jueves en el Diario Oficial de la Unión.

La medida, con vigor por un año, le permite al Gobierno implementar un plan para la eliminación de la plaga, importar defensivos agrícolas, contratar brigadas para el combate al insecto y adoptar otras medidas de emergencia para proteger las áreas agrícolas de ambos estados, importantes productores de cereales.

El Ministerio decidió anticiparse y poner en marcha un plan para enfrentar la plaga y adoptar medidas de control tras haber dicho el miércoles que permanecía en “situación de alerta” pese a que la previsión inicial es que la manga de langostas avance hacia el sur de Argentina o hacia Uruguay.

La situación en Uruguay

El ministro de Agricultura, Carlos Uriarte, afirmó que el gobierno de Luis Lacalle Pou también está alerta y pidió a los productores denunciar inmediatamente en caso de detectar langostas.

“Esa nube de langostas, que tiene 10 kilómetros de largo por 3 de ancho, está a 150 kilómetros de la frontera. Eso podría determinar, por cálculos probabilísticos, que podría estar llegando al Uruguay. Ya cruzó el río Paraná y en un día recorrió en Argentina con viento a favor 140 kilómetros”, subrayó Uriarte, según declaraciones recogidas por Subrayado.

“La probabilidad de que alcance (Uruguay) existe pero debido a los pronósticos que manejamos de dónde van a estar los vientos, las heladas y el frío que se anuncia además de las lluvias, consideramos que si bien hay posibilidades, es poco probable que llegue en la misma dimensión en que está en Argentina”, concluyó.

El Dr. Julio Castro, asesor de la Asamblea Nacional (AN) en materia epidemiológica, condenó en Twitter que las autoridades sanitarias del régimen chavista de Nicolás maduro prefieran vestir con trajes de bioseguridad a barrenderos en jornadas de desinfección, que a los médicos que tratan a los contagiados en los centros de salud.

lapatilla.com

“Las medidas de limpieza de calle tienen CERO impacto sobre la transmisibilidad, pero tienen ALTO impacto sobre la opinión pública, hay que enfocarse en lo que si ayuda”, demandó Castro en un tuit.

Posteriormente, el especialista negó que desinfectar las calles tenga algún riesgo para los funcionarios de limpieza.

El pasado martes 22 de junio, el Colegio de Médicos del estado Zulia, la región más afectada por la pandemia en Venezuela, exigieron a través de un comunicado la dotación de insumos y mecanismos de barrera.

En las imágenes, presentadas por la propaganda del régimen de Maduro y reproducidas en Twitter por la periodista Naky Soto, se aprecian los cuidados y el rigor durante la desinfección pública, una medida que exigen los trabajadores del sector salud en sus instalaciones.

las medidas de limpieza de calle tienen CERO impacto sobre la transmisibilidad, pero tienen ALTO impacto sobre la opinión pública, hay que enfocarse en lo que si ayuda . https://t.co/KyHIq5RIm2

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) June 26, 2020