La manera como ha abordado el ejecutivo nacional la problemática en torno al tema del combustible, confirman una vez más lo distanciado que éste se encuentra de aquel principio establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fundamenta nuestra democracia en la idea de la participación protagónica del pueblo. De hecho, resulta bastante contradictorio, que mientras, en muchas oportunidades el gobierno ha demostrado ser muy receptivo con las organizaciones políticas de oposición, al punto, de sentarse a debatir con aquellos partidos políticos que ellos mismos han denunciado de querer quebrantar la paz social del país, no se actúe de la misma manera con la clase trabajadora y con las organizaciones sociales de base, a quiénes se les excluye del diálogo y por ende en la toma de decisiones importantes que buscan satisfacer las necesidades de la población.
Por: Ramón Álvarez | Aporrea
En otras oportunidades, hasta los hemos visto reunidos en cadena de radio y televisión con sectores empresariales, muchos de ellos, encargados de pulverizar nuestra capacidad de ahorro, sin embargo, en reiterados momentos han insistido en ello. Claro, no es mi intención reprochar estos actos ya que no concibo la política desde una óptica sectaria, por lo tanto, entiendo que el debate debe ser una constante con todos los sectores que conforman la sociedad; pero lo que sí no dudo en cuestionar, es cómo un modelo político que se autoproclama como obrerista, socialista y revolucionario, que además llegó al poder con la promesa de hacer una ruptura de orden, haga a un lado el protagonismo de un pueblo que ha sido fuertemente golpeado por la actual crisis y mantenga en vigencia un modelo de democracia para las élites.
A nivel del discurso todo pareciera marchar de mil maravillas, pero en el campo real de la acción el gobierno recurre una y otra vez a decisiones que en nada alivian la situación socioeconómica q estamos atravesando y, pese al fracaso de éstas, no optan por corregir sus métodos mezquinos. La excusa a todo el desastre que vivimos desde la llegada del gobierno de Nicolás Maduro, ha sido siempre la misma, la guerra económica, y ahora se le suma el accionar delincuencial del gobierno de Trump, en cuanto a esta última, claro que, desde todo punto de vista resulta inaceptable y repudiable las medidas asumidas por estos racistas de la casa blanca, pero también es cierto que acá tenemos una realidad a la vista que no puede ocultarse, y es que la corrupción y la impunidad campante han generado grandes estragos en la población en el plano cultural, y es aquí donde más deberíamos preocuparnos en sí que el mismo hecho de la crisis económica. La pérdida de valores y el deterioro cultural que estamos viviendo, nos deja socialmente en terapia intensiva, consecuencia que hará difícil en el futuro la reconstrucción del país.
Son muchos los motivos que nos llevan a pensar que, para el gobierno, el pueblo organizado es solo un eslogan, el cual cuenta con una participación muy limitada dentro de este proceso político, destinada básicamente a hacer bulto en los mítines y eventos del partido y en la movilización al momento de un evento electoral. Finalmente, estos mandatarios con sus hechos terminan siendo partidarios de la idea de ser los gobernantes y nosotros los gobernados, manteniéndose intacta esa jerarquización egoísta del poder, dónde ¡la democracia se encuentra cooptada por las cúpulas políticas!
Simplemente para estos gobernantes el pueblo está de sobra, ellos lo tienen claro, y es que no me cabe la menor duda, que de haber participado el pueblo en estas recientes medidas acerca del tema del combustible, no se hubiese avalado la dolarización paulatina del mismo. Si bien es cierto que era necesario el aumento de la gasolina debido al precio irrisorio de ésta, jamás puede aceptarse que buena parte del combustible se expenda al valor de medio dólar por litro, cuando el sueldo mínimo en este país no llega a los tres dólares por mes; y es que, hasta el mismo precio que se ha fijado por subsidio resulta bastante importante cuando se compara con el salario mínimo que devenga un trabajador en este país.
Es evidente que este incremento va a golpear el bolsillo del pueblo trabajador y va a agravar más la situación económica que venimos atravesando, al aumentar el alto costo de la vida, y es que a pesar de que la medida establece un subsidio total tanto para el transporte público como al de carga, hay que destacar, que en el país se ha instaurado una práctica especulativa tanto en el comerciante como en los otros sectores prestadores de servicios, quiénes viendo la fragilidad de las instituciones responsables de hacer seguimiento en estos asuntos, no pierden la oportunidad, por cualquier motivo, de atacar la capacidad de compra del pueblo.
¿A qué le temen estos gobernantes? ¿por qué no abren el compás de la participación con los sectores más perjudicados por la crisis? Realmente, son muchas las cosas que tienen por explicar, como por ejemplo: ¿Qué fue lo que hicieron con PDVSA, que al día de hoy tengamos que depender de cinco barcos iraníes y recibirlos con bombos y platillos?; ¿por qué tenemos que depender de insumos importados para la refinación del combustible cuando acá tenemos una industria petroquímica que pudiera generarlos?; después de la experiencia vivida con el paro petrolero del 2002 ¿cómo un gobierno con más de veinte años en el poder, ha llevado a un país exportador de petróleo a la penosa situación de importar combustible para cubrir con su demanda interna?
Hay que resaltar que esto ya venía ocurriendo desde hace un buen tiempo atrás producto del descuido de las refinerías; en vista que se han dado los pasos iniciales para la dolarización de los precios del combustible ¿terminarán del mismo modo dolarizando los salarios?; ya ajustado tanto el precio de la gasolina como el de los alimentos ¿se pondrán a derecho con lo establecido en el Artículo 91 de la Constitución Nacional?, el cual establece que: Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.
Cuando nos detenemos a leer ese artículo 91 de la Constitución, resulta indudable pensar en la responsabilidad directa de este gobierno en el deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora, al no brindar y proteger un salario digno. Pero, además, por lo incompetentes que han sido en el resguardo y en el mantenimiento de los espacios estratégicos que están a su alcance encargados de prestar servicios públicos, lo que ha repercutido en la deficiencia y deterioro de éstos, agravando más el caos social.
Me refiero específicamente en: los suministros de agua potable, energía eléctrica y gas doméstico, el transporte público, la salud pública y la inseguridad social, problemas centrales que han convertido a nuestra Venezuela en una bomba de tiempo. Ante esto, es importante tener claro que el fracaso no se debe por la implementación del modelo económico socialista, tal como lo hace ver la burda oposición entreguista de Güaido y otros frentes políticos.
Realmente, el fracaso se debe a una dirigencia política que decidió divorciarse de sus ideas enarboladas, perdiendo toda orientación y reforzando la política corrupta heredada del pacto de punto fijo. De tal manera que, ante este escenario, será muy importante la sinceración que haga el pueblo de todo esto, al no claudicar a la idea original del bolivarianismo y de la revolución social, identificando claramente, que acá en Venezuela es completamente falso que tengamos tanto un Presidente obrero como un gobierno revolucionario; y mucho menos pensar que, acá se estén sentando las bases para la construcción del socialismo. Una vez ésto esclarecido, lo fundamental será la unidad y la acción comprometida de los distintos frentes que quieran trabajar por una mejor Venezuela bajo los principios de la participación ciudadana, la justicia y la igualdad social. ¡Claro que es posible!
