Bernardo Ramírez Blanco, hermano de Marta Lucía Ramírez, fue condenado a 57 meses de cárcel en los noventa por conspirar para ingresar heroína a Estados Unidos con mulas. “De estos hechos he dado cabal información a las personas que (…) debían conocerlos”, dice la vicepresidenta. Esta es la historia.
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Bernardo Ramírez Blanco, hermano de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Esta información, que permaneció oculta por más de 20 años, la acaba de revelar el portal La Nueva Prensa y consta en documentos públicos del sistema judicial de EE.UU., que dan cuenta de su captura en julio de 1997 y de las pruebas en su contra. El 27 de enero de 1998, el hermano de la alta funcionaria colombiana aceptó el cargo de haber conspirado para introducir heroína a EE.UU. desde la isla de Aruba. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida lo condenó a 57 meses de prisión.
La DEA (Drug Enforcement Agency), una agencia que la vicepresidenta hoy conoce bien por su cercano trabajo con Colombia, dio con las acciones ilegales de Bernardo Ramírez a través de otros dos colombianos que hicieron de correos humanos para meter heroína a Estados Unidos por el aeropuerto de Miami en julio de 1997. Así lo contó el agente Shaun Perry, quien para entonces llevaba apenas un año trabajando en la unidad de High Intensity Drug Trafficking Area de Florida, cuando una fuente humana con la que ya había trabajado le contó que Alejandra Vargas Osorio y Miguel José Aguilera llegarían en los próximos días desde Aruba con una carga de heroína en sus estómagos.
Los agentes de la DEA estuvieron pendientes de las listas de pasajeros que llegaban de Aruba por dos días seguidos sin mayor éxito, hasta que, el 16 de julio, su fuente lo contactó de nuevo y le dijo que Vargas y Aguilera ya habían llegado a Miami. Las autoridades llegaron hasta la casa de Vargas, donde Aguilera admitió al cabo de un rato haber ingerido grandes píldoras de heroína para ingresarlas a territorio estadounidense. Fueron arrestados. A ambos les hicieron rayos equis, que revelaron la presencia en su cuerpo de la sustancia psicoactiva y que luego expulsaron mientras estaban hospitalizados. En total, habían ingerido 65 píldoras entre los dos y llevaban otras 30 en la maleta de Aguilera. Dos días después, ambos aceptaron cooperar con la justicia.
El rol de Bernardo Ramírez
Allí surgió el nombre de Bernardo Ramírez, el hermano de la vicepresidenta. Según los dos capturados, fue él quien los condujo a Aruba por la heroína y a quien deberían contactar en Miami para que les recibiera la droga, una vez llegaran a Estados Unidos, según reza en la acusación en contra de los tres. Fue entonces que la DEA planeó una entrega controlada de heroína y le pidió a Alejandra Vargas llamar a Ramírez Blanco para cuadrar un encuentro, como si todo anduviera según lo planeado con la organización criminal para la que trabajaban. No obstante, Ramírez Blanco no contaba con que todo lo que dijo e hizo estaba siendo monitoreado.
Ese 18 de julio, Vargas llamó varias veces a Bernardo Ramírez. “Durante estas conversaciones, Vargas y Ramírez hablaron de establecer un lugar de reunión para que Vargas entregara la heroína a Ramírez y cuánto se le pagaría a Vargas por sus esfuerzos”, reza el indictment (acusación) contra Ramírez. Acordaron, entonces, que el encuentro sería en el exclusivo centro comercial Aventura, al norte de Miami, a donde ambos llegaron sobre las 7:52 de la noche. Mientras Ramírez Blanco pensaba que iba a terminar con normalidad su transacción de drogas, al lugar llegaron también agentes federales que, de nuevo, escucharon todo lo que dijo.
Vargas le dijo a Ramírez Blanco que la acompañara a su auto porque tenía la heroína allí. Caminaron con tranquilidad hasta el parqueadero y, una vez la maleta con la droga estuvo en manos de Ramírez, los agentes de la DEA hicieron presencia en el lugar, lo capturaron y tres días más tarde lo llamaron a juicio por tres delitos de narcotráfico. El nombre de la alta funcionaria colombiana quedó registrado unos días después, el 24 de julio, cuando Marta Lucía Ramírez, quien para entonces era presidenta de Invercolsa, se presentó en la Corte del Sur de la Florida junto a su esposo el empresario inmobiliario Álvaro Rincón para interceder por su hermano.
La vicepresidenta Ramírez y su esposo llegaron hasta Florida para actuar como codeudores de la fianza de Bernardo Ramírez Blanco. Al hermano de la alta funcionaria le habían impuesto una sanción de $150.000 dólares como requisito para quedar en libertad mientras el proceso en su contra avanzaba. Ramírez Blanco aceptó pagarlos el 25 de julio de 1997, reportó tener una cuenta bancaria que lo sustentaba y, además, la vicepresidenta y Rincón le sirvieron de personal surety. Es decir, intervinieron en su favor como deudores solidarios para que pudiera quedar libre.
El proceso siguió su curso y, durante todo el caso, Ramírez Blanco tuvo un defensor público. El hermano de la alta mandataria aceptó colaborar también con la justicia y firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar uno de los delitos de los que le acusaban a cambio de que le redujeran la sentencia. Esa negociación recibió luz verde de un juez el 27 de enero de 1998 y, así, Bernardo Ramírez, quien para entonces tenía 36 años, fue sentenciado a casi cinco años de prisión. El castigo en su contra incluyó la orden de que, en el futuro, Ramírez Blanco no pudiera volver a obtener permisos para portar armas de fuego.
La vicepresidenta se defiende
El Espectador reproduce en su integridad el comunicado que publicó la vicepresidenta Ramírez sobre la condena de su hermano:
Mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años -en 1997- una tragedia, derivada de que uno de mis hermanos siendo muy joven, se involucró en un negocio fácil y, en consecuencia, fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes.
Su error ha costado muchos años de sufrimiento a nuestra familia y a él.
Vivimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, como lo hicieron mis padres, porque los lazos de la familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza.
Como la mayoría de los colombianos, he luchado con ahínco contra el narcotráfico, con la experiencia de saber que es una actividad que ha dañado la vida de millones de familias en Colombia y en el mundo.
Tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia, como en efecto lo hizo, acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella.
Pagó pena de cárcel por 4 años y medio, y hace 23 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces, ha estado dedicado a trabajar honestamente, hoy es un hombre de bien y junto a su familia, lleva una vida decente y honrada.
Esta experiencia familiar, que lamentablemente hemos vivido, me ha llevado a luchar sin descanso por lograr que los jóvenes de nuestro país tengan oportunidades y trabajen honestamente por salir adelante, sin dejarse atraer por la tentación del dinero fácil.
De estos hechos he dado cabal información a las personas que, en los diferentes momentos de mi vida laboral, consideré que debían conocerlos. Son hechos obviamente ajenos a mi.
Lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer como yo que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme.
Esa es la política que todos los colombianos rechazamos.
Seguiré, sirviendo al país con todas mis fuerzas y dedicación hasta el último de mis días».
Mientras tanto, el presidente Iván Duque se pronunció al respecto desde su cuenta de Twitter defendiendo y respaldando a quien escogió como su fórmula presidencial
