Misión de la ONU para Venezuela: El gobierno está reactivando su represión más violenta

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El gobierno venezolano ha vuelto a recurrir a la represión más violenta, según informa la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela. Esta ola de detenciones de opositores se ha llevado a cabo bajo acusaciones de conspiración, como la llamada Operación Brazalete Blanco. La presidenta de la misión, Marta Valiñas, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que destacó que las autoridades venezolanas utilizan conspiraciones, reales o ficticias, para amedrentar y detener a personas críticas con el gobierno.

Valiñas señaló que se ha pasado de una fase en la que el régimen de Nicolás Maduro creaba un clima de temor e intimidación, a un periodo más violento en el que se busca silenciar las voces de la oposición a cualquier precio. En enero de 2024, Maduro pidió la activación de la Furia Bolivariana, alegando que el año anterior se habían desactivado cuatro conspiraciones para asesinarle o llevar a cabo golpes de Estado. En este contexto, se dio a conocer la Operación Brazalete Blanco, una de las supuestas tramas para atentar contra la vida del presidente venezolano.

Como resultado de la lucha contra esta conspiración, se degradó y expulsó a 33 militares y se detuvo a críticos del régimen, entre ellos líderes de campaña del partido Vente Venezuela y defensores de derechos humanos como Tamara Suju, Sebastiana Barráez y Rocío San Miguel. San Miguel, detenida sin orden judicial, estuvo en paradero desconocido durante cinco días hasta que las autoridades informaron de su detención en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la misión.

En respuesta a la preocupación expresada por la misión y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, el gobierno venezolano suspendió las actividades de la misión técnica de la oficina y ordenó a su personal abandonar el país en un plazo de 72 horas. La misión también ha documentado casos de otras 18 mujeres detenidas bajo la acusación de estar involucradas en conspiraciones para derrocar al gobierno.

Valiñas recordó que, a pesar de la firma de un acuerdo entre el gobierno y la oposición para permitir la participación de esta última en las elecciones de este año, acciones posteriores han dejado en evidencia las dificultades para su implementación. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las primarias de la oposición y ratificó la inhabilitación política de María Corina Machado.

La misión también destacó las órdenes de detención contra Juan Guaidó y Leopoldo López por su presunta vinculación con una conspiración contra el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba.

En respuesta a las conclusiones de la misión, la delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechazó una vez más su legitimidad, argumentando que fue creada por países como Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima para presionar a Venezuela y que las conclusiones se basan en fuentes anónimas o inventadas.

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