La agencia de noticias informó, citando un documento al que tuvo acceso, que la propuesta consiste en que la estatal reduzca las participaciones en varios campos y que permita a las empresas privadas operar en refinerías

Por El Nacional

La agencia de noticias Reuters publicó este lunes un artículo en el que asegura que Pdvsa propuso reestructurar de manera radical la industria petrolera con el fin de impulsar el papel de las empresas privadas.

Citando un documento al que tuvo acceso, la nota de Reuters, firmada por el periodista Luc Cohen, dice que la división de planificación de la compañía recomendó un comité designado por Nicolás Maduro para reestructurar la industria con el fin de que la estatal pueda permitir que socios privados de empresas conjuntas de campos petroleros operen los campos por sí mismos.

Además propuso que Pdvsa reduzca las participaciones en varios campos y que permita a las empresas privadas operar en refinerías.

«La producción de petróleo de Venezuela ya no es estratégicamente importante para el mundo, dada la existencia de nuevos productores y la disminución de la producción nacional», dice el documento citado por Reuters.

Agrega: «Para impulsar la producción y volver a Venezuela como protagonista en el mundo petrolero, es necesaria la reestructuración urgente de Pdvsa».

Reuters, que no recibió respuesta de comentarios ni de Pdvsa ni del Ministerio de Petróleo, indicó que otra propuesta es reducir la participación de Pdvsa en varios proyectos a 50,1% de 60% actual.

Para los campos operados por la estatal, propone convertirlos en empresas conjuntas mediante la venta de participaciones o la firma de acuerdos de servicios conjuntos en los que Pdvsa paga una tarifa a una compañía privada por operar el campo.

No obstante, recomienda que Pdvsa mantenga su participación de 60-70% en las cinco empresas conjuntas más productivas de Venezuela, incluida las asociaciones con Chevron Corp y la CNPC de China.

Esta información de Reuters aparece justo luego de que Nicolás Maduro destituyó a Manuel Quevedo del Ministerio de Petróleo y puso en su lugar a Tareck El Aissami y a Asdrubal Chávez como presidente de la estatal, cuya producción de crudo ha caído en 20% este año debido a años de desinversión y mala administración.

El régimen de Maduro decretó un aumento del salario mínimo a 800 mil bolívares, poco más de 4 dólares. Sin embargo, esta suma cubre muy pocos productos de la canasta básica

por CARLOS RAMIRO CHACÍN / caraotadigital

El régimen de Nicolás Maduro anunció el aumento del salario mínimo a 800 mil bolívares (Bs.), pero esta suma, equivalente a poco más de 4 dólares, cubre pocos productos.

Según el monitor de precios de Caraota Digital se puede cubrir un kilogramo de chuleta, el cual se ubica en Bs. 700 mil. Sin embargo, la carne, que tiene un costo de Bs. 950 mil y el pollo, en Bs. 850 mil, están fuera de las posibilidades de un trabajador que cobre sueldo mínimo.

Incluso, con la lista de precios acordados por el régimen, que habria revelado el diario Tal Cual, los venezolanos no podrían obtener más de un kilogramo de carne, ya que su costo se ubica entre 3,85 y 2,40 dólares.

La sardina fresca se ubica en 1,80 dólares, por lo que no se podría comprar más que un par de kilogramos del pequeño pescado para comer todo el mes.

El anuncio fue difundido por el ministro de Trabajo del régimen, Eduardo Piñate, y el constituyente, Francos Torrealba este lunes. Además, cabe destacar que las pensiones quedaron fijadas en 400 mil bolívares; con esta suma los abuelos tendrán que afrontar los gastos del mes. Por esta razón, los no podrían obtener la mayor parte de los productos indicados en este escrito.

El queso duro y la mortadela, por su parte, tienen un costo de Bs. 550 mil por cada kilogramo. Los venezolanos solamente podrán obtener 1,5 kilogramos de este producto para alimentarse por un mes.

Un trabajador venezolano difícilmente podrá obtener un cartón de 30 huevos, pues su costo se ubica en Bs. 1 millón. Un huevo junto a la arepa del desayuno será un lujo que pocos criollos podrán costear con este nuevo aumento.

Con poco más de cinco kilogramos (kg) de cambur, que se ubica en Bs. 150 mil el kg, debería sobrevivir un venezolano con su sueldo mínimo. La papa, en Bs. 220 mil el kg, la yuca, en Bs. 80 mil, la lechuga en Bs. 75 mil y la cebolla en 175 mil, serían vegetales que podrían pagar los asalariados, pero implicaría una importante parte de sus ingresos.

Los venezolanos no podrán obtener más de medio kilo de café, pues su costo se ubica en Bs. 350 mil los 250 gramos. La leche, por otra parte, se encuentra en Bs. 250 mil el litro.

La canasta alimentaria básica para abril se ubicó en Bs. 19.156.813, equivalente a 235 dólares, por el cambio de este 27 de abril, según el Centro de Documentación y Análisis (Cenda). No obstante, los venezolanos tendrán que cubrir su alimentación con una ínfima suma de la requerida con est enuevo salario.

Una gandola cargada con alimentos que iba a Machiques de Perijá se accidentó, los habitantes del sector se llevaron la carga y los cuerpos de seguridad no pudieron controlar la situación

Juan José Martínez / diariolaverdadweb@gmail.com / La Verdad

En Machiques, la necesidad de alimentos producto de la escasez de combustible y el alza de los precios vio en una gandola que quedó sin gasolina a la altura de Macoa, la oportunidad para activar el mecanismo de sobrevivencia en el municipio más extenso de la región zuliana.

Personas no identificadas asaltaron y se llevaron la carga del camión que llevaba aceite, harina de maíz y azúcar para distribuirse en los comercios de Machiques de Perijá. La mercancía pertenecían a siete comerciantes que los habían comprado en Acarigua para llevarlos al municipio zuliano.

Los habitantes del sector al revisar qué había debajo de la lona y una vez que vieron que se trataba de alimentos, decidieron llevarse todo.

En segundos, a empujones apareció la gente y subieron a la parte alta de la gandola. Otros esperaban debajo para que les lanzaran todo el alimento que había, hasta dejar la gandola vacía “en un abrir y cerrar de ojos”.

Una habitante de la zona vio que “el camión venía averiado y al pasar el reductor se desprendió la plataforma que venía cargada y el chófer al darse cuenta no pudo hacer nada”, asegura. “Y ajá y un pueblo con necesidad ustedes me dirán”, Puntualiza.

En el video puede verse la batea del camión a un lado de la carretera con una lona tirada a lo largo de la vía y un grupo de personas al rededor. Hasta los momentos se desconocen si hay detenidos por el hecho.

Se supo que afortunadamente el chófer y los ocupantes salieron ilesos del incidente. Hasta ahora se desconoce el nombre de los comerciantes que esperaba la carga para su negocio.

Otro testigo en el lugar destaca que uno de los dueños de la carga llegó molesto al sitio, en medio de su impotencia, discutió con los saqueadores e intentó agredir a quienes se llevaron su comida.

Traía 30 toneladas de arroz en saco que pertenece a siete comerciantes del municipio lácteo del Zulia.

SAQUEO EN MACHIQUES

Una gandola quedó sin gasolina a la altura de Macoa. Personas no identificadas asaltaron y se llevaron la carga del camión, arroz y harina que iba a distribuirse en los comercios de Machiques de Perijá. Video cortesía#Venezuela #zulia pic.twitter.com/7cEdJRgbCW

— Lenin Danieri D (@LDanieri) April 26, 2020

Venezuela

Al ex tesorero Alejandro Andrade le confiscaron, además de varios millones de dólares, 6 propiedades inmobiliarias, 14 caballos de exhibición, 35 relojes de diseño y una flota de 10 vehículos exóticos extranjeros

Por El Nacional

Las autoridades federales del sur de Florida, en Estados Unidos, han incautado 450 millones de dólares desde 2017 en cuentas bancarias que pertenecían presuntamente a más de una docena de funcionarios del chavismo y empresarios venezolanos.

Todos están acusados de lavar miles de millones de dólares en Estados Unidos, Suiza y otros países, indicaron las autoridades a Miami Herald. Además de las grandes sumas de dinero, también han incautado propiedades de lujo, caballos de exhibición, relojes de alta gama y un cuantioso yate.

Las mayores incautaciones se le hicieron a Alejandro Andrade, ex tesorero nacional durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.

Miami Herald aseguró que Andrade firmó cheques por un total de 250 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos en los últimos meses de 2019, después de que había transferido el dinero desde su cuenta bancaria en Suiza a sus abogados defensores en Miami.

Andrade cumple una condena de 10 años de prisión por lavado de dinero.

También perdió por las incautaciones, de acuerdo con las autoridades, 6 propiedades inmobiliarias en el sur de la Florida, incluida una granja de caballos de Wellington; una residencia frente al mar en Palm Beach y una finca de Pinecrest, avaluada en 33 ​​millones de dólares.

Además de 14 caballos de exhibición, avaluados en 2 millones de dólares, 35 relojes de diseño, avaluados en 1,5 millones de dólares y una flota de 10 vehículos exóticos extranjeros, valorados en 1 mllón de dólares.

Los oficiales federales también han incautado decenas de condominios y casas multimillonarias, desde el área de Brickell Avenue en el centro de Miami hasta el exclusivo barrio Cocoplum en Coral Gables.

Estas propiedades pertenecían a otros acusados de sobornos e intentos de sobornos impulsados desde la estatal venezolana Petróleos de Venezuela bajo los gobiernos de Hugo Chávez y del régimen de Nicolás Maduro.

Después de que el dinero es robado de las arcas venezolanas, señaló Miami Herald, los fondos los transfieren a cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos. Luego los invierten a nombre de compañías fantasma de bienes raíces de lujo y otros activos para ocultar la identidad de los propietarios verdaderos.

La Voz de América conversó con venezolanos que invirtieron para comprar e importar plantas eléctricas con las que paliar los apagones. En sus propias palabras: ¿Qué ha pasado con ellas?

Gustavo Ocando Alex / voanoticias

Solo las luces de teléfonos celulares iluminan cada noche la casa de María Hernández, una venezolana de 49 años, cuando ocurren cortes eléctricos por racionamiento en su ciudad en plena cuarentena de la COVID-19.

En la oscurana, juega a las cartas con Leonardo, su esposo, sus dos hijos y su madre. Otras veces, simplemente conversan, a la espera de que el servicio se reanude.

Hace un mes, su familia paliaba los frecuentes apagones de su ciudad al encender la planta generadora, de 8.000 vatios, que importaron el año pasado desde Estados Unidos por 850 dólares.

“Prendíamos dos aires acondicionados, dos neveras, las luces de la casa, los televisores”, describe en conversación con la Voz de América.

Pero hoy, una sábana, blanca y polvorienta, recubre la planta en su garaje. No la han encendido desde que inició en marzo la cuarentena social en Venezuela por el nuevo coronavirus.

El equipo utiliza 26 litros de gasolina por cada ocho horas de operación. Y, ahora, con el combustible críticamente escaso en toda Venezuela, no tienen cómo encenderla.

Los Hernández, acotan, tampoco pueden comprar la gasolina de contrabando que se encuentra en sectores populares de Maracaibo -y el país- por dos o tres dólares cada litro.

“Se llenaba el tanque de la planta con cinco dólares, pero ahorita se necesitan 30 dólares o más. ¿Cómo afronta uno ese gasto diario con la gasolina? Estamos parados, sin producir”, dice María, acompañada de Leonardo, su esposo, vendedor de seguros.

Esta familia se rehúsa a utilizar la modalidad a gas de la planta. Lo consideran “delicado”, riesgoso, en una ciudad donde ese servicio es inestable.

María, rodeada de su familia, admite que se sienten frustrados por no poder utilizar una planta que tanto dinero les costó y tanto beneficio les trajo.

“Nos da rabia, pero no podemos volvernos locos y esto va para largo”, comparte, a propósito de los cada vez más frecuentes cortes eléctricos que ocurren en su ciudad.

Mala combinación
En Maracaibo y otros siete municipios de Zulia, el estado más poblado de Venezuela, han ocurrido cuatro apagones que se extendieron durante horas apenas en abril.

Es el estado más perjudicado por las interrupciones del servicio eléctrico, según el Comité de Afectados por Apagones, una organización civil que registra los cortes.

Aixa López, su presidenta, precisa que Zulia ha reportado 4.799 fallas eléctricas en el primer trimestre del año. Solo en abril, durante la cuarentena, han habido 3.250 de estos cortes.

Otras zonas de Venezuela, como los estados occidentales de Táchira y Mérida, han sido constantemente afectadas por cortes intempestivos en las semanas recientes.

La cuarentena por la COVID-19, decretada en toda Venezuela por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro a mediados de marzo, coincidió con el agravamiento de la falta de gasolina en las estaciones de servicio de Caracas y las 23 regiones del país.

La red venezolana de refinación de gasolina, calculada en 1,3 millones de barriles por día, está en crítico estado por falta de inversión, de mantenimiento y a consecuencia de las sanciones estadounidenses, según sindicalistas y expertos del sector.

El madurismo despacha 30.000 barriles de combustible al día a solo 250 de 1.576 estaciones de servicio en el país, según un reporte reciente de la agencia Reuters.

En estados como Zulia, la venta de gasolina a particulares está prohibida y se reserva a vehículos de sectores militares, de alimentos, de salud e instituciones públicas.

Alvin Puentes Pérez, comerciante, de 29 años, compró su planta luego del llamado Gran Apagón de 2019, que dejó sin electricidad al 90 por ciento del país por cinco días.

Con su equipo, de 2.500 vatios, encendía una nevera, un aire acondicionado pequeño, luces y ventiladores -las temperaturas en Maracaibo alcanzan los 35 grados-.

En Estados Unidos, ese generador cuesta aproximadamente 380 dólares, es decir, 81 veces el nuevo salario mínimo mensual en Venezuela -de 800.000 bolívares o 4,67 dólares según la tasa oficial del Banco Central-.

“Lo usaba casi todos los días, porque siempre me quitaban la electricidad por las noches hasta pasadas las dos de la madrugada”, comenta a la VOA.

El recrudecimiento de los apagones en la ciudad durante la cuarentena y la sequía de gasolina son una combinación que, de facto, ha dejado fuera de juego a su aparato.

La imposibilidad de encenderla por falta de combustible ha afectado su capacidad de reservas básicas en la cuarentena. Hoy, restringe la cantidad de comida que compra.

“Se me han dañado carnes, quesos. No puedes comprar comida para guardar tantos días. Los apagones hacen que se dañe cualquier cosa ‘delicada’ en la nevera”, explica.

Alvin no ha comprado ni comprará gasolina en el mercado negro para su planta, a pesar de la urgencia y de la contingencia en cuarentena.

“Es difícil para una persona que apenas está generando para comer”, apunta.

¿Gasolina o comida?
Ángel Fernández Suárez, ingeniero electrónico, de 27 años, compró una planta generadora de 4.400 vatios dos meses antes del Gran Apagón de marzo de 2019.

Con ella, encendían la nevera para resguardar no solo su propia comida, sino también la de vecinos que les pedían favores de refrigeración durante apagones prolongados.

Gracias a la planta, su familia podía garantizar, cada 15 días, el bombeo de agua potable a los tanques de su vivienda, en un barrio del oeste de Maracaibo.

No existen cifras oficiales ni aproximadas de cuántas plantas generadoras se han importado en Venezuela durante los últimos años -la crisis eléctrica data de 2009-.

Se da por descontado, sin embargo, que se cuentan en miles, especialmente en estados como Zulia. Comerciantes y particulares, por igual, las han adquirido en masa.

Ángel, por ejemplo, dice haberla comprado por “imperiosa necesidad”.

Pero su propósito se hace inalcanzable para los Fernández en tiempos de cuarentena.

Se les agotaron las reservas de gasolina para activar el equipo durante los cortes diarios de electricidad, que se prolongan por al menos tres horas en su sector.

“En este momento, no ha sido tan útil, porque no hay gasolina”, remarca.

Antes de la COVID-19, Ángel debió postergar el mantenimiento de su planta generadora por falta de dinero. Nunca pudo comprar siquiera las gomas de las válvulas cuyo reemplazo era urgente hace meses.

Ahora, en la pandemia, ha debido decidir si invertir su dinero en gasolina para paliar los apagones incesantes o en urgencias aún más básicas que la electricidad.

Su decisión es clara. “Es preferible destinar ese gasto a comprar alimentos”, dice.

Para el día 23 de abril de 2020, había 5.010 privados de libertad en el Complejo Penitenciario Carabobo, ubicado en la parroquia Tocuyito del municipio Libertador. De estos, 382 fueron dejados en libertad mediante un plan cayapa, según datos de Una Ventana a la Libertad.

La Patilla

María Iris Varela les otorgó a los que resultaron beneficiados un régimen de confianza, figura establecida en el Código Orgánico Penitenciario (COPP), indicó la fuente.

Las medidas de libertad fueron concedidas entre los días miércoles 22 y jueves 23 de este mes. La responsable del Ministerio del Sistema Penitenciario del régimen de Nicolás Maduro analizó el caso de cada preso en particular.

Se conoció, que cuando pidió el parte del día, el director del Internado Judicial Tocuyito (Complejo Penitenciario Carabobo) le informó que para la fecha “tenemos 5.010 privados de libertad”, le respondió a Varela.

Tras revisar los expedientes correspondientes a los privados de libertad, a eso de las 3: 30 de la tarde del jueves salió al patio central donde les entregó a los beneficiados un acta que debían firmar para materializar el beneficio.

Posterior a los trámites, fueron dejados en libertad los 382 reclusos, contando entre estos a 25 mujeres que pagaban condena en el anexo femenino del penal de Tocuyito, como también se conoce el Complejo Penitenciario Carabobo.

Asimismo, boleta en manos también salieron varias personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario Nuevo Hombre “El Libertador”, igualmente situado en el municipio Libertador de Carabobo.

Los que estaban en este centro penitenciario salieron a la calle con uniformes amarillo y verde, situación que causó curiosidad en los transeúntes y conductores que circulaban por la Autopista Regional del Centro (ARC).

De acuerdo a la fuente, Varela ha estado visitando varias cárceles del país para chequear que se cumpla el protocolo para evitar contaminación, y además, a través del plan cayapa otorgar las medidas de libertad a todo aquel cuya condena no exceda los ocho años.

También se supo, que la ministra está trabajando con la Cruz Roja Internacional. Dicho organismo está donando kit de aseo personal, bombas de agua, estaciones de lavado de mano, entre otros equipos.

Asimismo, el pasado 6 de abril, la responsable chavista en materia de prisiones otorgó 283 medidas sustitutivas de libertad a los presos de las cárceles Rodeo y Yare, en el estado Miranda.

“Justicia para Paula” es una campaña que busca—además de dar con los verdaderos culpables del atroz asesinato de una niña de cuatro años de edad— alzar la voz de las víctimas fatales que ha dejado el maltrato infantil, no solo en países de la región, sino en todo el mundo. Tal es el caso de Paula Andrea Salazar Bermúdez, quien, con tan solo 48 meses de vida, falleció tras los “múltiples golpes, fracturas y quemaduras” a las que fue sometida, presuntamente, por su padrastro.

Jessica Dirinot | El Cooperante

Paula Salazar, venezolana e hija de padres oriundos de Maturín, estado Monagas, tenía tan solo cuatro años de edad cuando fue trasladada el pasado 27 de marzo hacia el hospital de Tabacundo, en Ecuador, país donde vivió junto a su madre y padrastro -de nacionalidad ecuatoriana- en los últimos tres años de su vida.

Fracturas, politraumatismos, hematomas y golpes internos, fue el diagnóstico que recibió la pequeña Paula tras llegar sin signos vitales al centro médico en los brazos de su padrastro.

Cronología de los hechos, según fuentes oficiales

Andreina Bermúdez, Washintong Andrés Aimara, Paula Salazar y su hermanito de un año de edad, emprendían un viaje recreativo el pasado 27 de marzo vía Tabacundo, cuando de pronto, según la versión del padrastro, Paula presentó síntomas de mareos y náuseas, razón por la que presuntamente decidieron hacer una parada para asistir a la pequeña en un baño público. Una vez que Aimara trasladó a la niña al sanitario, este habría retornado al vehículo en el que se encontraban para buscar un cambio de ropa. De regreso, habría encontrado a la niña con la cabeza sumergida en el inodoro.

Paula fue trasladada al hospital más cercano de Tabacundo, donde fue recibida sin signos vitales por los médicos de emergencia.

Su relato pudo haberse interpretado como si aquellos escasos minutos en los que Paula se quedó a solas en el sanitario, sirvieron para que “accidentalmente” se ahogara en el retrete; sin embargo, los médicos detectaron que la niña tenía las costillas rotas, la columna fracturada y politraumatismo.

Las declaraciones del padrastro no coincidieron con los resultados que arrojaron las evaluaciones de los profesionales de la salud; por tanto, la directiva del hospital procedió a llamar a las autoridades. Aimara fue detenido de forma inmediata tras ser identificado como el primer y único sospechoso del asesinato de su hijastra.

Leonardo Salazar, padre de Paula: “Me enteré de su muerte tres días después”

El equipo de El Cooperante contactó vía telefónica a Leonardo Salazar, venezolano y padre biológico de Paula, quien actualmente reside en Trinidad y Tobago.

Salazar fue el primer sorprendido ante el homicidio de su hija. Para él, Paula vivía en un ambiente tranquilo y ameno junto a su madre, Andreina Bermúdez. Sin embargo, fue el 30 de marzo de 2020, tres días después de la muerte de Paula, la fecha que dio un giro de 180º a todo lo que esperaba que pasaría con su exmujer y la pequeña Paula.

“Yo me entero por una llamada que me hace mi mamá. A ella la llamaron del círculo de Andreina. Fue tres días después de la muerte de Paulita, y por mentiras, me dijeron que había muerto por un paro respiratorio. Después me pasaron reseñas de la policía de Ecuador sobre lo que había pasado. El 01 de abril conseguí el número de Andreina y de tanto llamarla, diez días después me llama… el mismo día que retiró el cuerpo de Paulita de la morgue para enterrarla”, sostuvo.

Salazar describió el primer contacto telefónico con su exmujer como “frívolo”, asegurando que el tono que manejó Andreina para hablarle sobre la muerte de Paulita, habría sido con la toda la ausencia de dolor, aquel que debería sentir una madre a pocos días del deceso de su primogénita. “Me dijo que la niña muere de un paro respiratorio y yo ya había leído la reseña (policial). Me dijo que la niña murió por eso y que no me iba a decir más nada porque los abogados no se lo permitían”, relató.

“Murió por COVID-19”: La versión de Andreina Bermúdez y Washintong Aimara

Andreina Bermúdez, presuntamente en complicidad con su actual pareja, Washintong Andrés Aimara, sostiene ante su círculo social que Paulita habría muerto por un paro respiratorio a causa de complicaciones por el coronavirus, aun cuando este haya sido detenido el mismo día que Paula fue declarada muerta.

Son muchas las versiones que manejan miembros de la familia de Andreina, quienes aseguran a la opinión pública que “Paulita estaba muy enferma, que tenía problemas del corazón… que se hacía daño a sí misma, o que incluso, murió a causa del COVID-19”.

Asimismo, se conoció de forma extraoficial que el fiscal encargado del caso solicitó una nueva autopsia para descartar errores y determinar la responsabilidad de Aimara frente al homicidio de la pequeña.

Investigación: “Golpes, quemaduras y maltrato psicológico”

“Paula se quejaba constantemente de dolores en las piernas y en la espalda y de que no podía caminar. Paula se comenzó a quejar en la escuela, las maestras la hicieron revisar en el centro de salud y llamaron a la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (Dinapen). El 16 de octubre de 2019, Paula fue entregada a su tío y se solicitó investigar su entorno familiar. Al mes y medio Paula fue devuelta a la escuela con Andreina (…) Madre y tío fueron citados a audiencia, la primera para el 4 de diciembre de 2019, las maestras no asistieron. La segunda audiencia fue convocada para el 27 de febrero 2020. Las maestras volvieron a faltar, y justo un mes después, el 27 de marzo de 2020 Paula fue ingresada sin signos vitales a la emergencia del hospital de Tabacundo”, es uno de los mensajes que compartió Leonardo Salazar a través de la cuenta en Instagram donde se desarrolla la campaña: ‘Justicia para Paula’.

Poco tiempo después de la muerte de Paula, tras darse a conocer la noticia a través de medios locales en Quito, además del alcance que tenía la campaña “Justicia para Paula” en las redes sociales, amistades en común entre Andreina y Leonardo intentaron establecer contacto con él para hacer entrega de presuntas pruebas de los maltratos de Andreina contra su propia hija.

“A mí me tenía bloqueado todo el círculo de ella y a raíz de la campaña me ubicaron de nuevo y fue cuando me empezaron a dar todas las pruebas. Son las mismas amigas que enfrentaron a Andreina cuando el 16 de octubre (2019) salió la denuncia por maltrato infantil. Las amigas tenían fotos de las agresiones, de la niña morada a golpes o con la carita quemada”, aseguró.

Según la versión de Leonardo, Andreina les habría confesado a sus amistades en común que él “no quería a Paula”, ni tampoco le interesaba saber sobre la condición de vida de su hija. Por tal razón, este habría perdido contacto con todo el círculo más cercano a la madre, incluyendo a la pequeña Paula.

“Yo juraba que mi hija estaba en un lugar tranquilo, ella a todo el mundo manipuló. Ella es abogada y sabe mentir. Manipuló a todos con sus mentiras y haciéndole creer a todos que Paula se autolesionaba para llamar la atención”.

A la fecha, se desconoce por qué las maestras del colegio donde estudiaba Paula, quienes fueron citadas por la Fiscalía en dos oportunidades, desistieron en sus denuncias. Según las consideraciones de Leonardo, Andreina pudo haber manipulado a las maestras con información falsa sobre el estado psicológico de su hija para que descartaran el delito por el cual era acusada: Maltrato infantil.

“Hasta ahora, la secretaria de la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, me respondió vía Twitter diciendo que están poniéndole atención al caso para que no quede impune. Por ahora no sabemos qué están haciendo ellos actualmente con el caso”, dijo Leonardo Salazar en entrevista concedida a El Cooperante.

Respaldo de la opinión pública

La campaña ‘Justicia para Paula’ empezó poco tiempo después de que Leonardo se enterara de la muerte de su hija. Comenzó en Facebook, luego de que un usuario anónimo, aparentemente cercano a Andreina, publicara un mensaje en la red social –etiquetándolo- explicando detalles del caso que ni él mismo conocía, y que responsabilizaba a la madre directamente sobre actos de maltrato infantil, en complicidad con su pareja, Washington Aimara.

Asimismo, fue creado un Fanpage con el nombre “Justicia para Paula”, el cual alcanza a la fecha los 7.918 seguidores.

Tras hacerse viral el caso de Paulita, la ONG Fundación de Venezolanos en el Exterior Ecuador (Funvex), ha manifestado abiertamente su apoyo en respaldo a la campaña y al padre de la víctima, facilitándole así los requerimientos, y orientación para la obtención del visado correspondiente para el ingreso al país andino.

El caso de Paula también ha afectado a algunas personalidades públicas. Tal fue el caso del actor y comediante venezolano Marco Pérez, quien manifestó en días pasados su rechazo a aquellas mujeres que priorizan a sus parejas, antes que el bienestar de sus hijos.

“No pongan a sus esposos, padrastros, novios delante de sus hijos (…) No permitan que nadie lastime a sus hijos. Sus hijos quedan para toda la vida (…) las relaciones pasan. No pueden poner a sus maridos por delante de sus hijos porque cuando el niño crezca, te lo va a sacar toda la vida. Y cuando esté adulto, tú no vas a ser su prioridad, así como no fue tu prioridad cuando preferiste que lo maltrataran mientras te quedaste callada”, expresó el influencer a través de un video publicado en sus stories de IG, haciendo referencia específica al caso de Paula.

Próximas acciones a tomar

A pesar de la crisis geopolítica y sanitaria que atraviesa la región latinoamericana ante la llegada de la pandemia al continente, Leonardo Salazar aseguró que reúne todos los esfuerzos por regularizar su estatus migratorio y organizar los trámites pertinentes con los abogados para viajar a Ecuador y hacerle frente al caso de su hija con las autoridades ecuatorianas.

“El abogado que me está representando todavía no puede hacer nada ni tiene acceso a más información, ni al informe completo de la autopsia porque él todavía no tiene la procuración judicial en las manos. Primero se tiene que resolver por Trinidad y Tobago mediante el consulado de Ecuador”, dijo.

Sin embargo, aclaró que los abogados en su representación ya se encuentran trabajando en la procuración judicial, procedimiento que le permitirá validarse ante el consulado ecuatoriano y continuar con la investigación del asesinato de su hija.

En medio de la pandemia generada por la COVID-19, estudiantes universitarios se encuentran a la deriva, esperando que se reanuden las clases presenciales, pues en su mayoría, las universidades públicas no cuentan con las herramientas adecuadas para cumplir con las actividades académicas a distancia. En la Universidad Central de Venezuela, el 20% de los docentes cumple con la modalidad a distancia, mientras que en la Universidad de Oriente, el 80% de los estudiantes podría perder sus clases hasta que se termine la cuarentena.

Anaísa Rodríguez | El Cooperante

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha dijo a El Cooperante que todas las actividades académicas y administrativas fueron suspendidas desde que inició la cuarentena. Aun no se establecido bajo qué condiciones se implementará la educación a distancia, considerando que muchos estudiantes no tienen las posibilidades para adecuarse a esta modalidad.

“Ante la crisis sanitaria que enfrenta la humanidad y en aras de preservar la integridad de los miembros de nuestra comunidad, establecimos un plan de contingencia que inició con la suspensión de actividades académicas y administrativas en todos nuestros campus, dependencias e institutos de investigación, además, de la ejecución de un plan coordinado con nuestra dirección de seguridad a fin de preservar también la seguridad de nuestra universidad. A medida que ha avanzado el periodo de cuarentena, el Consejo Universitario se ha mantenido en sesión permanente tratando de generar alternativas académicas y administrativas inherentes a las realidades de nuestras 11 facultades”, expresó.

Asimismo, indicó que las facultades de Medicina y Odontología han generado campañas informativas a la población y al personal de salud en torno a la COVID-19 y que están disponibles para todos en sus distintas redes sociales. El equipo de S,O.S Telemedicina ha dispuesto una línea de ayuda cuyos objetivos son facilitar el diagnóstico temprano y educar a la población venezolana.

Respecto a las clases virtuales, precisó que cada decano evalúa el tema de manera individual.

“Es una discusión que en las últimas semanas están dando los decanos con sus comunidades, decisión que como autoridades respetamos y acompañaremos, pero es un punto que trataremos en próximos consejos, pues entendemos que las condiciones tecnológicas y socio económicas del país complican las alternativas”, aseguró.

“Sin embargo tenemos un equipo de expertos radicados en nuestra unidad de educación a distancia y liderados por nuestro Vicerrector Académico, Nicolás Bianco, que está adelantando una respuesta. El compromiso de esta institución con su comunidad y el país es indiscutible”, resaltó.

Para García Arocha, la pandemia traerá grandes cambios socio-políticos para Venezuela y para la UCV.

“Así como un verdadero cambio en el presupuesto asignado a nuestras universidades, pues en el cambio está la posibilidad de evolucionar de forma inmediata. Espero que cuando esto pase, porque va a pasar, nos reencontremos como sociedad y como país, donde prevalezcan los valores, el respeto, la pluralidad y la democracia. A todo los venezolanos recuerden seamos héroes quedémonos en casa por todos”, recomendó.

“Solo el 20% de los profesores sigue actividades vía web”
Jesús Mendoza, consejero universitario de la UCV precisó que son muy pocos los profesores que han continuado con las actividades académicas a distancia, debido a que muchos no tienen internet ni teléfonos inteligentes.

“Hay profesores que han seguido con su programa académico vía web, pero son muy poco, aproximadamente solo el 20% trabaja bajo esta modalidad, el resto está paralizado. Las autoridades han discutido como seguir con algunas clases o evaluaciones y han concluido que cualquier proceso académico debe contar con la aprobación del 100% de los estudiantes y muchos coinciden en que no se puede, porque tenemos el internet más lento del mundo”, manifestó.

Dijo que dependiendo de cuando sean levantadas las medidas de confinamiento, hay probabilidades de que realicen una reprogramación del calendario académico, en la que se extiendan los periodos académicos.

“Pero hasta que eso no suceda, actividades regulares, postgrados y las tesis están paralizadas, por qué necesitas la aprobación del consejo de escuela en algunos aspectos y no están sesionando”.

Asimismo, condenó que durante la cuarentena las casas de estudio de todo el país han sido víctimas de la delincuencia.

“En las universidades autónomas del país, los robos han aumentado de manera alarmante los últimos días. En la UCV han robado en tres oportunidades, uno en el Instituto de Medicina Tropical y el Núcleo «Armando Mendoza» de Cagua. En la Universidad de Carabobo y la Universidad de los Andes también han robado los últimos días”, aseguró.

“A distancia no podemos tratar las deficiencias académicas”
La profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB), Baroska Bravo, señaló que muchos de sus estudiantes vienen con deficiencias, debido a que no recibieron la preparación adecuada en primaria y el liceo y destacó que estas fallas no pueden ser detectadas con la educación on-line.

“En mi caso son alumnos que vienen con profundas fallas de la educación primaria y secundaria que se tratan de nivelar en el aula, pero ahora a distancia será mucho más difícil, sobre todo en áreas de análisis y compresión. Además, en esta contingencia es complejo poder mantener alto niveles de exigencia y eso es casi una política de estado, ser mediocres”, rechazó.

Indicó que muchos de los estudiantes no cumplen con las actividades porque no tienen internet o luz: en muchos casos es verdad, pero en muchos otros no y como la contingencia flexibiliza las evaluaciones, se excusan.

De igual forma, explicó que todos los alumnos de pregrado que no hayan podido presentar evaluaciones en estos momentos podrán solicitar un examen especial y que hay una comisión COVID19 USB para notificar a las autoridades si existen casos de alumnos, profesores o empleados administrativos contagiados de la enfermedad.

Bravo resaltó que muchos estudiantes le han manifestado la preocupación de saber que se les va a dificultar mucho poder cumplir con la formación a distancia, debido a las condiciones socio-económicas que muchos de ellos viven.

“La falta de servicios públicos o no poder pagar por conexión a internet les angustia mucho. Las universidades públicas nos enfrentamos a un desafío muy grande que simplemente agudiza más, nuestra ya terrible situación”, lamentó.

“Sigo con las actividades porque la universidad me paga el saldo”
El profesor de derecho de la Unimet y UCV, Gustavo Manzo dijo en entrevista para El Cooperante que la próxima semana empezará a dictar un curso a distancia en la Unimet, debido a que la universidad le recarga saldo, de lo contrario, sería imposible impartir clases bajo esta modalidad.

“En la Unimet empiezo la próxima semana a distancia. En la UCV no he podido continuar porque no dispongo de internet. La Unimet me facilita saldo en el celular para conectarme, porque el internet en la casa se fue y no volvió más y como nadie más ha trabajado, no sabemos qué fue lo que pasó con Cantv. Yo no tengo wifi en el apartamento. ¿Cómo hago para subir un vídeo de 250 megas? El WhatsApp no es un instrumento adecuado para dar clases. Debe haber un medio donde todos estemos preparados”, expresó.

“Pero en la UCV estamos muy paralizados, sin embargo yo les dejé a los estudiantes, libros escaneados y le di acceso a una carpeta de Google drjve para que cualquiera por iniciativa propia revise el programa y pueda al menos ir leyendo”.

Según Manzo, el otro problema es que en Derecho las materias son anuales y el pensum debe ser adaptado para que algunas cátedras puedan ser impartidas de manera online.

“En la UCV, la facultad de Derecho no está preparada para esto, puede que hagas un aula móvil pero eso no va a hacer apropiado para una clase virtual porque eso implica una cantidad de elementos de sistemas que son diferentes para que el proceso de aprendizaje se produzca y no estamos adaptados a la situación”, alegó.

“En la UDO no se está cumpliendo con las clases a distancia”
Jhoan Sulbaran es dirigente estudiantil de la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Bolívar y expuso a El Cooperante que según una encuesta realizada por el consejo universitario, el 80% de los estudiantes no tienen las herramientas para cumplir con la educación on-line.

“Actualmente no estamos cumpliendo con las clases a distancia. Luego de una encuesta realizada por el consejo universitario, se determinó que un 80% de los estudiantes no están en condiciones de ver clases a distancia, debido a la problemática de Internet que se vive en el país, los cortes de electricidad y el poco acceso de la población estudiantil a un teléfono inteligente o una computadora”.

Asimismo, denunció que la UDO sufre el desmantelamiento de sus instalaciones, lo que ha llevado a dos de sus cinco núcleos a estar al borde de un cierre técnico, los núcleos de Sucre y Bolívar.

“No hay condiciones para volver a clases. Han dañado el 90% de las instalaciones. No sabemos cómo volveremos a clases luego de la pandemia, los robos y el vandalismo. Además, rompen y destruyen las instalaciones sin ningún motivo, quieren acabar con la universidad y las autoridades no ven lo que está pasando”, reprochó.

Sulbaran acotó que el presupuesto universitario es insuficiente.

“No hay material médico para las materias dictadas en el hospital universitario, los laboratorios tienen utensilios, no hay condiciones para la alta demanda de estudiantes, ven clases en espacios muy reducidos y sobrepasa la capacidad de las aulas”, aseveró.

En contexto
El 7 de abril, Nicolás Maduro confirmó la suspensión de clases presencial para este período académico, asegurando que el año escolar culminará a distancia con el apoyo de todas las herramientas tecnológicas y pedagógicas.

La medida fue tomada según Maduro para prevenir la propagación de la COVID-19. «Es un hecho, el año escolar 2019-2020 terminará online», sostuvo.

Sin embargo, el mandatario no hizo mención a cuáles serían las medidas para garantizar el cumplimiento de esta modalidad, frente a las constantes fallas en el servicio eléctrico.

Según un estudio reciente de Speedtest Global Index, un portal que mide la velocidad de la Internet, la conexión de los hogares venezolanos se encuentra en el penúltimo lugar. El estudio cubre a 176 países y Venezuela se ubica en el puesto 175. Con 3,67 Mbps, sólo supera la conectividad de Turkmenistán, un país de Asia central que cuenta con 2,06 Mbps.

La ministra de Comercio oficialista, Eneida Laya Lugo, sostuvo este lunes que las empresas deben tener como “deber ser” la referencia del dólar oficial del Banco Central de Venezuela para sus operaciones, y no del “sangriento” dólar paralelo.

Leonardo García. / ND

“Nosotros habíamos venido supervisando, porque ya estábamos viendo las distorsiones. Se había desatado un ataque especulativo contra el pueblo en todos los comercios. Las acciones las tomamos para apoyar al pueblo en los precios y evitar la especulación. Diferentes rubros con distorsiones, incumplimientos, y eso no llevó a tomar esas medidas contra las empresas que se realizó el día viernes”, expresó Laya Lugo en un contacto telefónico con VTV.

Además la representante oficialista agregó que “parece mentira que la gente se levante todos los días viendo esas páginas especulativas. Hay que darle un parado, bloquearla, no puede ser que nuestra economía esté guidada por una página, con el cambio de dólar sangriento”.

“La ocupación temporal y la supervisión de las empresas Coposa y Polar, no persigue el cierre de negocios, ni el acaparamiento de productos, sino establecer una supervisión clara para que los rubros lleguen a los ciudadanos a precios justos y reales. Coposa está dispuesta totalmente a colaborar a hacer las correcciones que tengan que hacer. Equipos de la Sundde se mantendrán en las empresas hasta que se hagan las correcciones necesarias y los productos lleguen a los anaqueles de las diferentes cadenas de supermercados y clientes a costos sincerados”, acotó.

Así mismo, Laya Lugo aseguró que “le pido a la gente que tengan la fe, y se unan con su esfuerzo al gobierno, porque el atacado es el pueblo. Esta medida no coloca las ventas a pérdidas, se está velando para favorecer ambas partes. Todo el comercio será fiscalizado por la tasa de cambio oficial. Las empresas habían incumplido en la utilización de los costos y remarcaje del precio guiados por el dólar sangriento paralelo. El deber ser es que se guíen por el dólar oficial del BCV”.

“Haremos el acompañamiento cuando tengan problemas en el combustible, llegamos a varios acuerdos para que ellos trabajen para vender sus productos. La población debe quedarse tranquila, no estamos cerrando negocios, ni acaparando ni confiscando. Aquí no va a haber desabastecimiento ni acaparamiento. Hay una empresa, que ustedes saben quién es, que no les gusta que los supervisen, porque cambian a diario los precios. Están diciendo que se van a desaparecer los productos de los anaqueles, pero eso no va a pasar, hay muchísimos productos”, finalizó.

No habrá desabastecimiento de productos alimenticios, porque con las medidas no se estan cerrando ni confiscando las empresas, solo se trata de garantizar que se repeten los precios acordados y lleguen sin distorsiones a los consumidores, aseguró la ministra de Comercio,

Juan Bautista Salas | IMP

La información la dio a conocer la ministra de Comercio, designada por Nicolás Maduro, Eneyda Laya, quien indicó que las empresas sancionadas venían siendo investigadas por los funcionarios de la Superintencia de Costos y por el Sunagro ya se había acordado exhortarlas a mantener los precios sin alteraciones recurrentes en función del tipo de cambio del “dólar criminal”, señalando que en estas inspecciones se comprobaron muchos incumplimientos y distorsiones, indicando que hubo que actuar porque se “desató un ataque especulativo contra el pueblo”.

En tal sentido, hizo referencia a las medidas de ocupación temporal en la planta de Coposa en el estado Portuguesa, donde se designó una junta administrativa con la finalidad de evitar que se siguieran cometiendo irregularidades; también a las ventas supervisada en la Planta de Polar en Turmero y en la planta de Plumrose, agregando que se tiene previsto que para este lunes en la tarde se anuncien los precios acordados de 27 rubros.

Aseguró que no se permitirán precios especulativos, indicando que el gobierno garantiza que los productos salgan a la venta en función de los precios concertados.

Laya aseguró que no habrá desabastecimiento de los productos que fabrican estas empresas, porque solamente se está haciendo una supervisión , de manera que las empresas tienen la obligación de continuar cumpliendo con la distribución de sus productos, afirmando que se están sincerando los precios de los productos tanto en bolívares como en dólares.

“Ya basta, no se puede permitir que se siga irrespetando al pueblo”, afirmó explicando que las empresas deberían utilizar el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, indicando que este es el deber ser, “no el tipo de cambio de esa página criminal que debe ser eliminada o anulada”.

Afirmó que todos los comercios serán fiscalizados y tendrán como referencia el tipo de cambio del Banco Central. Asimismo indicó que tanto la Sundde como Sunagro se mantendrán en las empresas hasta tanto se establezcan los nuevos precios concertados.

Señaló que durante las negociaciones con los sectores productivos, para la fijación de los precios acordados, se revisaron conjuntamente con las empresas del sector privado, las estructuras de costos, indicando que en las reuniones participaron los ganaderos, los productores de cereales, la Asociación Nacional de Abastos y Supermercados (ANSA), Oleaginosas y del sector avícola.

Reveló que estas medidas que ha aplicado el gobierno no ponen a las empresas a vender a pérdida, se están haciendo las evaluaciones para favorecer a las partes.

La ministra rechazó las denuncias de Alimentos Polar, afirmando que no es cierto que los códigos del Cica para la movilización de la mercancía estén bloqueados, indicando que tanto el viernes como el sábado los camiones de Polar salieron a repartir sus productos, afirmó durante entrevista en la televisora oficial.