El presidente de la Asamblea Nacional del año pasado, Jorge Rodríguez, quien es chavista, solicitó el martes la pena máxima de 30 años para el exministro de Petróleo, Tareck el Aissami, acusado de estar involucrado en un caso de corrupción en la empresa estatal Pdvsa. Rodríguez también pidió a los tribunales que consideren imponer la máxima pena al empresario Samark López, quien supuestamente participó en la misma trama corrupta conocida como Pdvsa-Cripto. Esta trama ha llevado a la detención de 66 personas y tenía como objetivo «dañar la economía» de Venezuela.
Rodríguez acusó a ambos de intentar sabotear el proceso de recuperación económica iniciado por el presidente Nicolás Maduro. En respuesta, el presidente de la Asamblea designó una «comisión especial» encabezada por el primer vicepresidente del Legislativo, Pedro Infante, para determinar la «responsabilidad política» de los acusados, con el fin de que el Ministerio Público pueda desarrollar la responsabilidad penal de aquellos que cometan delitos graves.
El Aissami, López y el exministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, fueron arrestados el 9 de abril y posteriormente acusados de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Según la investigación, llevaron a cabo una conspiración económica junto con actos de corrupción, con el objetivo de «destruir la economía a través de la devaluación de la moneda nacional y el aumento astronómico» de la cotización no oficial del dólar en el país, donde la mayoría de los precios están fijados en dólares estadounidenses.
El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó el lunes que los opositores Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio y Carlos Ocariz, a quienes vinculó con la trama Pdvsa-Cripto, estaban planeando «desmantelar el Estado por cualquier vía antidemocrática» en complicidad con Estados Unidos y El Aissami. Según Saab, el enlace entre ambos grupos era James Story, un funcionario estadounidense que encabezaba la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Colombia, hasta el año pasado.
Recientemente, Nicolás Maduro instó a ser implacables contra aquellos que traicionen al pueblo y se corrompan, y propuso una reforma constitucional para incluir la pena de cadena perpetua para los «vendepatria» y los corruptos, de manera que «esas personas se pudran en la cárcel de por vida».