Del total, 237 se registraron en Caracas y 126 en el estado Miranda. También se registraron cinco muertes

Infobae

El régimen de Nicolás Maduro admitió este viernes un nuevo récord de contagios de coronavirus en el país: en concreto, informó de 650 nuevos casos, lo que lleva el total reconocido a superar los 14.200. También informó de cinco nuevas muertes, por lo que la cifra asciende a 134.

Desde marzo, cuando el régimen comenzó a contar los casos positivos de coronavirus en Venezuela, hasta el 20 de junio, se habían registrado menos de 4.000 enfermos y unos 32 fallecidos. Desde entonces, la cifra ha comenzado a crecer de manera exponencial. Los nuevos récords implican que el país haya triplicado la cifra en poco más de un mes.

Del total de contagios registrados en las últimas 24 horas, 126 tuvieron lugar en el estado Miranda y 237 en el distrito capital, que lidera las estadísticas nacionales. “En Caracas estamos atendiendo un foco importante”, indicó el jueves la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, tras anunciar la instalación de un Estado Mayor de Salud, integrado por civiles y militares que atenderá la pandemia en la capital venezolana.

El incremento de casos en la capital venezolana se da pese a que la ciudad se encuentra en una cuarentena “radical” desde el 15 de julio.

No obstante los reportes publicados, la transparencia de las cifras del régimen han sido vastamente cuestionadas. El régimen ha restringido las pruebas a dos laboratorios estatales en Caracas, evitando la participación de laboratorios privados y de universidades y aumentando el temor de que el coronavirus esté subdiagnosticado.

Felix Oletta, médico especializado en infectología que fue ministro de Salud a fines de la década de 1990, dijo que están controlando la información epidemiológica como si fuera un secreto de Estado, y que implementar el control social a través de un monopolio de información es más importante para el régimen que acortar el período de diagnóstico.

Los laboratorios temen que, de realizar pruebas sin permiso, el régimen pueda tomar medidas contra ellos, incluida la confiscación de sus equipos, según un proveedor de laboratorios con conocimiento directo de la situación. A principios de marzo, funcionarios del Ministerio de Salud confiscaron entre 100 y 200 pruebas de un laboratorio privado en un hospital de la zona este de Caracas.

Dado que los resultados tardan entre dos y cuatro semanas en llegar, si es que lo hacen, y pese a haberse sometido a las pruebas, muchos de los que se han enfermado quedan con la duda de si realmente contrajeron Covid-19.

La semana pasada, en una conferencia de prensa, José Manuel Olivares, médico internista y parlamentario de oposición, señaló que se pierde la oportunidad de rastrear y aislar a los pacientes cuando hay que esperar 14 días. Y agregó que al menos 72 personas que han muerto por coronavirus han sido excluidas de las estadísticas oficiales.

Diez días después que el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, diese marcha atrás a la suspensión de las visas a los estudiantes extranjeros matriculados en universidades que ofrezcan todos sus estudios en línea, la volvió a imponer este viernes para los alumnos nuevos.

ND

«Los estudiantes, no inmigrantes, cuya matriculación sea nueva o se haya iniciado después del 9 de marzo no podrán ingresar a Estados Unidos para inscribirse en una institución educativa para el período otoñal (hemisferio norte) en un curso completo de estudio que se dicte 100 % en línea», anunció el servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según la institución, las universidades y escuelas no podrán emitir certificados de elegibilidad para la condición de estudiante no inmigrante a los alumnos nuevos o en etapa inicial, que estén «fuera de Estados Unidos y planifiquen tomar clases totalmente en línea».

En la primera semana de julio, el Gobierno de Trump anunció que no otorgaría o prorrogaría las visas de los estudiantes extranjeros que se inscribieran para tomar todos los cursos en línea, una decisión que sublevó a las instituciones de educación superior en todo el país.

La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de inmediato iniciaron querellas legales contra la medida, y pronto se sumaron a las protestas y las amenazas de recursos legales el estado de Nueva York, la Universidad John Hopkins, de Maryland, y una coalición de estados encabezada por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.

Ante esta presión, el 14 de julio, el Gobierno aceptó rescindir la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros.

En una audiencia en Boston (Massachusetts), en la que se iba a discutir la demanda iniciada por la Universidad de Harvard y el MIT para revocar esta directiva, la jueza federal Allison Burroughs presentó la lectura de un acuerdo en este sentido al que llegaron el Gobierno federal y las instituciones académicas.

La audiencia se había programado con una duración de 90 minutos, ante la expectativa de una acalorada defensa de posiciones de ambas partes, pero en menos de dos minutos el Gobierno y las universidades se pusieron de acuerdo en la retirada de la norma.

La resolución de este caso significó que el ICE retornaría a sus directrices de marzo, que permiten que los estudiantes extranjeros permanezcan en EE.UU. aún si su universidad opta por dar la instrucción exclusivamente en línea durante la pandemia de Covid-19.

No solo las universidades y autoridades estatales se habían manifestado en contra, sino que también más de una decena de empresas del sector tecnológico, incluyendo Google, Facebook y Twitter, salieron en apoyo de la demanda contra el Gobierno de Trump.

Estas compañías explicaron que los estudiantes internacionales contribuyen «sustancialmente» a la economía de Estados Unidos, por lo que su partida hubiera amenazado la capacidad de las instituciones educativas para mantener sus «estándares de excelencia».

De acuerdo con sus cálculos, los alumnos internacionales aportaron durante el curso 2018-2019 un total de 41.000 millones a la economía de Estados Unidos, ocupando más de 450.000 empleos directos. EFE

Freddy Bernal, a quien el régimen de Nicolás Maduro impuso arbitrariamente como el “Protector del Táchira”, amenazó con cárcel este viernes 24 de julio a los venezolanos que pidan mejores condiciones en los “refugios” improvisados.

lapatilla.com

El funcionario chavista mencionó que “no permitirá” que se fomente el desorden en los Puntos de Asistencia Social Integral (Pasi) en el estado Táchira.

“Los que estén haciendo motines en los PASI le decimos, que pueden pasar de la cuarentena social a la cuarentena penal. No permitiremos que se fomente el desorden en ninguno de los PASI que tenemos en el estado. No son un hotel o un spa ni hay comida a la carta”, expresó.

Bernal indicó también que podría utilizar varios hoteles privados en San Cristóbal para atender a pacientes con coronavirus.

“No descarto la utilización de uno o varios hoteles privados en San Cristóbal como parte de nuevas medidas especiales para la prevención del #COVID19. Están apareciendo casos en Bolívar de personas que aparentemente no tienen contacto con contagiados”, agregó.

Freddy Bernal: «Una cosa es que hayan diferencias políticas o de religión pero no vamos a permitir que inoculen odio dentro de la población con destrucción del patrimonio del municipio Córdoba. No nos vamos a rendir ante el odio.»

— Diario La Nación (@lanacionweb) July 24, 2020

Hasta este domingo 26 de julio se mantendrán abiertos 551 puntos de inscripción o actualización de datos del Registro Electoral (RE).

por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez / Efecto Cocuyo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó estos puestos de atención en los 335 municipios de Venezuela.

Así lo estipula el cronograma de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre

Desde el 13 de julio comenzó la inscripción de nuevos votantes y las actualizaciones como huellas dactilares y cambios de residencia.

A pesar de que el país entró en la llamada fase exponencial de la pandemia del coronavirus y la cuarentena radical en estados como Miranda y el Distrito Capital, los puntos no han dejado de funcionar.

Participación alta en Petare y baja en San Bernardino
En el caso de la Gran Caracas, este jueves, 23 de julio, uno de los que más tenía participación de electores era el de Petare.

Ubicado justo en la redoma, en la plaza del Cristo, a quienes iban a inscribirse o cambiar datos, los mantenían en la escuela Jesús Arocha y después los trasladaban a las mesas donde estaban los operadores del CNE.

Aunque el municipio Sucre es uno de los que más casos de COVID-19 tiene en Miranda con 267 hasta el 23 de julio, esto no impidió que las personas participaran.

Una de las milicianas que controlaba el acceso a los electores dijo a Efecto Cocuyo que este jueves fue uno de los días con más afluencia de votantes. Tanto ella como otros miembros de la Milicia portaban sus tapabocas, guantes y protectores o caretas faciales.

No obstante, los operadores de las máquinas aunque tenían tapabocas, dejaban encima de las mesas sus caretas faciales.

Cambian punto a una semana del cierre
En la parroquia San Bernardino desde el pasado lunes 20 de julio el punto de inscripción fue cambiado del Simoncito Marturet en la entrada del barrio Los Erasos a la avenida Cecilio Acosta, al lado de la estación de servicio Anauco.

Una persona que necesitaba hacer la migración por haberse mudado al Distrito Capital, acudió al sitio fijado por el CNE y unas madres procesadoras le informaron sobre la mudanza del punto.

Sin embargo, en las afueras no había ningún letrero que informara sobre el cambio de lugar del punto del RE en esta parroquia caraqueña.

Este votante confirmó a Efecto Cocuyo que pudo hacer el traslado a un nuevo centro de votación. Además observó que los dos operadores de máquinas no portaban sus caretas faciales, y las tenían encima de unos escritorios.

Cuando hizo el cambio no le pidieron mostrar la cédula de identidad laminada, uno de los requisitos para actualizaciones o inscripción dentro del RE.

Al cerrar el proceso, en 48 horas, quienes hicieron movimientos deberán esperar hasta el próximo 8 de agosto, cuando el CNE publique el Registro Electoral preliminar, para que los electores puedan verificar en la web del Poder Electoral (www.cne.gob.ve) sus datos.

Smarmatic destacó que actualmente mantienen una querella judicial contra el régimen de Nicolás Maduro por las denuncias sobre los resultados de la ANC, al igual que por la expropiación ilegal de sus activos en 2017

TalCual

La empresa Smarmatic, encargada hasta 2017 de proveer tecnología al Consejo Nacional Electoral (CNE), resaltó que actualmente no posee tratos comerciales o de otro tipo con este organismo, la compañía ExClé o sus proveedores.

En un comunicado, difundido este 24 de julio, señalan que «el software de Smartmatic no puede ser utilizado por el CNE, por lo que el software a utilizar en la elección de 2020 con las nuevas máquinas compradas a otro proveedor no es el nuestro».

Además, tampoco han suministrado «máquinas de votación, ni licencias para el uso de su software, ni servicios electorales de ningún tipo al CNE, ni tampoco ha participado en ningún proceso de auditoría», desde que denunció que el CNE había publicado resultados diferentes a los procesados por la plataforma automatizada en las elecciones de la asamblea constituyente realizadas el 30 de julio de 2017.

La compañía destacó que actualmente mantienen una querella judicial contra el régimen de Nicolás Maduro por estos hechos, al igual que por la expropiación ilegal de sus activos en 2017.

Smarmatic recordó que ofrecieron su plataforma «auditable y segura de votación» a Venezuela desde 2004 hasta 2015. «Con esta misma plataforma, candidatos de todos los sectores políticos resultaron ganadores y perdedores, incluyendo las elecciones parlamentarias de 2015 cuando la oposición obtuvo la mayoría calificada».

La respuesta de la empresa se da debido a la opacidad en torno al sistema que utilizará el CNE para las elecciones parlamentarias, convocadas para el 6 de diciembre de este año. Hasta el año pasado, el organismo electoral utilizó los servicios de la compañía argentino-venezolana ExClé. En marzo de 2020, un incendio afectó los galpones del poder Electoral, consumiendo más de 45.000 máquinas de votación.

Incluso el vicepresidente del CNE, Rafael Simón Jiménez, o el rector suplente Juan Carlos Delpino, expresaron publicamente su desconocimiento sobre la tecnología que se dispondrá para este proceso electoral.

La periodista Ro Hernández publicó un video de los cubículos donde alojarán a contagiados de coronavirus en el Poliedro de Caracas.

Anaisa Rodríguez / ND

«Montaje de cubículos hospital centinela Poliedro de Caracas, 300 cubículos 2×3 Caracas-Venezuela», expresó un hombre en el video.

«La interrogante que nace es: ¿hay personal suficiente? ¿Respiradores? ¿Medicamentos?», cuestionó Hernández

Cuando el diputado Juan Guaidó anunció la entrega a todos los trabajadores de la salud de un aporte dolarizado por un lapso de tres meses, su gabinete no disponía aun de los fondos para hacer este pago

Orianny Granado / TalCual

Poco más de tres meses han pasado desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, prometió con gran algarabía un apoyo económico para los trabajadores del sector de salud público venezolano, en agradecimiento por estar haciendo frente a la pandemia desatada por el coronavirus.

Ese mismo día el líder del parlamento, que es reconocido por más de 50 países como mandatario encargado, dijo que esta ayuda tardaría en llegar a los trabajadores solo un par de semanas, pero no hizo mayores referencias.

Pero a los pocos días la primera sorpresa aturdió a varios trabajadores de la salud: aunque todos esperaban este dinero, incluso algunos ya habían recibido amenazas por parte de sus superiores ante la posibilidad de postularse para recibir este aporte, la novedad fue que no todo el personal que labora en el sector de salud público recibiría estos fondos.

Sí, y aunque no se aclaró desde el inicio, los $100 a entregarse por un período de tres meses estarían destinados únicamente para 45.000 trabajadores del sector salud. La prioridad para percibir este dinero serían aquellos que están en las áreas de emergencias de los hospitales tipo III, IV y algunos ambulatorios, los designados como centros centinelas para hacer frente a los casos de coronavirus.

En pocas palabras, solo aquel personal que esté expuesto directamente a pacientes con covid-19 será el que reciba este beneficio, según lo detalló en su momento la Comisión de Expertos de la Salud para Hacer Frente a la Pandemia, designada por la Asamblea Nacional y el gobierno interino.

Tres meses después ni un solo trabajador ha percibido este dinero que con tanto anhelo esperaban. Así lo detalla Daniel Hernández, dirigente sindical del Hospital Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en Los Magallanes de Catia.

Para él, el proceso del bono “Héroes de la Salud” ha estado turbio desde el principio. A su juicio, no existen trabajadores en el sistema sanitario que estén en primera o en segunda línea, “así como los médicos, las enfermeras, los ascensoristas, los camilleros, porteros, todos somos necesarios para prestar un servicio de salud óptimo”.

Explica que desde que fue anunciado este bono en abril, cada vez que sostiene un pequeño encuentro con los trabajadores para informales sobre cualquier novedad, lo primero que hace el personal es preguntarle por este dinero, si ciertamente será entregado y decirle cuánto lo necesitan para poder llevar alimentos a sus hogares.

Hernández dice que desde el sector salud están cansados de la falta de compromiso por parte de las autoridades gubernamentales, pero no esperaban que desde la Asamblea Nacional también se incumpliese con un anuncio tan importante y que por un momento causó tanta alegría entre el personal.

Por su parte, la enfermera Greicida Luna detalla que con el incumplido anuncio solo queda en evidencia como también desde la AN se “juega con los sentimientos de los venezolanos, con la necesidad de los trabajadores”. A su juicio, este dinero “ya era poco para todo lo que vivimos los venezolanos”, pero para ella era suficiente para mitigar un poco su situación.

Luna labora como enfermera en la sede del Instituto de Prevención y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), a donde llegan diariamente docenas de personas en búsqueda de ayuda hospitalaria. Considera que si a los trabajadores del sector salud se le pagara un sueldo digno y acorde al costo de la canasta básica familiar, “no tendría que venir nadie a ofrecernos dinero, y peor, nosotros no caeríamos en esperarlo”.

Para ella esta espera se ha vuelto una burla y más cuando a causa del coronavirus en el país han muerto más de 20 trabajadores de la salud, esto de acuerdo a los reportes de la ONG Médicos Unidos de Venezuela.

¿Qué ha pasado?
Lo cierto es que cuando el diputado Juan Guaidó anunció esta decisión, su gabinete no disponían aun de los fondos para hacer este pago.

Fue apenas el 25 de junio cuando el diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de las Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, anunció que finalmente la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela había autorizado el préstamo necesario (80 millones de dólares) “para dar arranque al Fondo de Liberación aprobado por la AN a inicios de año”.

Según el parlamentario, de ese monto perteneciente a los fondos de Venezuela que permanecen en Estados Unidos y por los que su uso debió ser autorizado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), saldrían los recursos para pagar el aporte de “Héroes por la Salud”.

“Con este préstamo de 80 millones de dólare, protegidos de la corrupción, el gobierno legítimo podrá contar con los recursos necesarios para ejecutar los programas del Fondo de Liberación, como Héroes de la Salud, donación a la OPS contra el covid-19 y apoyo a las instituciones legítimas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Desde entonces, Juan Guaidó ha dicho que falta poco para la entrega de estos recursos, incluso el 9 de julio declaró en una entrevista para el diario La Razón, que “tenemos el caso más reciente de los 80 millones de dólares aprobados por el Parlamento, que ha sido un proceso de casi cuatro meses para poder establecer los mecanismos, las licencias de la OFAC en EEUU, la infraestructura mínima de rendición de cuentas, para finalmente plantear las transferencias a la OPS, al programa Héroes por la Salud y al propio Parlamento”.

Mientras se da cumplimiento a todos los protocolos el personal sanitario sigue dando la cara, todos en primera línea para hacer frente a la pandemia, sin recursos, sin equipos de protección y con salarios que rondan apenas los cuatro dólares al mes.

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) del régimen, Tania D´Amelio reportó una alta participación en la jornada del Registro Electoral que inició el 13 de julio y culmina el próximo domingo 26.

Brian Vidal | IMP

“El Poder Electoral venezolano garantizará totalmente que estas elecciones parlamentarias sean transparentes y además participativas. Consideró y evalúo que hay una alta participación -en las jornadas del RE- e incluso de inscripción, de reubicaciones, modificaciones, así que creo que en estos momentos es importante resaltarlo”, dijo la rectora designada por Tribunal Supremo de Justicia durante una entrevista en VTV.

Recordó que el listado preliminar del RE será publicado el ocho de agosto por lo que invitó a visitar la página web www.cne.gob.ve para que los votantes puedan verificar sus datos.

Para la jornada del RE se activaron 551 puntos en todo el país. La funcionaria avaló la aplicación de todos los protocolos de bioseguridad contra el coronavirus como el tapabocas y el distanciamiento social.

El economista petrolero José Toro Hardy aseguró este viernes que si hay un cambio con empresas privadas en Pdvsa, puede haber un ‘alivio’ en el tema gasolina, al considerar que las refinerías no se arreglan con repuestos ‘tapa amarilla’.

Jesús Herrera./ ND

“Si aquí ocurre un cambio en 15 días, a través de empresas privadas, se podría tener un alivio sobre el tema de la gasolina, porque las refinerías del país no se arreglan con repuestos tapa amarrilla”, dijo Toro Hardy.

Indicó el exPdvsa que si bien por parte del gobierno quieren producir gasolina, no se puede porque los técnicos y expertos se fueron de la estatal petrolera. “De Pdvsa se han ido más de 20 mil personas”, argumentó, entrevistado en EVTV Miami.

De igual forma, habló del envío de gasolina desde Irán, al recordar que se enviaron otros tanqueros, “pero la carga fue interceptada e incautada por un tribunal de EEUU. Podría llegar gasolina de Europa”, apuntó.

Por tal razón, dijo: “Yo no recuerdo un aislamiento de esta naturaleza. Ni Cuba ha estado como lo está Venezuela. Esta situación es insostenible”.

Toro Hardy hizo referencia a Citgo, la filial de Pdvsa en EEUU. A su juicio, “no puede ser considerado un alter ego de la República”. Y, dice, “aunque estamos esperando la decisión del juez, confieso que hoy respiro más tranquilo. Pensé que podíamos perder a Citgo”.

El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo expresó que lo que piden al gobierno de Maduro es que los empleados regresen a las empresas respetando las medidas de prevención contra el coronavirus y precisó que julio ha sido desastroso para las empresas porque han producido pérdidas.

Anaisa Rodríguez / ND

“Antes del inicio de la pandemia, había un 30% de comercios amenazados por la crisis económica. No es posible hacerle frente a costos, gastos y la nómina a la vez en medio de esta situación. El mes de julio ha sido desastroso para las empresas, porque desde que comenzó solo les ha producido pérdida», dijo en entrevista este viernes.

«Ya en muchos países del mundo han vuelto al trabajo con el adecuado uso de mascarillas, y eso es lo que estamos pidiendo”, recalcó.

Destacó que la «mayor solidaridad que se ha dado en Venezuela a lo largo de estos meses ha sido por parte de las empresas” y que el gobierno ha cambiado de estrategia de forma inesperada: en semanas pasadas se había hablado de un 7×7, y al segundo día se volvió a declarar la cuarentena radical.

«El mes de abril y el de julio, fueron meses que empezaron sin remuneración alguna, y las empresas los empezaron con pérdidas. Desde que se volvió a decretar la cuarentena radical, no hemos podido tener una conversación fluida con ningún organismo”.

A la vez que lamentó que no hay manera de obtener los medios de vida para poder mantener a la familia. «Un venezolano tiene mayor o menor posibilidad de sobrevivir si está en el municipio correcto, si trabaja en una empresa de alimentos o si tiene un salvoconducto que le permita desplazarse”.