Presos políticos involucrados en la “Operación Constitución” reciben condena de más de 20 años

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La abogada y coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, Stefania Migliorini, anunció el miércoles 20 de septiembre la conclusión de un juicio injusto contra los presos políticos involucrados en la denominada «Operación Constitución».

Migliorini detalló que se desestimaron cerca de 10 funcionarios y se prescindió de los testimonios de 31 testigos. Además, se incorporaron más de 50 documentos como evidencia en el caso.

La abogada reveló las conclusiones y la decisión tomada respecto a los funcionarios involucrados. José Rommel Acevedo fue condenado a 30 años de prisión por traición a la patria, conspiración, terrorismo, posesión ilícita de arma de guerra y asociación para delinquir. Por otro lado, los ciudadanos Jonathan Rangel y Santiago Nelson recibieron una condena de 24 años y seis meses por conspiración, revelación de secretos de Estado y asociación para delinquir.

Migliorini agregó que ahora el siguiente paso será ejercer el recurso de apelación una vez la juez publique la sentencia.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay un total de 281 presos políticos, de los cuales 265 son hombres y 16 son mujeres. Además, 127 son civiles y 154 son militares. Según el último informe publicado el 12 de septiembre, 125 presos políticos han sido condenados y 156 están a la espera de la sentencia de un tribunal.

La «Operación Constitución» fue una de las estrategias aplicadas por la oposición para intentar sacar a Nicolás Maduro del poder. Este caso en particular habría suspendido las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, en las que resultó reelecto el presidente chavista.

Según una investigación publicada por Bloomberg, entre los involucrados se encontraban capitanes, coroneles y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El objetivo de la operación era asaltar el palacio presidencial, capturar a Maduro y enjuiciarlo.

La planificación de la «Operación Constitución» tuvo lugar principalmente en Colombia, donde funcionarios colombianos y estadounidenses trabajaban para apoyar la ejecución del plan. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el operativo, estos se negaron a participar.

El fracaso de esta estrategia se atribuye a un supuesto agente doble que filtró detalles de la operación al gobierno de Maduro.