Un grupo de excandidatos a las primarias opositoras en Venezuela, incluyendo a Delsa Solórzano, César Pérez Vivas, Andrés Velásquez, Freddy Superlano, Andrés Caleca y Tamara Adrián, han denunciado una nueva ola de persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Alegan que estas acciones están dirigidas a desarticular la candidatura presidencial de María Corina Machado.
En una rueda de prensa, Solórzano destacó que estas acciones del gobierno van en contra del acuerdo firmado entre la Delegación de Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Barbados. Según Solórzano, el delegado de la PUD, Lester Toledo, está negociando con Maduro, lo cual consideran un atentado contra el acuerdo. También mencionó que Roberto Abdul, miembro de la Comisión Nacional de Primaria, fue liberado junto con otros presos políticos, pero al mismo tiempo se emitieron más órdenes de captura, lo cual empeora la situación.
Uno de los puntos acordados en Barbados era la liberación de los más de 300 presos políticos que hay en el país, según datos de la ONG Foro Penal. Sin embargo, el gobierno ha intensificado la persecución contra los opositores, emitiendo 14 órdenes de aprehensión.
Solórzano afirmó que ya se ha denunciado esta situación ante organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos y políticos, como la Unión Interparlamentaria. También recalcó que María Corina Machado no está sola y cuenta con el apoyo de las organizaciones políticas y del país, y que no se desviarán de la ruta electoral.
En cuanto a la revisión de la inhabilitación política de Machado ante el Tribunal Supremo de Justicia, el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, expresó que ella tiene el derecho de tomar una decisión al respecto, y que eso depende exclusivamente de ella.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la solicitud de órdenes de detención contra tres dirigentes del equipo de Machado: Henry Alviarez, Pedro Urruchurtu y Claudia Mancero. También se solicitó orden de captura contra el presidente de Súmate, Roberto Abdul, quien ya estaba siendo investigado por su participación en la organización de las primarias. Además, se pidió órdenes de aprehensión contra un grupo de dirigentes opositores y chavistas disidentes que se encuentran en el exilio.
A todos ellos se les imputarán delitos como traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir, por su supuesta participación en una conspiración nacional e internacional destinada a boicotear el referendo consultivo por el Esequibo, que tuvo lugar el 3 de diciembre.
En resumen, los excandidatos denuncian la persecución política del gobierno de Maduro contra los opositores, con el objetivo de desarticular la candidatura de María Corina Machado. Además, han solicitado el apoyo de organismos internacionales para hacer frente a esta situación.