Jorge Elieser Márquez Monsalve, el recién designado ministro de Energía Eléctrica en sustitución de Néstor Reverol, ha desempeñado un papel clave dentro de la administración de Nicolás Maduro, lo que ha llevado a que la comunidad internacional emita sanciones en su contra en los últimos años.
Nacido el 20 de febrero de 1971, Márquez comenzó a trabajar durante el gobierno de Hugo Chávez como edecán de Nicolás Maduro, cuando este último era canciller. Después del ascenso de Maduro a la Presidencia, Márquez fue nombrado director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en agosto de 2017. Durante su gestión, se llevaron a cabo acciones represivas contra los medios de comunicación, incluyendo cierres, bloqueos de sitios web y la expulsión de canales internacionales de televisión como RCN y Caracol TV.
En noviembre de 2017, asumió el cargo de ministro del Despacho de la Presidencia y poco después fue nombrado director del Fondo Negro Primero, un sistema de inversión adscrito a su propio despacho. Además, ha ocupado otros cargos como presidente de la Fundación Radio Miraflores desde septiembre de 2018 y presidente de la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales desde junio de 2019.
En mayo de 2020, tras la salida de la empresa de televisión satelital DirecTV de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró a Márquez presidente de la junta ad hoc de la compañía. También se ha desempeñado como presidente de la Fundación Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar y su Consejo Directivo desde el 7 de julio de 2023.
Debido a las acciones que ha tomado en los diferentes cargos que ha ocupado, Márquez ha acumulado sanciones por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Panamá, Canadá, Suiza y la Unión Europea. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados en noviembre de 2017 por presuntas actividades relacionadas con fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción en programas de distribución de alimentos.
En marzo de 2018, el gobierno de Panamá lo sancionó por considerarlo de alto riesgo en términos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En abril de 2019, el gobierno de Canadá lo sancionó junto a otros 42 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por estar directamente involucrado en actividades que socavan las instituciones democráticas.
En junio de 2020, recibió sanciones por parte de la Unión Europea, que incluyen la prohibición de viajar a los países de la UE y la congelación de cuentas y bienes. Además, en julio de 2020, fue sancionado por el gobierno de Suiza por su presunta implicación en la violación de derechos humanos y los principios democráticos, lo que llevó a la prohibición de viajar a Suiza y a la congelación de activos en ese país.